Vuelco inesperado en el caso Kiki: la Justicia ordenó que vuelva con la familia que lo cuidaba

Kiki había llegado a la casa de Cristina Morla y Sergio Gigliotti en junio de 2016, cuando tenía un año y nueve meses. La Justicia había determinado que no podía seguir al cuidado de su madre biológica (una mujer con serios problemas psiquiátricos) y, hasta tanto se resolviera su situación definitiva, debía permanecer con una de las llamadas "familias solidarias". Es decir, familias que se ofrecen a cuidar a estos niños transitoriamente, a sabiendas de que no podrán adoptarlos.

Pero los tiempos se extendieron y el camino se empantanó: la familia terminó pidiendo la adopción de Kiki y la Justicia ordenando que "lo devolvieran". Kiki, entonces, fue a vivir a la casa de otra "familia solidaria", en San Carlos, Santa Fe, en la misma manzana en la que una tercera "familia solidaria" cuida de su hermano.

Luego de cuatro meses de idas y vueltas judiciales, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial decidió que el niño debe volver con la familia que lo cuidó durante un año y siete meses. "Nos restituyen a Kiki hasta tanto se resuelva su adopción", dijo Sergio Gigliotti, emocionado, a Infobae. "No sabemos mucho pero parece que será hoy mismo".

Un niño atrapado en un laberinto
Como las familias solidarias están pensadas para ofrecer alojamiento y cuidado provisorio, la ley dice que en 6 meses debe resolverse la situación del niño: si se lo restituye a su familia de origen o se lo declara en estado de adoptabilidad. En el caso de Kiki, sin embargo, el tiempo que pasó en la casa de Cristina y Sergio, en Santa Fe, fue el trilple: 18 meses y 26 días. 

Para la familia que lo estaba cuidando, la demora significó que "el Estado lo había olvidado" y, por lo tanto, pidieron adoptarlo y convertirse en sus padres legalmente. La Justicia consideró que el pedido era inviable porque sólo pueden adoptar legalmente quienes estén anotados en el RUAGA (Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos).

"Su situación debería haber estado resuelta en febrero de 2017 pero el tiempo siguió pasando. En todo ese tiempo Kiki fue al jardín maternal, al club, tenía sus juguetes, empezó a identificarnos como mamá y papá", sostiene Sergio Gigliotti. "Nosotros sabíamos que una familia solidaria no puede adoptar, pero ¿quién rompió el contrato primero? ¿Nosotros al pedir adoptarlo o el Estado, cuando se olvidó de él?".

Fuentes de la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe reconocen que hubo demoras, pero creen que el Estado no se olvidó de él. Dicen que 9 meses después de la llegada del nene a la casa de la familia pidieron al juzgado que resolviera definitivamente la situación para que alguna familia anotada pudiera adoptarlo. En octubre, cuando ya hacía un año y cuatro meses que el nene estaba con ellos, Morla y Gigliotti pidieron su guarda.

En el camino nació un hermano de Kiki, hijo de la misma madre biológica que seguía sin estar en condiciones de hacerse cargo de otro hijo. El bebé fue a la "familia solidaria" de San Carlos. Como el nuevo Código Civil pondera la importancia de "preservar los vínculos fraternos", comenzaron a vincularlos para que los chicos se conocieran. "A Kiki no lo habían mandado a vivir con su hermanito, lo habían mandando a vivir cerca pero con otra familia. ¿Qué diferencia había si se quedaba con nosotros?", dice Gigliotti.

Este año, cuando les exigieron que lo devolvieran, el defensor general presentó una medida cautelar para que el nene volviera a "su centro de vida", es decir, la casa de Gigliotti y Morla. La jueza les dijo que no.

Argumentó, entre otras cosas, que los cuidadores transitorios "deben explicar al niño progresivamente quiénes son ellos, qué lugar ocupan y prepararlo para lo que va a venir: el retorno a su familia de origen o la adopción". Y contrapuso: "Una realidad opuesta se construye si la familia (…) no acompaña en el proceso al niño y resiste su egreso". Determinó, además, que la familia solidaria estaba tomando una postura "violenta" contra el menor. El defensor apeló.

En marzo, la filial Santa Fe de la Sociedad Argentina de Pediatría había indicado que "los trances por los que debe pasar un niño en estas condiciones no siempre pueden ser superados con el paso tiempo". En abril se sumó un pedido del defensor del pueblo de la Nación que destacó, entre otras cosas, que Kiki tiene derecho a "un hogar estable y a un vínculo continuo".

La semana pasada, además, diputados nacionales y legisladores de Santa Fe presentaron una carta a a la Corte Suprema de Justicia de la provincia en donde piden una medida excepcional "y que se tengan en cuenta las dilaciones (…) que contribuyeron a un afianzamiento de las relaciones y vínculos similares a los parentales".

Hoy, en un vuelco inesperado en la causa, la Justicia decidió restituir el menor a la pareja. Se apoyaron en la importancia de dar prioridad al interés superior del niño, y sostuvieron que no había justificativo razonable para llevarlo a otra familia solidaria, "menos aun atendiendo a la severa y segura afectación que dicho cambio de familia" significaría para la vida del nene, que no corría riesgos en la familia de Gigliotti y Morla.

Dijeron, además, que si la intención era vincularlo con su hermano había "medios menos gravosos" que sacarlo de una familia de paso para llevarlo a una nueva familia de paso. Que en niños como él, que sufrieron abandono y esperan una familia definitiva, podría haberse evitado el sufrimiento, un nuevo duelo y un posible trauma.

En septiembre Kiki cumplirá 4 años. Ya vivió con su mamá biológica, en un hogar, con una familia solidaria, luego con otra y ahora volverá a la primera. En el camino, el defensor general recusó a la jueza, el Colegiado de Santa Fe rechazó el pedido y sigue pendiente el resultado de una nueva apelación.

Es la burocracia en su máxima expresión: mientras la Cámara no resuelva la recusación de la jueza, ella no puede decirle al RUAGA que el nene ya está listo para ser adoptado. Hace 10 días, la jueza determinó que el hermanito de Kiki ya está en estado de adoptabilidad y recomendó buscar una familia a la que pueda sumarse Kiki cuando la situación se resuelva. La situación definitiva aún está "en veremos": la batalla legal dejó al nene en un limbo.