Las ironías pueden ser brutales. El fiscal general Julio César Castro, acusador ante un tribunal porteño, fue el jefe de la UFISEX, el ala de la Procuración dedicada a combatir delitos sexuales contra menores. Luego fue parte del equipo de funcionarios de juicio que llevaron a la cárcel de por vida al portero Jorge Mangeri, el asesino de Ángeles Rawson. Se convirtió en un experto en abuso sexual infantil, dando charlas y conferencias en simposios y congresos. Su opinión era valorada.
Castro intentó ser juez federal en diciembre pasado, recomendado por el ministro de Justicia, Germán Garavano: no pudo. La Comisión de Acuerdos, el cuerpo del Senado que debía aprobar su pliego, lo rechazó de cara a dos fuertes acusaciones. La primera, una denuncia por acoso laboral y sexual hecha por una empleada de su fiscalía que disparó una investigación interna en la Procuración. La segunda, una serie de mensajes por Twitter a una menor chaqueña hechos en 2014, claros intentos de seducción. La joven tenía apenas 16 años. Castro, más de 50.
Hubo, meses después, una tercera imputación, la más grave de todas. Su ex pareja, una abogada de 30 años de edad, 24 más joven que él, lo había denunciado el 14 de marzo pasado ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. El cargo: dos violaciones por vía anal presuntamente ocurridas en octubre de 2016 y enero de este año, con agresiones y lesiones, en una relación marcada por los celos y el control enfermizo. La ex pareja de Castro decidió impulsar una causa en su contra. El expediente recayó en el Juzgado N° 6 a cargo del doctor Hernán López.
Hoy al mediodía, según confirmaron fuentes de la investigación a Infobae, López decidió procesar a Castro en una resolución de 71 carillas como "autor penalmente responsable, del delito de amenazas simples, lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una mujer y en un contexto de violencia de género reiterado" y por dos hechos de "abuso sexual con acceso carnal reiterado".
También le impuso al hasta hoy fiscal un embargo de 800 mil pesos y notificó del procesamiento a la jefa de Castro, la procuradora Alejandra Gils Carbó. López, por otra parte, no consideró necesario enviarlo a la cárcel bajo prisión preventiva, ya que razonó que no hay riesgo de fuga.
Fue una instrucción por lo menos agresiva. La ex pareja se sometió a pericias psicológicas a cargo de un analista de parte designado por Castro. "Podría acusar a un tercero de lo que tiene en su mente. Se relacionaría con aspectos posiblemente persecutorios, propios de fijaciones orales. Estos estarían centrados en la posible ausencia de resolución de la etapa del espejo o salida del narcisismo", evaluó el perito de parte.
En su indagatoria, el fiscal cargó contra su ex: la caracterizó como una stalker, una celosa patológica que lo sometía a un control constante. Una perito del Cuerpo Médico Forense habló de "sintomatología concomitante a un vínculo amoroso de características patológicas, con irrupciones de situaciones dilemáticas (potencialmente violentas) y escasos recursos de autopreservación".
Más allá de la mente humana, el cuerpo de la víctima fue otro objeto de disputa. El orificio anal de la ex pareja de Castro no presentó lesiones: varios autores especializados citados en la causa apuntan que la falta de heridas no implica falta de abuso.
López tomó por cierta la versión de la ex pareja del fiscal general y aseguró en su resolución: "Encuentro acreditado que el imputado, a través de su comportamiento, atacó la integridad sexual de su pareja, bien jurídico protegido por la figura genérica del abuso, que remite al reconocimiento de un ámbito de reserva e intimidad sexual que exige la abstención de involucrar en prácticas sexuales a ciertas personas". El juez ponderó la consistencia en las versiones de la ex pareja cuando amplió su denuncia, a la que calificó de "incólume" en sus dichos. López valoró también los contenidos de diversos chats y de testigos que declararon en favor de la ex de Castro.
Queda, por otra parte, la investigación interna que Gils Carbó decretó contra Castro, con una comisión especial encabezada por la fiscal marplatense Laura Mazzaferri. Lo que falle esta comisión puede, eventualmente, llevar a un jury de enjuiciamiento: lo que decida ese jury, más allá de cualquier pena impuesta por la Justicia penal, puede costarle el cargo al fiscal, con más de 25 años de carrera.
La presunta violación por la cual Castro fue procesado no es parte de este expediente: se reduce a las acusaciones de acoso sexual y laboral. La empleada que habló en su contra y que complicó sus chances para ser juez en el Senado no fue la única. Fuentes judiciales apuntan que Mazzaferri entrevistó a 45 testigos, varios en cámara Gesell. Al menos otras siete mujeres aseguraron haber sido acosadas por el fiscal. El primer informe firmado por la comisión sería recibido por Gils Carbó a mediados de la semana que viene.