En una acordada, los ministros de la Corte Suprema de Justicia resolvieron que las entidades con fines de interés público podrán disponer de los bienes incautados en el marco de investigaciones por corrupción, narcotráfico y otro tipo de delitos.
En un comunicado, el máximo tribunal consideró que "resulta imprescindible instrumentar políticas de Estado consistentes, coordinadas, efectivas y permanentes en el tiempo" para luchar contra delitos como "la corrupción, el narcotráfico, lavado de activos, entre otros".
"La recuperación de activos que se obtienen de actividades de carácter delictivo debe beneficiar directamente a toda la sociedad. De ahí, la trascendencia que el ordenamiento jurídico le da al fin social de los bienes que han sido utilizados para cometer el hecho o el producto de ellos", destacó el comunicado.
En la misiva publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), además se sostiene que "en las causas penales es frecuente que se disponga con relación a bienes de cualquier naturaleza que, por distintos motivos, no pueden ser entregados a sus dueños y respecto de los cuales la Corte considera imperioso asegurar su conservación y preservar su valor económico durante el proceso".
En ese sentido, para la Corte "la custodia y mantenimiento de esos bienes requieren la adopción de medidas que implican, en definitiva, erogaciones públicas", y con el objetivo de disminuir ese gasto, "resulta de toda justicia asignarle a estos bienes 'una finalidad de utilidad pública' de modo tal que, a la par de asegurarse su conservación, toda la sociedad se beneficie de ellos a través de la entrega de los mismos a entidades con fines de interés público, para el cumplimiento de sus objetivos específicos".
El comunicado además informa que "resulta fundamental garantizar la publicidad de todos los actos del Poder Judicial, entre los que están incluidas las medidas que se adopten con relación a estos bienes en el marco de esta acordada", y que "con esta reglamentación, se publicarán los datos de los bienes que se encuentren a disposición de la Corte para proceder a su asignación".
La acordada
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