Separan a diez policías de la Bonaerense por corrupción

"Ahora no te puedo atender, estamos con varios allanamientos", responde Guillermo Berra, el auditor general de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Se lo escuchaba atareado. Ecos de voces ensuciaban la comunicación. Era la segunda vez en la semana que el funcionario se excusaba por un motivo similar. Horas después, y a través de fuentes judiciales, Infobae acreditó las razones por las cuales los encargados de combatir la corrupción policial corrían de un lugar a otro, no para detener la disparada del dólar, sino a diez integrantes de la mayor fuerza de seguridad del país.

Los delincuentes de uniforme operaban en la ciudad balnearia de Mar del Plata y en la turística localidad de Azul, ubicada en el centro geográfico de la provincia. La particularidad que une a los dos expedientes abiertos en la Justicia y en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) es que eran delitos motorizados.

Leyendo esos expedientes se comprende la razón por la cual, por ejemplo, los oficiales del Comando de Patrulla de la Ciudad Feliz sonreían cada vez que aumentaba el combustible. Allí también se describe que estos policías desarmaban patrulleros y motos a los que escondían en una casa particular, después de retirarles el odómetro para fraguarlos y aumentar la cantidad de kilómetros supuestamente recorridos. Es decir que no eran usados para brindar seguridad.

Los de Seguridad Vial de Azul, en cambio, se frotaban las manos y engordaban sus bolsillos cuando algún trasportista estaba "flojo de papeles" o no podía justificar el origen de la carga, y los extorsionaban para que pagaran coimas.

Los nuevos números de la corrupción

"A los corruptos los vamos a sacar", prometió la gobernadora María Eugenia Vidal el 20 de abril del año pasado, hablando de los hombres con chapa y pistola reglamentaria. Es evidente que la tarea es ardua y mucha. La razón: los nichos de recaudación ilegal, la complicidad con el delito y otras barbaries ancladas en la fuerza desde hace décadas.

Controlar la corrupción policial no es fácil. Enfrentan actividades mafiosas muy lucrativas que elevan el riesgo de corrupción. A esto se suma una tradición institucional muy poco afecta a los sistemas de control, la transparencia exigida por el poder político, el escrutinio público, y un espíritu de cuerpo que invita y muchas veces obliga a callar la denuncia de los actos corruptos observados por pares honestos.

Los últimos diez "hombres azul" que fueron esposados y separados de la Bonaerense son una pequeña muestra de los malos ejemplos de un número mucho más abultado y que lleva a reflexionar sobre las razones por las cuales estas prácticas siguen —y parece que seguirán— ocurriendo.

Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad bonaerense, en diálogo con Infobae, expuso de manera descarnada las nuevas cifras de la corruptela policial. Entre el 10 de diciembre de 2015 y el 15 de marzo de 2018 fueron apartados de la fuerza 9236 uniformados. De esa cantidad, 1717 están suspendidos y 625 policías fueron detenidos y encarcelados. En total se iniciaron 20.813 sumarios. De allí se desprende que, por ejemplo, 740 sumarios indagan sobre el presunto enriquecimiento de profesionales que deberían brindar seguridad a los ciudadanos. Si se suma a estos 740 policías sospechados por incrementar su patrimonio de manera ilegal, más sus entornos y posibles testaferros, esos sumarios investigan a más de dos mil personas.

En total, cien oficiales y suboficiales de la Bonaerense ya fueron denunciados ante la Justicia por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito ante la UFI 9 de La Plata.

Ante esta situación, qué se puede sumar para evitar que el número de policías corruptos siga aumentando. ¿Las autoridades deberán ser más exigentes al seleccionar a los nuevos policías que ingresan a la fuerza? ¿Habrá que seguir fortaleciendo los órganos de control interno? ¿Debería existir un mayor control político y social, que incluya, por ejemplo, comisiones parlamentarias? Son solo preguntas que las autoridades podrían evaluar, si no lo hicieron aún.

Delito sobre ruedas 

El ingenio utilizado por los policías del Comando de Patrulla Sur de Mar del Plata para enriquecerse y defraudaban al Estado robando combustible fue novedoso. Utilizaban una aparato eléctrico descubierto dentro del baúl de un auto para sumar kilómetros a los odómetros de los vehículos, ya sean patrulleros, camionetas o motos.

Con la complicidad de los responsables de una estación de servicio Shell, se fraguaban facturas por la supuesta compra de combustible que correspondía a los supuestos kilómetros recorridos por las calles y los barrios marplatenses, para completar de esta manera los requisitos administrativos para que la repartición presentara la rendición ante sus superiores.

El dinero entregado desde la institución para abonar el gasto de combustible era repartido entre los estacioneros y los policías involucrados, el comisario Flavio Casas, que era el jefe del Comando de Patrulla de Mar del Plata. El subcomisario Alejandro Bravo, el entonces jefe del Comando de Patrulla Zona Sur del mismo lugar, el capitán Cristian González, el oficial subinspector David Domínguez, el teniente Gustavo Fugas y la oficial subayudante Victoria Campana.

Lo que en principio fue una auditoría preventiva en el Comando de Patrulla terminó con arrestos y allanamientos. Fue posible por una denuncia anónima realizada a la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) que alertaba sobre la maniobra. La voz al teléfono advirtió sobre los lugares donde estaba el artefacto para aumentar el kilometraje, y dos motos y un patrullero, a los que les faltaban los odómetros.

Los vehículos estaban escondidos en el domicilio la oficial Campana. Además de la estafa, lo escandaloso es que esas motos y esos patrulleros no recorrían las calles ni era utilizados para perseguir delincuentes, sino para recaudar. Los odómetros retirados eran llevados al Comando para ser fraguados, ya que allí se encontraba la máquina con el cable para adulterar los cuentakilómetros.

La AGAI también investiga si el negocio llegaba hasta la Departamental de Mar del Plata.

Los otros cinco policías detenidos pertenecen al área Seguridad Vial de los distritos de Azul, Las Flores, Tandil y San Miguel del Monte. En este caso, los uniformados organizaban operativos de controles en rutas nacionales y provinciales para, presuntamente, controlar a los camiones de carga.

Todo era una pantalla, cuando detectaban algún tipo de irregularidad en los papeles del conductor o del vehículo, los policías les pedían una coima en el mismo lugar. En cambio, si los uniformados descubrían que la carga podría ser producto de la piratería del asfalto, era llevados hasta los destacamentos y allí se negociaba el monto del "retorno", según la ganancia que los delincuentes obtendrían por la venta de los cargamentos robados. Una verdadera pyme del delito que funcionaba, hasta la intervención de Asuntos Internos, dentro de la propia institución policial.

Marcelo Sobrino, el fiscal general del Departamento Judicial Azul, aseguró: "Los delitos que se les imputan a los policías son muy graves y están vinculados a hechos de corrupción institucional como extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Esta vez, la fiscalía dispuso que los allanamientos sean realizados por efectivos de la Policía Federal, ya que los corrompidos eran de La Bonaerense.

Apenas fueron esposados, el ministro Ritondo los separó de la fuerza a través de una resolución que involucra al capitán José Luis Arrubia, que pertenecía al Comando Vial de Azul; al capitán Javier Enrique Murray, del Comando Vial de Las Flores; al subcomisario Mario José Sparaino, del Comando Vial de Tandil y al oficial Raúl Ezequiel Ferreyra, del Comando Vial de Monte. Durante el operativo, uno de los policías extorsionadores fue sorprendido mientras le pedía una coima a un camionero.

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