Exclusivo: la Armada Argentina realizó inteligencia ilegal sobre el sistema de defensa británico en Malvinas

La Armada Argentina (ARA) realizó inteligencia sobre potencias extranjeras, en este caso el Reino Unido. El dato surge de la documentación que ya fue aportada a la causa que instruye la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y que tiene por objetivo conocer las razones y a los responsables de la desaparición del ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017.

La información está contenida en los Mensaje Navales (MN) que el Comando de Fuerza de Submarinos (COFS), a cargo del entonces capitán de navío Claudio Villamide, un oficial de inteligencia, le enviaba al submarino durante la navegación de la que nunca regresó.

La Marina, por sí sola, no podría realizar este tipo de operaciones ya que lo tiene prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, ya que la Armada no pertenece al Sistema de Inteligencia Nacional. Solo lo podría realizar si la orden habría sido dada por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), que depende del Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad. Un hecho que resultaría controvertido y que podría tener ribetes de escándalo diplomático, porque la Argentina estaría incumpliendo tratados internacionales firmados por nuestro país después de la Guerra del Atlántico Sur.

Los mensajes navales de Inteligencia

En esos documentos, hasta ahora desconocidos, el Comando de la Fuerza de Submarinos, a través de mensajes catalogados con el sello de "SECRETO", le trasmitió al buque de guerra las latitudes y longitudes en las cuales estaban posicionados los buques que consideraba de interés, como por ejemplo, los de la marina inglesa que patrullaban la "Zona Malvinas".
Así surge, por ejemplo, del mensaje naval "I 621" fechado el 12 de noviembre de 2017, a las 16:07, es decir tres días antes de desaparecer.
La "I" es la letra con la cual la Marina identifica un mensaje cuyo contenido pertenece el área de "INTELIGENCIA" naval.

Ese día, además de brindarle la posición de los buques pesqueros "de interés" aunque estén fuera de la zona económica exclusiva de nuestro país, se le informó al comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández que el buque británico HMS Clyde estaba "EN PUERTO ARGENTINO"; y que el HMS Protector, se encontraba, o uno presupone que estaba cuando fue producida la operación de inteligencia, en la posición "57 17S 037 40W".

Esto es a 280 km al sur de las Islas Georgias, en una posición que está en la ruta entre las bases británicas de la Antártida y el archipiélago de las Malvinas. Es decir, en una posición por demás alejada de la zona de navegación o de "patrulla" signada al ARA San Juan a través de su orden de operación, como Puerto Argentino.

Ahora que la tragedia que sufrió el submarino argentino sacó a la luz las tareas de la Armada sobre este buque y otros buques ingleses, obliga a recordar una historia reciente, ya acaso olvidada, y en parte, nunca contada.

El HMS Protector es un buque polar destinado todos los años al reabastecimiento de las bases antárticas británicas. Cuando se perdió contacto con el ARA San Juan, fue el primer buque extranjero que llegó a la zona y lideró la búsqueda los primeros días. Estuvo más de un mes afectado a la infructuosa tarea de rescate y búsqueda. A principios de diciembre volvió a Malvinas para reaprovisionarse y cambió de urgencia la tripulación, la cual fue transportada desde la base aérea militar Mount Pleasant de Malvinas a Ezeiza en un avión de transporte A-330 de la Real Fuerza Aérea.

Fue el primer vuelo directo de Malvinas a Ezeiza de un avión militar inglés desde 1982. El motivo de ese vuelo fue embarcar a esa tripulación del Protector en el vuelo diario regular de British Airways a Londres.

El canciller Jorge Faurie otorgó todos los permisos de manera inmediata.
Las otras embarcaciones inglesas –que forman parte del sistema de defensa británico– mencionadas en los cinco documentos secretos a los que accedió Infobae y en la orden de operaciones donde figuran los objetivos en los que debía centrarse el agente de inteligencia Castillo, son el buque patrullero HMS Clyde, que cuenta con capacidad de llevar a bordo un helicóptero y dos lanchas rápidas; el FPV Protegat cuya misión es patrullar, monitorear e inspeccionar la flota pesquera y sus capturas dentro del área de interés de Reino Unido alrededor de las islas Malvinas; el HMS Forth, especialmente construido para combatir la piratería, contrabando, realizar actividades de protección pesquera, patrullaje de fronteras y lucha antiterrorismo, y el ya mencionado buque polar Protector.

La razón por la cual el Comando de la Fuerza de Submarinos le pasaba esas posiciones al ARA San Juan, cuando este era el que debía fotografiar o filmar a la flota inglesa, por ahora no tiene respuesta.

Los documentos a los que accedió Infobae de manera exclusiva confirman que desde la zarpada del ARA San Juan del Puerto de Ushuaia, el 8 de noviembre, hasta el día de su desaparición, el Comando de la Fuerza de Submarinos le transmitió cinco mensajes de "inteligencia" con la posición de los buques logísticos y militares de "interés" que llevan los números I601, I610, I616, I621 e I624.

El último de ellos fue enviado dos días antes de la última comunicación mantenida con el submarino, el 13 de noviembre a las 10:35 de la mañana.
Teniendo en cuenta que el ARA San Juan tenía que comunicarse al menos cada 48 horas, se desprende que existía un gran interés por mantener constantemente alimentado al buque de guerra con información de inteligencia sobre las unidades del sistema de defensa británico.
Aquí nuevamente surge la pregunta: ¿por qué razón?

Quizás para que el agente de inteligencia Enrique Damián Castillo, que era uno de los tripulantes, estuviera atento para corroborar si los buques ingleses seguían en operaciones en esas zonas y "filmarlo/fotografiarlo" según la orden de operaciones.

Lo concreto es que la Armada Argentina, a través de distintas operaciones, intentaba mantener actualizadas las posiciones del sistema defensivo de Reino Unido en un territorio por el cual la Argentina sigue reclamando la soberanía ante los organismos internacionales y la vía diplomática. Como ya publicó Infobae, el suboficial Castillo pertenecía al Centro de Integración de Inteligencia Táctica Atlántico (CIAT). Él era la única persona a bordo del submarino capacitada para identificar a los pesqueros extranjeros, y buques y aviones ingleses que operan en la zona Malvinas.
Castillo fue autorizado a subir al ARA San Juan sin haber recibido las capacitaciones mínimas de seguridad para saber cómo enfrentar una situación de crisis dentro de un submarino.

Esta situación ya fue denunciada ante la jueza Yáñez por la abogada Valeria Carreras, quien representa en la causa a la viuda de Castillo, entre otras mujeres de tripulantes.

Se violó la Ley de Inteligencia

Hasta ahora Infobae había revelado que el comandante del submarino, capitán de fragata Fernández, había recibido antes de zarpar de la Base Naval de Mar del Plata, el 30 de octubre, una "Orden de Operaciones" para "obtener reconocimiento preciso" y "localización, identificación, registro fotográfico/fílmico" sobre "AERONAVES RAF 130 Y AERONAVES DE GOBERNACIÓN MALVINAS" (estas son aeronaves de guerra y de logística de la Real Fuerza Aérea), y los buques ingleses ya mencionados. Que como surgen de los mismos partes de la "inteligencia operacional" que realizó la marina argentina, los buques británicos estaban siempre muy lejos fuera de la jurisdicción nacional; sin embargo la orden de operaciones era registrarlos y cursar la información de sus posiciones.

Durante esta tarea, y según el Informe de Operaciones realizado por el comandante Fernández en la anterior navegación, fue cuando el ARA San Juan detectó el "rumor sonar" compatible con un submarino nuclear.
El ministro Aguad sostiene que esto no es así, aunque el comandante Fernández lo dejó por escrito y firmado el 14 de agosto de 2017. Esto es 91 días antes de perderse junto a su tripulación y su buque.

Internacionalmente, las tareas encomendadas al submarino, un buque de guerra, sobre los objetivos ingleses, son consideradas de "inteligencia". Lo mismo ocurre con la información que recopiló la Armada y que envió al ARA San Juan y que por tratados internacionales firmados por nuestro país después de la guerra del Atlántico Sur tiene prohibido realizar. Si el agente de inteligencia de la marina, Enrique Damián Castillo, que en número de orden era el tripulante 44, llegó a realizar o no esas tareas, hasta ahora se desconoce.

Para el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en cambio, la tarea de filmar a la flota del Reino Unido en Malvinas, o patrullando las aguas que Argentina reclama como propias, pero que a través del Tratado de Madrid firmado entre nuestro país y Reino Unido en 1990, nuestro país reconoce que están bajo control de Reino Unido, es algo rutinario. Lo dijo así: "No había ninguna orden de espiar a nadie. La orden de operación era de rastrillaje, observación y avistaje de la zona. La categoría es la de observación".

Sin embargo, estas tareas le están prohibidas a la Armada Argentina -como también al Ejército y a la Fuerza Aérea- por el artículo 11 de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, ya que la Marina no es uno de los tres organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional, según lo dispuesto en el artículo 6 de la mencionada ley que establece que solo lo son la Secretaría de Inteligencia (actual AFI); que depende directamente del Poder Ejecutivo de la Nación; la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal; que reporta al Ministerio de Seguridad; y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) –que depende del ministerio de Defensa– y que está a cargo de la abogada cordobesa María Noel Costa.

Por consiguiente, la orden para realizar una misión de inteligencia operacional como la que realizaba el submarino desaparecido, o la propia Armada a través de otros recursos de inteligencia, debería haber estado autorizada por el poder político, en este caso, por la titular de la DNIEM, que le responde de manera directa al ministro Oscar Aguad.
Como se verá, inclusive de haberse hecho así, la Argentina, no puede hacerlo, como el Reino Unido tampoco debería hacerlo por el tratado firmado por ambos países.

Violación del Tratado de Madrid

Las tareas de inteligencia de la Armada –autorizadas o no por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar– fueron realizadas en abierta violación al Tratado de Madrid que en 1990 firmaron en esa ciudad europea las cancillerías de Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, para poner fin a la guerra iniciada en 1982 por el gobierno de facto del general genocida Leopoldo Fortunato Galtieri.

En el Anexo I, dedicado al Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas, se fija, entre otros conceptos, que "se establecerá un sistema de comunicación directa entre las respectivas autoridades militares –bajo la supervisión de ambas Cancillerías- con el objetivo de aumentar el conocimiento recíproco de las actividades militares en el Atlántico Sur y reducir la posibilidad de incidentes y limitar sus consecuencias si ocurrieran".

En el Anexo II, referido a las medidas de seguridad para Unidades Navales y aéreas que operen en proximidad, se estableció que: "Las unidades navales y aéreas evitarán cualquier movimiento o acción que pudiera ser interpretado como un acto hostil o como un acto realizado con intención hostil" y que "las unidades navales de las Partes maniobrarán en forma tal que demuestre claramente sus intenciones".

Y quizás más importante aún, el tratado internacional, por el cual la Argentina reconoció el control británico en el área Malvinas, destaca que, "las unidades navales y aéreas de las Partes que operen en proximidad evitarán la ocultación de luces (…)", y "no se interferirán o perturbarán en modo alguno los sistemas de comunicación y de detección de la otra parte".

Como ya mostró Infobae a través de diversos mapas, el "Área Juliana" que debía "patrullar" el submarino abarcaba una porción que se encuentra dentro de la zona de conservación pesquera bajo control inglés. Y, por si quedan dudas, el "artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aprobada por Decreto/Ley N° 19.865, establece que 'una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado'".

Hasta ahora, Reino Unido no realizó ningún comentario al respecto a través de su cancillería. No obstante, y para conocer la posición de este país, la senadora por Río Negro Magdalena Odarda convocó para que se presente a declarar ante la Comisión Bicameral que investiga la desaparición del submarino, al embajador británico en la Argentina, Mark Kent.

La fecha para la exposición del ministro Aguad ante la misma comisión parlamentaria, y a quien se le preguntará sobre las revelaciones de Infobae y la inteligencia que realiza la marina, ya tiene fecha y hora. Será el próximo 16 de abril a las 16. Ese día se habrán cumplido cinco meses y veinticuatro horas de la tragedia más importante sufrida por la Armada Argentina en tiempos de paz.

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