El proyecto del nuevo Código Penal aumenta las penas para casos de grooming y pornografía infantil

Lo resolvió en la última reunión del año la comisión que viene trabajando en la reforma

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En el último encuentro del año, la comisión reformadora del Código Penal decidió aumentar las penas de los delitos por medios informáticos como el grooming y la pornografía infantil, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales y de obligaciones asumidas por el Estado Argentino en convenciones internacionales.

Después de casi cincuenta reuniones plenarias, Mariano Borinsky, camarista de la Casación Penal y presidente de la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal, dio por finalizada la actividad del 2017, al decir, "han pasado 18 Comisiones, estamos trabajando en un intento de unificar 100 años de reformas y de creación de leyes especiales en un único digesto, posible, lógico, moderno, acordado y con penas de cumplimiento efectivo. El poder punitivo del Estado quedará expuesto aquí de una manera moderna; este Código será un nuevo contrato social y reflejará los intereses fundamentales de la sociedad argentina".

El camarista destacó que "el Ministerio de Justicia abrió un canal de diálogo con la sociedad a través de la plataforma www.justicia2020.gob.ar donde "la comunidad realizó importantes aportes, que han sido considerados en cada encuentro por la Comisión".

El nuevo Código incluirá, entre otras novedades: todos los delitos contra la Humanidad, la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, el decomiso que procederá para todos los casos de delitos dolosos o imprudentes y se aplicará también a los órganos de una persona jurídica. También se estudia la posibilidad de incorporar al nuevo texto Penas de Ejecución Comunitarias (PEC) a las condenas que no excedan los tres años. Se prevé que las penas de multa serán reemplazadas por penas de días multa, que aseguran que no se pierda la efectividad en el tiempo, un día multa corresponderá al 10 por ciento del monto de la queja judicial.

El pleno de la Comisión está integrado por Borinsky el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista, Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba y la jueza Patricia Susana Ziffer. También participa los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.

Durante el año, la Comisión Reformadora se reunió con expertos y representantes de todos los estamentos de la sociedad. Entre otras personalidades, recibió a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich; a los senadores Rodolfo Urtubey, Pedro Guastavino, Federico Pinedo, Miguel Ángel Pichetto y Ernesto Martínez; a representantes del Ministerio Publico Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y a jueces civiles.

También recibió a Santiago Otamendi, secretario de Justicia y presidente del GAFI (Grupo de Acción Financiera); a Eugenio Curia, presidente del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica); a Nicolás Negri, a cargo de la Coordinación del Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; y a expertos en lavado de activos como Francisco D'albora y en seguridad y narcotráfico como Diego Gorgal.

La Comisión retornará a su actividad el 7 de febrero de 2018 y la ronda de presentaciones en las provincias comenzará dos días después en Mendoza. Ya se han realizado presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, Salta y Tierra del Fuego, entre otras provincias.

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