El 14 de noviembre de 2009 fue el último día que se supo algo de la familia Pomar. A las 20:07 cruzaron por el peaje de Villa Espil, sobre la Ruta 7, pocos kilómetros después de Luján. Su destino era Pergamino, pero nunca llegaron. Durante 24 días, Fernando Pomar (40), Gabriela Viagrán (37) y las niñas Candelaria (6) y Pilar (3) estuvieron desaparecidos y su búsqueda mantuvo en vilo a todo el país.
Cientos de teorías se tejieron en torno al misterio, decenas de efectivos se dedicaron día y noche para dar con ellos y las máximas autoridades de la Provincia se hicieron cargo de los operativos. Sin embargo, el resultado era siempre el mismo: la familia estaba perdida. Finalmente, el 8 de diciembre la Policía halló los restos de los integrantes de los Pomar. Estaban alrededor de su auto Fiat Weekend rojo a cincuenta metros de la Ruta 31, cerca de la ciudad de Salto, entre pastizales y árboles. La explicación era más sencilla de lo que muchos creían: fallecieron tras un accidente de tránsito.
Ahora, cuando están por cumplirse ocho años de aquel bochornoso episodio en la historia de la policía bonaerense, avanza el juicio contra tres efectivos de la fuerza. Se trata de Daniel Fabián Arruvito, Luis Ángel Quiroga –de la patrulla Rural de Salto– y Benito Faustino Barcos, del puesto de vigilancia de Gahan. Están acusados de falsedad ideológica. Los uniformados habían labrado actas en las que constaba que ya se había rastrillado la zona donde finalmente fue encontrada la familia muerta.
Los debates comenzaron esta semana con la declaración de nueve testigos en el Juzgado Correccional 2 a cargo del juez Carlos Picco, con la producción de la pruebas en el juicio. Hoy serán los alegatos y se espera que el próximo miércoles se conozca la resolución definitiva sobre los tres imputados, aunque trascendió que el magistrado aún no definió la fecha exacta para la lectura del fallo.
Entre los relatos se destacan las palabras de Ernesto Fabián Lazzatti, bombero y delegado de Gahan en aquel momento. Los otras ocho personas son vecinos y trabajadores del lugar donde aparecieron los cuerpos junto al Fiat. Los acusados pueden ser condenados a una pena de entre uno y seis años.