Las mejoras en el Riachuelo podrán empezar a verse en 2025. Aunque con fechas disímiles, este es el año que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) puso como plazo máximo para las distintas acciones que debe llevar adelante para conseguir el saneamiento del río. Así lo asegura el organismo en la respuesta que le envió a la Corte la semana pasada y en la que la atención sanitaria es la que queda más relegada.
Las obras de infraestructura, que incluyen el emisario subfluvial que llevará las cloacas a aguas abiertas, estarán listas para 2023, según el cronograma oficial y, la planta de tratamiento de las curtiembres, en 2021. Los planes de gestión de residuos se trabajarán con los municipios y seguirá la limpieza de espejo, una de las pocas acciones que se han mantenido en el tiempo. La relocalización de vecinos también culminará en 2025.
"Los plazos de obra no significan que vaya a haber saneamiento. Simplemente son planificaciones que no sabemos si se concretarán. El plan sanitario siempre se deja para lo último y muestra bien cuál es la prioridad de la política de Estado. A 10 años de la sentencia de la Corte para sanear el Riachuelo es hora de sanear los organismos", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y miembro del Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento de la manda.
Es que a poco menos de un mes de cumplirse un nuevo aniversario del fallo ambiental más trascendente que tuvo la Argentina, la Acumar vuelve estar en jaque tras el allanamiento de sus oficinas por una denuncia de corrupción.
Fuentes cercanas al expediente que investiga el juez federal Sebastián Ramos indicaron que la causa se inició contra varios funcionarios: el director general ambiental de Acumar, Nicolás Bardella; la directora de Asuntos Jurídicos, Alejandra Ahmad; la coordinadora de Dictámenes y procedimientos sancionatorios, Catherine Astolfi y Susana Pagola, una asesora jurídica del organismo nombrada por la actual senadora nacional de Cambiemos Gladys González, que sigue cumpliendo funciones aunque sin cargo formal. Una de las sospechas es que Pagola, que es experta en derecho ambiental, haya beneficiado a clientes de su estudio privado, lo que significaría un conflicto de intereses.
La denuncia y el allanamiento aceleró la partida del director de Fiscalización del organismo, Hernán Asensio y, posiblemente el alejamiento de todas las personas que trabajan con él. En el organismo indicaron anoche mediante un comunicado que "se desplazó a Asencio después de observar una serie de irregularidades que vienen siendo investigadas desde principios de mayo por la Auditoría Interna el organismo"
Por ejemplo, detallaron en Acumar, "no declarar agente contaminante a establecimientos industriales que no respetaban las normas del organismo, la aprobación de planes de reconversión industrial sin verficiar debidamente el cumplimiento de requerimientos legales y recomendar levantamientos de clausuras preventivas a establecimientos que no cumplían con las condiciones exigidas".
Otras fuentes del organismo consultadas por Infobae lo señalan como el impulsor de la denuncia por conflicto de intereses. El sector que dirigía Asensio era el encargado de hacer los controles de los vertidos industriales al río, uno de los problemas más sensibles en cuanto a la contaminación ambiental.
La sucesión de peleas internas dentro de Acumar durante la gestión de Cambiemos continúa y lleva al triste record de haber tenido 12 presidentes en 12 años. En los comienzos de Acumar, 2007 y 2008 Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación era su presidenta, la sucedió Homero Bibiloni hasta 2011; luego fue el turno de Juan José Mussi, hasta 2013 y desde esa fecha hasta 2015, Jorge Calzoni. En 2015 hubo tres autoridades distintas y sucesivas: Marcelo Cufre, Ricardo Jeliek y Gerardo López Arrojo. Luego llegaron las autoridades de Cambiemos: Amílcar López, Julio Torti, Gabriela Seijo, Gladys González y la actual presidenta, Dorina Bonetti.
La situación actual muestra más de 15.000 familias que siguen esperando soluciones habitacionales, un camino de sirga que aún no fue liberado, unos pocos planes de reconversión industrial por parte de las empresas, la calidad del agua igual o peor que hace una década y los suelos del Polo Petroquímico de Dock Sud, contaminados.
Luis Duacastella, Defensor General Adjunto porteño, dijo a Infobae que "Acumar tiene una debilidad institucional que antes se vinculaba con las diferencias de políticas de los socios [la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación]. Esto (por la gestión de Cambiemos) que parecía que era una solución con jurisdicciones alineadas continuó porque nunca dura el titular del organismo y cada uno que llega se vuelve a empezar. Para darse una idea, el año pasado sólo se entregaron 104 viviendas de villa 26 y en 2015, ninguna. Esa velocidad de ejecución nos lleva a 2025 los plazos, sin contar con el crecimiento vegetativo durante estos años que transforma el avance en nulo".
Para el Defensor porteño, que acompaña los reclamos de los vecinos, la causa tiene tres ejes: "Uno de obra pública que es en el que hace más hincapié la Corte, con condicionamientos de presupuestos marcados por los vaivenes económicos. El Cuerpo Colegiado ponen más la lupa en la cuestión ambiental y de vertidos y nosotros, que acompañamos a los vecinos con los reclamos".
Según Duacastella, que los vecinos afectados estén fuera de la sala de audiencias de la Corte lo dice todo. "Es una causa que trabaja sólo con la parte condenada, ni los vecinos ni con los actores originales. Nadie los escucha ni atiende sus reclamos. El tema sanitario es más grave porque no hay un seguimiento. Los chicos menores de 5 años que registran hoy tienen 15 y siguen con plomo en sangre. Nadie hizo nunca un tratamiento". En la respuesta a la Corte, Acumar asegura que hay hoy unos 300 chicos menores de seis años a los que se les detectó plomo en sangre y están siendo atendidos. Y, según el informe oficial, las enfermedades más recurrentes son aquellas relacionadas con la contaminación del agua y el aire: bronquiolitis, diarreas y asma.
Para Nápoli el tema es el saneamiento: para que el curso de agua recupere índices compatibles con la vida, especialmente en la cuenca baja, primero hay que dejar de contaminar. "En el caso de que el plan de saneamiento avance con la legislación vigente no se va a avanzar porque no es acorde para este río. Esa normativa tiene que ser reformulada con otros parámetros, establecer la carga que soporta el curso de agua y con eso recién podría empezar a pensarse como que algo puede cambiar", indica el director de Farn.
El problema, para darse una idea, es que no se sabe, o si se sabe no se usa como parámetro, cuánta contaminación soporta el río. El Observatorio de Derechos Ambientales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó un informe comparativo del Riachuelo con el Támesis, de Londres.
"El Támesis tiene una longitud de 346 kilómetros y un desnivel total de 110 metros. Su caudal medio es de 65,8 metros cúbicos por segundo. Nuestros tributarios no superan los 4 milímetros por kilómetro. Dicho en otras palabras, si se desea tener en el Riachuelo la misma calidad de agua que en el Támesis, las normas sobre volcado de efluentes deberían ser por lo menos 10 veces más rigurosas que las normas inglesas", detalla Elio Brailovsky, economista, historiador y ecologista y titular del observatorio.
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