Una amenaza de bomba que ingresó al 911 obligó evacuar a todo el personal que trabaja en la ex ESMA pasado el mediodía de hoy, y un escuadrón de la brigada antiexplosivos ya trabaja en el lugar.
Luego de la comunicación intimidatoria, las autoridades evacuaron aproximadamente a dos mil personas que trabajan en el predio de 17 hectáreas y 32 edificios, y la investigación quedó a cargo del juez Julián Ercolini.
Entre otros, en la ex ESMA tienen sus oficinas el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que al momento de la amenaza telefónica se encontraba en la provincia de Misiones para firmar con el gobernador Hugo Passalacqua el plan nacional de Derechos Humanos.
"Estamos preocupados. Fue una amenaza de bomba formulada al 911 y la Policía Federal dio lugar al protocolo. Ya están en el predio trabajando. Son tres ministerios los que estamos ahí, Cultura, Educación y Justicia, más los organismos de Derechos Humanos, el Archivo Nacional de la Memoria, y muchísimos alumnos y gente que acude a realizar visitas", explicó Avruj en declaraciones a TN.
Además, el funcionario nacional consideró que se trata de un lugar "que merece el cuidado como cualquier institución del país; estamos disgustados con esta situación, porque creíamos que era una etapa superada donde se imponía el miedo o el terror para obstaculizar el normal desenvolvimiento de las actividades de las instituciones del Estado y la seguridad de la gente".
"Esperemos que no se convierta en un hecho reiterativo como en el 2016, donde tuvimos 52 amenazas hasta que por fin se pudo detectar a los culpables", amplió.
A finales de 2016, el fiscal federal Franco Picardi pidió enviar a juicio oral a dos acusados por reiteradas llamadas con falsas amenazas de bomba al predio de la ex ESMA, lo que obligó a desplegar operativos de seguridad que costaron al Estado unos 3 millones de pesos, además de interrumpir las actividades del lugar y evacuar, cada vez, a unas 1.500 personas.
Uno de los acusados, Ricardo Rubén Sosa, un ex empleado del área de logística de la ex ESMA, realizó 16 llamados al conmutador del edificio de avenida del Libertador, en el barrio porteño de Núñez. El otro, Francisco Martuscelli, está procesado por un llamado al 911 con una falsa amenaza de bomba hecho desde un domicilio en el barrio porteño de Caballito, donde se lo apresó.
La causa es investigada por el juez federal Luis Rodríguez, quien excarceló a ambos tras tomarles declaración indagatoria. Los dos fueron procesados y, ahora, el fiscal pidió enviarlos a juicio y, al mismo tiempo, continuar con la investigación en busca de responsables de otras amenazas recibidas en el predio.
Según un informe de la Policía Federal entregado al juez, los operativos de seguridad hechos ante cada amenaza y la evacuación de unas 1.500 personas tuvieron un costo de unos 3 millones de pesos para el Estado, suma que se fijó como embargo a los acusados.
En la casa de Sosa, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, se secuestraron 22 teléfonos celulares, 13 tarjetas SIM y siete chips.
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