La Justicia puso el foco en el estado de un penal psiquiátrico bonaerense

"Yo mismo, en la Unidad 34 de Romero, donde estamos alojados los internos con problemas de salud mental, atiendo a ancianos mayores de 70 años que tienen sarna. Los curo con una mezcla de agua, sal, y lavandina, porque en la Unidad no hay médicos ni medicamentos, y a los sarnosos, y también a los que no lo están, los dejan tirados, o nos castigan metiéndonos en celdas de castigo cuando nos quejamos, por ejemplo, porque no nos viene a ver ningún psiquiatra".

La escena relatada ante los camaristas de la Sala III del Tribunal de Casación Penal Bonaerense no forma parte de "El marginal", la exitosa ficción que recrea con dramatismo la vida carcelaria, sino que forma parte de la cruda realidad que viven los internos allí alojados.

La Unidad 34, ubicada en la localidad bonaerense de Melchor Romero, es un penal psiquiátrico dónde están encerrados más de 400 detenidos. La gran mayoría fueron declarados inimputables por la Justicia, y deberían ser liberados cuando cumplen su condena o cuando no sean un peligro ni para ellos ni para la sociedad. Pero esto no ocurre.

Una presentación judicial demostró que son sometidos a tratos degradantes e inhumanos, que no reciben los tratamientos ordenados por los jueces y facultativos, que no reciben medicación y que para contener sus "problemas de ansiedad" son sometidos a "chalecos químicos" y hasta fueron a declarar "dopados".

En el penal, como describió R.M. (su identidad se preserva en el expediente que dio origen un habeas corpus colectivo que terminó favoreciendo a los internos), también faltan colchones, agua caliente, frazadas, hay vidrios y ventanas rotas; y hasta cables pelados que han electrificado paredes. R.M, como otros internos que fueron ingresados a la Unidad 34 por tener, presuntamente problemas psiquiátricos, ya debería estar en libertad porque se cumplieron sus años de condena impuestos por la justicia, pero, como no tiene familia, continúa entre rejas.

"Hace 19 años que estoy encerrado. Hace poco murió mi padre. No me dejaron salir para su entierro. Estaba muy deprimido por la noticia. Pedí medicación. Pero no recibí ningún tipo de respuesta. Nadie me dio nada".
"Es un manicomio ilegal"

En la audiencia, donde sobraron relatos escalofriantes como los hasta aquí revelados, se llevó adelante por la presentación de un habeas corpus colectivo presentado por el titular de la Defensoría de Casación, Mario Coriolano.

La resolución, firmada por los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinsky, es de "suma importancia", según la definición que ante Infobae pronuncio Coriolano: "La sentencia ordena varias medidas que son cambios como, por ejemplo, al estar prohibido por la Ley de Salud Mental nacional que haya manicomios, y obliga a que en el año 2020 tienen que estar todos cerrados; esto que se llama cárcel psiquiátrica, y que en definitiva es peor que un manicomio porque ni siquiera hay personal especializado ordena. Los camaristas ordenan que se saque a los enfermos de ahí y se los aloje en lugares legales porque la Unidad 34 es claramente un manicomio ilegal".

-¿Y cómo se va a implementar la sentencia?

-Para eso se abre un proceso de revisión que los jueces a cuya disposición se encuentran tienen que decidir a donde los alojan, y en la transición, que no debe ser mayor a los 180 días, ordenan muchas medidas al ministerio de Salud y al ministerio de Justicia para que se cumplan los tratamientos sin interrupción, que se resuelva la falta de medicamentos, que se nombre a profesionales idóneos, porque no hay. Y remarca algo que es muy grave: se reconoce que el personal penitenciario hasta ahora a cargo de estas personas enfermas, no están capacitados para atenderlos, y no conocen las reglamentaciones vigentes, por eso se los manda a capacitar. Este es un cambio de paradigma que impacta en varios ministerios y en el Poder Judicial.

-¿Y qué sucederá con los internos que ya cumplieron con su condena?

-Eso es muy importante también. Los camaristas ordenaron que los jueces a cargo revean esta medida y que el Estado se haga cargo de las personas que no tienen familia dándole asistencia gratuita como corresponde, no dejándolos tirados en un manicomio ilegal.

"Me inyectaron y me tiraron a un buzón"

Los testimonios que la propia sentencia trascribe son desgarradores y describe la crueldad del régimen al que hasta ahora eran sometidos los enfermos mentales "depositados" en la Unidad 34.

J.F, por ejemplo, no solo confirmó las precisiones de R.M sobre la falta de medicamentos y profesionales capacitados y entrenados para atender a enfermos psiquiátricos o con problemas de adicciones. También describió que en la Unidad 34 "al que se queja lo encierran en una celda o en un buzón".

En la jerga carcelaria "buzón" se llama a un espacio cerrado muy pequeño, muchas veces sin luz, en el cual se encierra a un preso a modo de castigo. Una práctica aberrante -prohibida por ley- y condenada por los organismos internacionales de derechos humanos.

J.F. también acreditó que está preso hace 15 años y que ya cumplió su pena pero no lo liberan porque no tiene familia que se haga cargo de él.
Otro interno, G.F., relató que tenía un contagio de sarna y no recibió atención médica pese a su insistencia. Con lujo de detalles describió como, primero un compañero intentó curarlo con una mezcla casera de agua, sal y lavandina y que finalmente pudo curarse porque su familia le llevó medicación adecuada.

G.F. le aseguró a los jueces, "en los dos años que estoy encerrado en la Unidad 34 nunca recibí asistencia psiquiátrica". Para más datos precisó: "Una médica que me atendió me dijo que en mi ficha figura que fui atendido por un psiquiatra, pero que yo jamás vi".

Otro de los calvarios fue desgranado ante los magistrados por J.H., ciudadano peruano. "Llegué a la Unidad 34 de Romero desde la Unidad 40, y que ni bien me ingresaron me dieron una inyección y me tiraron a un buzón".

En la larga audiencia también se conoció que el interno C.H., cuando el 13 de noviembre pasado fue a declarar al juzgado que tiene a cargo su caso, lo hizo "completamente dopado con Haloperidol y Clonazepam", que lo tienen así "casi siempre" y que en ese estado "no puede hacer ni siquiera sus necesidades en el baño porque el cuerpo no me responde".

Los magistrados también pudieron corroborar que otro interno que ya lleva cumplidos trece años de encarcelamiento de los catorce a los que fue condenado,"se lo mantiene privado de su libertad pese a las dificultades motrices y del habla que padece como consecuencia de un accidente cerebro vascular que le afectó un 70% del cuerpo y que la Unidad Penitenciaria no recibe un adecuado tratamiento".

Al resolver a favor de los enfermos mentales alojados en la Unidad 34, que depende del Servicio Penitencia de la provincia de Buenos Aires, los camaristas escribieron en su sentencia: "Si el Estado no puede garantizar la salud de los internos, de nada sirven las políticas preventivas del delito ni menos aún las que persiguen la reinserción social de los detenidos. Es más, indican una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa"

En la audiencia, también se escuchó la palabra de Coriolano, quien argumentó que en la Unidad 34, que depende del SPB y este del ministerio de Justicia bonaerense, "se está violando la Ley de Salud Mental, que prohíbe expresamente la aplicación de medidas de aislamiento" y recordó que "al concurrir a la Unidad 34 se detectó el uso de celdas individuales, lugares que muchas veces funcionan como tratamiento o como castigo", y que esto "constituye un trato cruel, inhumano o degradante".

Por último, los jueces también aceptaron y le dieron la derecha al Defensor de Casación Penal cuando Coriolano expuso –tomando como base lo relatado por los internos- que "los médicos no son tales sino 'policías' con jerarquía de colegiados, que utilizan lo que se denominan 'chaleco químico' para controlar a los internos enfermos, con el consiguiente riesgo de provocarles un accidente cerebro vascular o un paro cardio-respiratorio".

Para finalizar, y en lo que debería tomarse como una grave situación a la que se ven sometidos los entre 400 y 500 internos de ese penal bonaerense, los magistrados confirmaron "las deficiencias" que denunciaron en la Unidad 34, "consistentes en falta de tratamiento adecuado y medicación de todo tipo, dificultades para acceder a la atención de un médico psiquiatra (en algún momento la Unidad no tuvo ninguno disponible), utilización de lo que llaman "chaleco químico" y el aislamiento para controlar crisis, falta de colchones y frazadas, así como de vidrios y agua caliente todo el tiempo".

Según los jueces, lo corroborado en la audiencia pública "constituyen claras transgresiones a las normas y suponen no sólo un agravamiento de las condiciones de detención de los internos denunciantes sino una situación institucional que puede comprometer la responsabilidad del Estado Argentino por incumplimiento de responsabilidades asumidas ante organismos internacionales".

Toda una definición y un claro mensaje a las autoridades provinciales sobre un tema del que poco y nada se habla.

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