A pocos meses de que se cumplan 10 años de la sentencia que ordena a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear el Riachuelo las autoridades debieron responder hoy ante los jueces de la Corte sobre los escasos avances del plan de limpieza.
Con un grupo de vecinos que viven a orillas del río que estaba fuera de la sala de audiencias que reclamaban ser escuchados, durante tres horas los funcionarios debieron responder incisivas preguntas del tribunal que apuntaban a ponerle plazos al plan y recordar que se trata de una sentencia que debe ser cumplida gobierne quien gobierne.
"Sabemos que hay una deuda histórica sobre la Causa Mendoza y que la situación general de la cuenca sigue siendo grave en términos sociales y ambientales, pero estamos seguro de que estamos sentando las bases de un proceso que nos permitirá acelerar las respuestas y las soluciones que la sociedad reclama", expresó la titular de Acumar, Dorina Bonetti.
Los intentos por obtener un plazo temporal por parte de los magistrados fueron vanos. A su turno y mientras le preguntaban por distintos aspectos del plan de saneamiento el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti insistieron en que se estableciera una fecha. La funcionaria, que se ajustó a lo acordado puertas adentro del ente tripartito, subrayó que no hay estimado un tiempo global, sino que se irán cumpliendo las mandas judiciales. "No puedo darle una fecha, el plan es integral", dijo.
La sentencia que se dictó en julio de 2008 ordena entre otras cosas la relocalización y determinación de enfermedades de los habitantes de la cuenca, el saneamiento de basurales, el control industrial, la limpieza de márgenes y el acceso a la información pública.
Las autoridades informaron que el mayor avance está en el camino de sirga: solo resta liberar el 10% en la Ciudad y el 13% en la provincia de Buenos Aires. La Corte celebró la presentación del nuevo portal de información de Acumar y el sistema de indicadores, sin embargo Rosatti pidió que en 30 o 45 días se presente un sistema que pueda hacer una evaluación global del cumplimiento.
Otro de los avances presentados por la gestión son las obras del sistema Riachuelo: el colector que recogerá las cloacas sobre el margen de la Ciudad que hoy se tiran directamente al río, la planta de pretratamiento de cloacas de Dock Sud y el emisario subfluvial de 12,5 km. Todo ese sistema, según indicaron las autoridades de Agua y Saneamiento (AySA) estarán listas entre 2021 y 2023.
Una de las grandes deudas del plan del saneamiento son las relocalizaciones y soluciones habitacionales. Este era el principal reclamo de un grupo de vecinos de la villa 21-24 de Barracas que estaban fuera del recinto pero que, representados por el Ministerio Público de la Defensa, quisieron participar de la audiencia y no les fue permitido.
"Los afectados no son el mero objeto de decisiones judiciales. Deben ser oídos y tomar parte adecuadamente de las decisiones que los involucren", señaló el Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella. Y agregó: "Los vecinos organizados tienen derecho a efectuar consultas y reclamos que permitan la construcción de diálogos en la planificación y ejecución de políticas públicas. Ellos, desde siempre, fueron parte de la solución y no del problema".
Según el trabajo de la Defensa, 1265 familias de las casi 2084 faltan ser relocalizadas en la Ciudad, lo que implica más del 65 % de incumplimiento. La villa 21-24, por ejemplo, lleva más de 2 años sin relocalizaciones. "Solo se han reparado (y mal) ocho viviendas de las cientos que se necesitan de manera urgente. Asimismo, las urbanizaciones del Pueblito y Magaldi se encuentran detenidas desde el año 2011. En tanto, las soluciones para el barrio Lamadrid recién se encuentran en instancia de diseño", detalla un informe del organismo público.
Para Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) que forma parte del Cuerpo Colegiado que debe controlar el cumplimiento del fallo, la Corte planteó varias cuestiones: "la marcha lenta de la gestión, fundamentalmente en el avance de las soluciones habitacionales que apenas alcanza el 22% y que todo queda muy desfasado a 10 años". Nápoli se refiere a una observación que hizo Rosatti sobre el crecimiento poblacional en ese lapso que se suma a la demora ya existente.
"En lo que hace a las industrias hay diferencias en las cifras y lo que no hay son instrumentos de control y seguimos dando vuelta con los mismos de siempre. Eso expresa una decisión de no controlar", agregó Nápoli. Bonetti indicó que aumentaron las inspecciones y que, incluso, se amplió el rango horario. Y que, en un plazo de dos años habrá un parque industrial curtidor en Lanús (ex Acuba) en donde se tratarán los efluentes de esas industrias señaladas como las más contaminantes. Sin embargo, por el momento de las 64, solo 20 aceptaron mudarse a ese espacio.
Para el Cuerpo Colegiado, además, el problema industrial radica en la norma. "Cada vez estamos en peor situación porque la ley que debía enmendarse es la que se sigue utilizando", indicó Raúl Estrada Oyuela de la Asociación Vecinos de la Boca que habló en representación del Cuerpo Colegiado.
Para Nápoli, un elemento interesante que planteó Lorenzetti es la falta de vocación política para llevar adelante el organismo: "A 10 años del fallo esto no se ha transformado en una política pública, simplemente avanza porque la justicia y la sociedad civil presionan y ha llegado el momento de las sanciones que plantea el propio fallo".
El presidente del máximo tribunal sostuvo que pareciera que Acumar siempre está "recalculando". Los jueces también escucharon la presentación de las jurisdicciones y de la Auditoría General de la Nación.
En la sala de audiencias estaba Beatriz Mendoza, la vecina que presentó la demanda original que luego llegó a la Corte. Sus abogados volvieron a reclamar a la Corte que las industrias paguen por el plan de saneamiento por considerarlas responsables de la contaminación del río. "Ningún avance ha mostrado hasta la fecha en lo atinente a la dilucidación de la responsabilidad patrimonial de estas con relación al daño ambiental y daño moral ambiental por su conducta y accionar contaminante en el pasado", sostuvo Daniel Sallaberry, patrocinante de Mendoza.
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