Hace 17 años dieron en adopción a su hija sin su consentimiento; hoy todavía lucha por la tenencia

Leonardo Fornerón denunció que en junio de 2000, la madre de su hija Milagros entregó a la niña a un matrimonio de Buenos Aires un día después del parto y sin que él la pudiera conocer. Después de una batalla judicial "eterna", se logró que un fiscal cite a declaración indagatoria a diez personas, supuestamente responsables de un proceso de adopción ilegal

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Leonardo Fornerón mantiene una lucha
Leonardo Fornerón mantiene una lucha incansable por la tenencia de su hija

Una historia de lucha, perseverancia y un amor que el tiempo nunca quebró. Leonardo Fornerón es un padre que reclama desde hace 17 años la tenencia de su hija milagros. El hombre, de Entre Ríos, protagoniza así desde hace tiempo una cruzada judicial, en la que denuncia que su hija fue entregada por la madre biológica a un matrimonio de Buenos Aires sin su autorización y mediante un proceso de adopción ilegal.

La pelea de Fornerón data desde el mismísimo año 2000. Tuvo innumerables rechazos por parte de la Justicia argentina y el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2012 le dio la razón al padre. La entidad internacional advirtió que la Argentina había violado los derechos esenciales de vivir en familia para el padre y la hija y hasta negar el derecho de identidad. También se instó a la Justicia a restituir la tenencia y a pagarle una indemnización a Fornerón de 150.000 dólares.

El 16 de junio de 2000, Fornerón fue padre de Milagros junto a su entonces pareja Diana Enríquez. Sin embargo, un día después del parto, el bebé fue entregado a un matrimonio de Buenos Aires y recibió el aval judicial por un proceso de adopción, aún cuando el padre nunca autorizó ese procedimiento ni siquiera pudo conocer a la niña.

Tuvieron que pasar cinco años para que el hombre pudiera conocer a su hija. Fue en 2005, cuando ambos tuvieron que acudir a un centro médico para realizarse la extracción de sangre, con fin de determinar el análisis de ADN. Él fue presentado como "un amigo" y el encuentro estuvo supervisado por una psicóloga social.

En el inicio del reclamo, Fornerón se topó con innumerables trabas para poder recuperar a su hija. El juez entrerriano Raúl Del Valle rechazó el pedido del padre en 2001 al argumentar que no tenía ningún tipo de relación con la madre biológica, que ambos no disponían de un pasar económico suficiente como para mantener a la niña.

Mientras continuaba la puja judicial, después del fallo de la CIDH en 2012 se estableció un régimen de visitas entre Fornerón y Milagros. Se dispuso que hayan dos encuentros anuales. Sin embargo, esa medida todavía no empezó a llevarse a cabo.

Las esperanzas de Fornerón parecieron desvanecerse en su momento. La causa llegó a ser archivada por la Cámara de Casación y se precisó que la Corte Suprema interviniera para revertir ese fallo. Se consideró que esa determinación violaba "la garantía del debido proceso legal y el derecho a la jurisdicción que imponen a los tribunales que los casos deben ser tratados adecuadamente, en forma seria, razonada y cabalmente motivada y, en tales condiciones y sin que ello implique abrir juicio sobre la resolución que en definitiva deba adoptarse sobre el fondo del asunto, ha de acogerse favorablemente el recurso".

Así, la Justicia terminó por darle un espaldarazo a Fornerón 17 años después del suceso. El fiscal criminal y correccional porteño, Ignacio Mahiques pidió que sean citadas diez personas para prestar declaración indagatoria. Se las acusa del delito de sustracción y posterior retención de un menor de diez años.

Entre los investigados está la madre de la niña, el matrimonio de Buenos Aires que la recibió, el juez Raúl Del Valle, los funcionarios judiciales Julio Guaita y Marcelo Balbim, que en 2000 eran defensores de pobres y menores, la perito psicóloga Daniela Kairuz y el abogado de la pareja de Buenos Aires, Salvador Espona.

"Es fundamental que quienes tenemos la responsabilidad de brindar un servicio de justicia en el ámbito penal seamos conscientes de la importancia que representa la debida sanción en un plazo razonable de los responsables de este plan criminal", advirtió Mahiques en su dictamen.

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