Saneamiento del Riachuelo: la Acumar presenta nuevas patrullas ambientales

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) relanza su alicaída gestión con la mira puesta en el control industrial. El organismo tripartito, conformado por los estados nacional, bonaerense y porteño encargado de sanear el río más contaminado de la Argentina, aggiornó los móviles para detectar vuelcos ilegales de las industrias, especialmente las de la cuenca alta, conformada por los partidos bonaerenses de Marcos Paz, Cañuelas, General Las Heras, San Vicente, Ezeiza y La Matanza.

El nuevo esquema de control consiste en repartir los 40 inspectores del organismo en diferentes horarios, incluidas algunas noches y fines de semana, al tiempo que suma agentes de otras jurisdicciones como el Organismo para el Desarrollo Sustentable (Opds), la Autoridad del Agua bonaerense y la Agencia de Protección Ambiental porteña (Apra).

"Se trata de una refuncionalización de lo que había. El horario de inspección era de 8 a 13 de lunes a viernes; hemos diseñado un esquema de inspecciones de 8 a 20 y estamos programando poder hacerlas los fines de semana y por las noches", explicó Federico Gatti Lavisse, director general ambiental de Acumar que debe controlar unas 16.000 empresas radicadas en la cuenca.

El saneamiento del Riachuelo fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia en 2008 y casi una década después los avances son escasos. Precisamente uno de los puntos flacos es la contaminación industrial de las aguas que no se detiene. "La volatilidad institucional de Acumar no ayuda. Ya vamos siete presidentes en siete años. Si cada uno que viene encamina el plan hacia otro lado, no colabora con el plan que tiene muchas falencias", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), una de las ONG que conforma el Cuerpo Colegiado que debe controlar la ejecución del fallo judicial que siguen los juzgados federales a cargo de Sergio Torres y de Jorge Rodríguez.

La presentación de los vehículos, que lucen nuevo plotteado, y del cuerpo de inspectores estuvo a cargo de Dorina Bonetti, la politóloga que asumió como presidenta del organismo luego de la renuncia de Gladys González, que competirá por un lugar en el Senado, representando a Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires. La funcionaria es una estrecha colaboradora de González, que sigue de cerca la gestión del organismo, y es una persona de confianza de Carlos Grosso, consultor del presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Muchos arriesgan que si el partido oficialista no consigue el triunfo electoral el mes próximo, la ex interventora del SOMU podría regresar al Riachuelo.

La polémica por los controles a las industrias no son solo por la corrupción y la posible caja que representan para los inspectores. Hay cuestiones técnicas y legales que ponen en duda que los límites impuestos por las leyes sean eficaces.

"El Riachuelo es un río de llanura y las empresas no pueden tirar la cantidad de líquido contaminante que quieran, aunque cumplan con la norma. Primero debe determinarse la carga que el río soporta (se denomina carga másica), una deuda de este plan de saneamiento", agregó Nápoli.

Gatti Lavisse explicó que se está trabajando por subcuenca y que existe una nueva normativa que entrará en vigor cuando ese estudio esté completo: "Creemos que para mediados del año próximo tendremos la información total de la cuenca".

La nueva norma a la que se refiere el funcionario es la 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.

Según interpreta el Cuerpo Colegiado esa disposición no solo no mejora la proyección de la contaminación, sino que la empeora. "Es una norma que no cambia en nada la que está vigente. Si se sigue inspeccionando con las resoluciones vigentes las empresas que opten por un plan de reconversión industrial van a tener que cambiarlo cuando esté el estudio completo del río. No tiene sentido. Es claro que no hay una voluntad de avanzar contra la contaminación industrial, más allá de los discursos", dijo Nápoli.

El Cuerpo Colegiado emitió hace dos meses un duro informe respecto del cumplimiento del plan de saneamiento. Por caso mencionó que la concreción de las 17.771 soluciones habitacionales "ha sido muy bajo", y que de los hogares en sectores vulnerables de la cuenca solo fueron realojados una parte. Aunque la Corte lo ordenó expresamente, las ONG señalaron que la Acumar no logró "identificar de manera específica la población en riesgo", y tampoco "se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental, ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación".

El organismo tripartito estuvo bajo la dirección de González desde diciembre de 2016 cuando reemplazó a Julio Torti, quien llegó en lugar de Amílcar López. En un año y ocho meses Cambiemos puso al frente del organismo a cuatro funcionarios. Uno de los argumentos del fracaso de la gestión eran las internas que se generaban con el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, hoy corrido de la escena que tiene al frente al vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana.

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