La trama oculta de la controversia por las escuchas del caso Maldonado

Las disputas judiciales en torno a las escuchas del caso Maldonado empantanan una cuestión sustantiva que la Justicia ahora se impuso desentrañar: cómo, quiénes y por qué urdieron el relato de la desaparición forzada de Santiago y le impidieron durante meses a su familia -y a la sociedad- conocer las verdaderas circunstancias de su muerte.

La orden del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, de destruir todas las escuchas, tras declararlas inconstitucionales por considerar que se vulneró el derecho a la intimidad de testigos y del hermano de la víctima, no está firme. La sentencia, en la que el magistrado se impuso de oficio, después de meses de evasivas e intimaciones para que entregara las grabaciones, fue recurrida en muy duros términos. Ahora la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia deberá resolver si ese material probatorio tiene un origen ilegal o puede usarse en otras tres causas que impulsan como querellantes el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería Nacional. El presidente Mauricio Macri es el primer interesado en llegar al fondo de la cuestión. Nadie en el Gobierno quiere que se reedite lo que en voz baja describen como un ardid de desestabilización preelectoral.

En el resultado de la apelación, planteada por la fiscal Silvina Ávila, quien solicitó las intervenciones avaladas por el juez Guido Otranto, se cifraría una posibilidad cierta para develar el entramado de falsos testimonios contra siete testigos mapuches acusados.

Las escuchas también podrían sumar un material probatorio clave, según especulan los investigadores, para dirimir las imputaciones por asociación ilícita, fraude procesal y falsa denuncia contra dos abogados que obtuvieron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apoyados en un testimonio probado como falaz: el del mapuche Lucas Pilquiman, más conocido como el testigo E, quien frente al magistrado Lleral fue taxativo. Afirmó que nunca vio a gendarmes capturando ni golpeando a Santiago dentro del Pu Lof de Cushamen.

No solo los resultados de la autopsia contradicen aquella primera versión. Tampoco obran indicios en la causa que incriminen a la fuerza en una supuesta detención ilegal del joven tatuador. De allí que a diez meses de iniciada la instrucción, que agotó innumerables pericias, entre ellas los cotejos de ADN en escuadrones y camionetas junto con el escrutinio de más de 40 celulares y computadoras de los efectivos, no haya indagados.

En la investigación penal, que ya suma 37 cuerpos y mantiene la carátula de desaparición forzada, se autorizó días atrás una última prueba. Que el experto del INTI Ricardo Giménez viaje a Esquel para extraer 60 litros del caudal del río Chubut y sumergir luego durante 78 días un DNI de prueba, confeccionado con láminas de PVC. Se trata de un material -dicen los especialistas- de alta resistencia a la degradación, similar al utilizado en las tarjetas de crédito.

Ni los letrados del CELS -ausentes en Esquel y en Rawson al conocerse las pericias forenses que revelaron la ausencia de lesiones y de signos de arrastre en el cuerpo y ropa de Santiago y que certificaron la causal de muerte como ahogamiento- mueven el expediente. El hábeas corpus, por su parte -hoy sin objeto procesal- también está paralizado a la espera de un dictamen final.

Al margen de la pericia sobre el DNI, resta ahora que Lleral y seguramente también la Cámara se expidan sobre la recusación a la fiscal Silvina Ávila, cuestionada por la familia a raíz de las intervenciones telefónicas al hermano de Santiago. La causa Maldonado pareciera no querer cerrarse jamás. "Si al menos hubiera una hipótesis verosímil sobre cómo fue plantado supuestamente el cuerpo en un territorio virulentamente custodiado a piedrazos, serviría de algo para rebatir. Pero acá solo se repite la frase de 'desaparición forzada seguida de muerte', pasando por alto los hechos", graficó una fuente con intervención en el expediente.

Así las cosas, el eje central de la controversia hoy son las escuchas y su enigmático contenido. Una de ellas, ya agregada a la causa que investiga a los letrados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro, abona las sospechas sobre una actuación irregular. En especial, pone bajo la lupa los dudosos métodos de obtención de aquel testimonio otrora clave -el del mapuche Pilquiman- que reforzó la hipótesis de la supuesta detención ilegal de Maldonado y la instaló en los tribunales internacionales.

En los hechos, las primeras pinchaduras, con escucha directa y elaboración de informes y transcripciones, se ordenaron el 5 de septiembre por un lapso de quince días sobre los teléfonos de Ariel Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Stocovaz. Según el registro de uno de los tres celulares de Santiago, Stocovaz fue la última persona con la que se comunicó el joven.

Al solicitar que la Cámara revoque el fallo de nulidad, la fiscal afirma que "hubo un evidente ocultamiento y entorpecimiento de la investigación", eje de un plan coordinado por los miembros de la comunidad hoy imputados. Sostiene que la misma noche en que desapareció Maldonado, Pilquiman fue a su casa en El Bolsón y retiró sus pertenencias, sin jamás advertirle de esa acción al tribunal, que todavía buscaba el domicilio de Santiago. Cuatro días después, durante el primero de los rastrillajes -según la apelación de la fiscalía-, Claudina plantó en el terreno una boina blanca para desviar la pesquisa y, en el siguiente, un collar a la vera del río. A Garzi lo acusa de haber entregado un cuello polar contaminado, inventar una comunicación inexistente al celular de Santiago y declarar que se comunicaba frecuentemente con él a ese número, cuando el registro de llamadas entrantes y salientes desmiente su versión.

Las "serias contradicciones entre los relatos aportados por Matías Santana y Claudina Pilquiman entre el movimiento de camiones dentro y fuera del predio ocupado por la comunidad" promovieron en esa instancia las primeras escuchas.

En su fundamento al ordenarlas, Otranto entendió que la urgencia por encontrar a Santiago, a más de un mes de su desaparición y sin hipótesis firmes sobre su paradero, justificaba la invasión de la privacidad.

En el descargo de Ávila, al que accedió Infobae, ella afirma que entonces no se imputó formalmente a los testigos sospechados de desviar la investigación, de mentir y de plantar pruebas falsas -condición procesal necesaria para intervenir comunicaciones, según sostiene Lleral- ya que la prioridad radicaba en hallar con vida al joven. Todos los celulares de los gendarmes, en tanto, ya habían sido secuestrados y su contenido estaba siendo pormenorizadamente analizado. No había más líneas para intervenir. A criterio de la representante del Ministerio Público -según su escrito- se cumplió con los requisitos legales de "razonabilidad, gravedad y urgencia" para solicitar esas medidas en el marco de la amplia discrecionalidad probatoria que por su naturaleza procesal permiten los hábeas corpus.

La intervención a la línea de Sergio Maldonado encierra otra cuestión. Aquella orden fue despachada horas antes de que Otranto fuera apartado de la causa y reemplazado por Lleral. Según se argumenta ante el tribunal superior, se pretendía primero dar con las identidades de los mapuches encapuchados, que habían estado con Santiago y presenciado supuestamente su captura. Ellos por entonces se negaban a declarar. El magistrado presumía que esos testigos clave se comunicarían con el hermano de la víctima. De allí la razón de la captación.

Al fundamentar el avance sobre las garantías constitucionales, Otranto esgrimió: "Se ha requerido a la vocera de la comunidad [Soraya Guitart] que informe sus nombres, ofreciéndole reserva de identidad para los testigos y las seguridades de que a raíz de lo que declaren bajo juramento no podrán quedar imputados por el corte de ruta. A más de un mes de iniciada la instrucción este juzgado continúa sin recibir respuesta. Más allá de que esa actitud configure la comisión del delito de falso testimonio, ya que el ocultamiento de esa información se produjo en el marco de la declaración testimonial que prestó la vocera, es indudable desde mi punto de vista la necesidad de recabar datos que permitan ubicar a esos testigos y/o esclarecer si Santiago Maldonado efectivamente ha sido detenido de manera ilegal el 1 de agosto".

Por su parte, en su apelación, Ávila le aporta a la Cámara un retaceo de información por parte del hermano de Santiago durante la investigación. "El 6 de agosto, Sergio Maldonado -afirma- recibió de manos de Claudina Pilquiman un celular de Santiago y la dirección donde él residía. Pero en lugar de aportarla al juzgado, fue al domicilio sin avisar a ninguna autoridad judicial que en ese momento buscaba ese dato y se llevó pertenencias de Santiago que ocultó a la investigación". Entonces, uno de los grandes enigmas era encontrar la máquina de tatuar del joven, elemento clave para formular o desechar hipótesis. La máquina, junto con su mochila grande, sin embargo, no aparecían por ningún lugar.

"El interés superior referido a la afectación del derecho a la vida e integridad física de Santiago Maldonado -argumenta la fiscal- se presenta en esos momentos como un bien jurídico que supera el umbral del derecho a la intimidad".

La representante del Ministerio Público Fiscal culmina su apelación cuestionando en durísimos términos la decisión de Lleral al ordenar la destrucción de las escuchas. También los registros originales almacenados en la Dirección de Captación de Comunicaciones, que depende de la Corte Suprema de Justicia. "¿Tiene un juez de primera instancia facultad para avanzar sobre un área que es potestad del máximo tribunal?", cuestiona la fiscalía. Y abre un interrogante que no cuenta con ningún precedente judicial.

"La destrucción del material probatorio resulta anticipada y temeraria", concluye Ávila. Implicaría la eliminación de prueba contundente legalmente obtenida y fundamentada, que obra además como prueba de cargo en instrucciones ajenas a la injerencia del magistrado, arremete. Borrar todo rastro sobre la falsedad de los dichos de testigos y su entorpecimiento de la investigación -agrega- supondría convalidar la comisión de delitos.

Por último, le advierte al tribunal de alzada que el juez Lleral reconoció por escrito haber entablado una estrecha relación con los miembros del Pu Lof de Leleque. Por esa razón -dice- solicitó su apartamiento de una investigación en la que está imputado Facundo Jones Huala: "He tomado contacto personal -escribió el magistrado en la resolución citada por la fiscal- con los integrantes del Pu Lof en Resistencia Cushamen y en consecuencia me he interiorizado sobre sus condiciones de vida y la problemática en torno a la recuperación de las tierras en las que actualmente se encuentran". Por motivos "de decoro y delicadeza", Lleral se eximió de intervenir en planteos judiciales que involucren a esa comunidad mapuche.

Además, en un apartado titulado "Consideraciones para el Superior evalúe la forma de actuar del magistrado interviniente", detalla:

-"El doctor Lleral restó credibilidad a los testimonios brindados por la Comunidad y continuó indagando en el lugar en donde en definitiva fue hallado el cuerpo sin vida de Santiago. El mismo lugar donde la Comunidad afirmaba que no estaba".

-"No deja de sorprender a esta parte que justo ahora que la Cámara de Apelaciones estaría a punto de pedir los discos compactos (con las escuchas) al doctor Lleral, éste decida destruirlos".

-"En el tribunal de Rawson no hay constancias de que el magistrado haya recibido los discos compactos con las intervenciones telefónicas… No se puede tener certeza si la reticencia del magistrado responde a que perdió los discos o a que no quiere que esta parte acceda a esa prueba".