Los números de las torturas en cárceles y comisarías bonaerenses

Fabián Perroni, jefe de la Policía Bonaerense, aseguró día atrás mientras almorzaba en la mesa de Mirtha Legrand que "no existen las torturas" en las 300 comisarías de la fuerza que conduce. La Defensoría de Casación provincial dice lo contrario. El organismo, que está bajo la órbita del Ministerio Público en La Plata y es dirigido por el doctor Mario Coriolano, compila desde marzo del año 2000 las denuncias de abusos y maltratos a detenidos y presos remitidas por defensores oficiales para elaborar un informe periódico.

No solo se trata de abusos cometidos por la Policía: la tarea de la Defensoría también incluye al Servicio Penitenciario provincial. Los números son elocuentes: 11.754 casos de tormentos y maltratos fueron reportados en toda la provincia a abogados públicos desde la creación del primer informe. La semana pasada, la Defensoría presentó sus estadísticas para todo 2016. Infobae accedió al documento y sus anexos suplementarios: 673 denuncias correspondieron a hechos de torturas y tratos degradantes.

327 casos señalaron a la Policía Bonaerense bajo el Ministerio de Seguridad de Cristian Ritondo y el ex jefe Pablo Bressi; otros 331 fueron atribuidos al Servicio Penitenciario del Ministerio de Justicia bajo Gustavo Ferrari.

El miedo parece ser una clave, una tendencia histórica en los informes de la Defensoría: en 333 casos de denuncias de torturas, casi la mitad, los detenidos y presos que denunciaron le pidieron a sus defensores que mantengan la reserva, que su denuncia no sea elevada a un juez.Con respecto a la Policía de la provincia, la diferencia es tajante: el 70 por ciento de los detenidos que denunciaron torturas pidieron a sus abogados públicos que no se inste una acción penal.

307 de los 333 casos atribuidos a la Bonaerense incluyeron golpes de puño o patadas; la agresión física parece ser la norma. La lista también incluye casos con quemaduras, asfixia, 28 expedientes por golpes con objetos y aislamientos. Morón se lleva el récord como jurisdicción más violenta para la Bonaerense: 62 casos fueron reportados efectivamente a jueces.

Hay también un desglose alarmante detrás de la Policía provincial y de cara a los pedidos de baja de imputabilidad originados desde el Gobierno: 126 de los 333 casos reportados corresponden a menores de acuerdo a fuentes en la Defensoría, casi el 40% del total. La no-denuncia se repite: apenas nueve jóvenes pidieron que sus causas avancen en los tribunales.

54 casos de menores del año pasado correspondieron a la jurisdicción de La Matanza, la dueña del récord histórico en violencia institucional contra chicos de la provincia, con 314 casos reportados desde mediados de 2008 y solo 25 de ellos elevados a jueces. La sigue San Martín: 243 expedientes de menores en el mismo período.

Hay varios ejemplos. Tres jóvenes denunciaron a la Defensoría, luego de una persecución en que su auto fue baleado: "Al descender del mismo, todos con las manos en alto, fueron arrojados sobre el asfalto por el personal policial, y luego de esposarlos, les aplicaron numerosos golpes de puño, patadas y golpes con los bastones y armas de fuego. Se observan a simple vista, numerosas lesiones cortantes sangrantes, hematomas y manchas de sangre". "Golpes sistemáticos en todo el cuerpo. Lo obligaron a beber su propia orina. Le sustrajeron $ 100. Ante la presencia de efectivos se le permitió a la víctima del presente robo participar de la golpiza", aseguró otro.

La "zona roja" frecuentada por travestis en La Plata es un foco histórico para la problemática, con detenciones en su alta mayoría por tenencia de cocaína para comercialización. El informe de la Defensoría reveló varios casos sobre mujeres trans con prácticas que la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata calificó en septiembre del año pasado como "vejatorias en grado sumo": "desnudos forzados e inspecciones anales en el espacio público a cargo de personal masculino", completa el informe.

Las mujeres cis también reciben: hubo 15 denuncias contra la Policía Bonaerense. "Alojada en celda con una mayor de edad, personal policial femenino la golpeó con patadas y manotazos en sus piernas y brazos, colocándole las esposas bien ajustadas con fines de producirle dolor", asegura un extracto de una denuncia de una menor de edad alojada en una comisaría y mezclada con la población común, algo prohibido por la Corte provincial en 1997 y apoyado por dos dictámenes del Ministerio de Seguridad.

Tumba adentro

Con respecto al Servicio Penitenciario, hoy con un récord histórico de 38 mil presos, las golpizas son otra vez la norma tal como con la Bonaerense; se registraron 226 expedientes por puñetazos y patadas de penitenciarios en 2016, con otros 27 por golpes con objetos, seis por quemaduras, y cuatro hechos de abuso sexual. La jurisdicción de Morón lidera el ranking: 147 casos, seguida por 57 expedientes en Bahía Blanca. El informe hecho por la Defensoría de Coriolano, por otra parte, es rico en relatos de denuncias. Algunas de las escenas más grotescas le corresponden al SPB.

Un preso trasladado desde el penal de Olmos a la cárcel de Batán, por ejemplo, afirmó que "le exigieron que se saque las vendas que tenía en la pierna producto de curaciones que le habían realizado" y tras negarse "comienzan a pegarle produciéndole fisura de costilla del lado derecho, un corte en la frente (por el que le dieron 45 puntos) y golpes en distintas partes del cuerpo". Al llegar a Batán, el interno denunció que penitenciarios lo golpearon con palos y le lanzaron gas pimienta al grito de "vos sos el piola que hizo renegar".

Otro grupo de presos de la Unidad 12 en Gorina fueron atacados en un traslado, de acuerdo a su denuncia, luego de asistir a la Defensoría de Casación: "Cuando los reconocieron, los señalaron como 'denuncieros' y los molieron a patadas y golpes de puño entre varios efectivos".  "Durante el traslado de la UP 32 a la UP 18 fue agredido por personal del SPB de la comisión de traslado de complejo Varela. Sufrió tiros de balas de goma en las piernas y lo quisieron ahorcar con una bufanda", apunta otro reporte sobre un interno.

La agresión a presos es solo una parte del problema: varios casos en el informe de la Defensoría hablan de penitenciarios unidos a internos para agredir a otros internos. Las denuncias no solo alcanzan a penitenciarios rasos, sino que llegan también a directivos. Un preso, por ejemplo, denunció que "el jefe le solicitó dinero y ante la negativa, lo encerró en buzones sin visita ni comunicación".

El aislamiento forzado en celdas solitarias es el segundo ítem en la lista de supuestos tormentos a presos: se reportaron 68 casos de encierros prolongados en buzones a lo largo del año pasado. La Defensoría, por ejemplo, supo a través de la Asociación de Acompañamiento de Familiares de Detenidos que el 11 de junio pasado varias internas de la unidad 52 de Azul fueron obligadas a desnudarse para ser requisadas y muchas de ellas fueron golpeadas y dejadas desnudas dentro de los buzones, sin abrigo y en pleno invierno.

La supuesta negación de atención médica es el principal factor de denuncias de condiciones de detención agravadas: hubo 184 casos señalados por la Defensoría.

Va y viene

El problema de las comisarías y las cárceles provinciales va más allá de un simple informe. Un relevamiento hecho en julio de 2016 por la PROCUVIN, el ala de la Procuración dedicada a la violencia institucional, mostró condiciones inhumanas en el penal de Olmos: presos automutilados sin asistencia médica, buzones cargados de heces, heces en colchones de la enfermería y heces de rata por doquier. Los informes compilados por la Defensoría de Coriolano llegaron lejos este año, por así decirlo: fueron entregados al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU en su última visita al país. El relevamiento presentado por la Defensoría apuntó sobrepoblaciones de hasta un 370% en comisarías y la mortandad de mujeres trans en penales como el de Florencio Varela.

Lo cierto es que los números de la Defensoría bajaron con respecto a la era Scioli, con Alejandro Granados como ministro de Seguridad y Hugo Matzkin como cabeza de la Bonaerense. Por ejemplo, entre septiembre y diciembre de 2015 hubo 318 hechos de tortura y tratos crueles denunciados. En 166 de ellos las víctimas reportaron abusos a manos de policías, contra 121 del primer cuatrimestre de 2016. Los otros 145 casos del fin de la gobernación Scioli provinieron de personal del SPB: en el primer cuatrimestre de la era Vidal, siempre según el Registro de la Defensoría, el número de denuncias en las cárceles bajó a 95. 

Coriolano relativiza la comparación: "Los cortes son arbitrarios. La remisión de planillas es muy aleatoria. Hay gente que nunca mandó una planilla, el muestreo no permite comparación para decir que hubo más o menos hechos. En algunos informes puse que no puede ser que haya departamentos que nunca hayan mandado una planilla, como La Plata. Se trata del compromiso de los defensores".

Juan Baric es el jefe interino del Servicio Penitenciario Bonaerense y su subsecretario de políticas carcelarias. Baric apunta a lo que el Estado puede percibir como la mayor debilidad detrás de los planteos de Coriolano, la falta de denuncia: apenas un 27% de los 331 presos que denunciaron agresiones y maltratos decidieron llevar su caso ante un juez.

Baric asevera: "Nosotros no vamos a soportar ni encubrir los hechos que se denuncian. Ayer, por ejemplo, separamos a seis penitenciarios de alto rango por llevarse cosas a la casa. Pero yo me tengo que basar en lo que diga un juzgado con una sanción pertinente. Un preso puede decir 'tal persona me pegó' pero yo no lo puedo dar automáticamente por válido. La Defensoría da plena fe de lo que dicen los internos".