El narcotráfico y la narcopolítica en la pequeña ciudad correntina de Itatí no se reducen al intendente kirchnerista Natividad "Roger" Terán y su vice, Fabio Aquino. En los cálculos e imputaciones de la Justicia federal porteña, Terán y Aquino son articuladores, partícipes necesarios, engranajes. Hay capos mayores y una larga cadenas de complicidad; la red que importaba marihuana paraguaya a gran escala no se apoyaba solamente en un despacho de intendente.
El megaoperativo realizado por Gendarmería y Policía Federal que llevó a la detención de ambos funcionarios a mediados de este mes dio una idea de la magnitud del problema. Desde Comodoro Py, el juez federal Sergio Torres ordenó más de 30 detenciones y casi 40 allanamientos -una garantía de ruido en un pueblo de 6500 habitantes- y mandó incautar 22 vehículos.
Sin embargo, no fue el primer paso. La hija de Terán, Mariela, ya había sido arrestada en febrero pasado, ligada a la trama narco junto a su marido, Ricardo Piris. Hernán Aquino, hermano menor del vice, cayó pocos días después, arrestado por Prefectura sobre la ruta nacional 118; llevaba casi 500 kilos de hierba en un Volkswagen Gol. Hay, por otra parte, tres nombres que sobrevuelan toda esta trama, quizás los verdaderos señores del movimiento de la marihuana paraguaya en el Litoral: son Carlos Bareiro, conocido como "Cachito", hoy preso en la Unidad Nº 7 del Servicio Penitenciario Federal en Chaco por una causa previa; Luis Saucedo, alias "Gordo", y Federico Sebastián Marín, apodado "Morenita", todavía prófugos tras una orden de captura firmada por Torres. "Morenita", según cálculos del diario La Nación, soportó el secuestro de más de 8 toneladas de marihuana en los últimos cinco años.
De vuelta al operativo, Torres no solo hizo arrestar a "Roger" Terán, Fabio Aquino y miembros de sus familias, así como integrantes de los clanes de Saucedo, Marín y Bareiro; también llevó a la cárcel al comisario local, Diego Ocampo Alvarenga, miembro de la Policía correntina y a dos jefes jerárquicos de la delegación Corrientes de la Policía Federal, Carlos Víctor López, con rango de sargento y Rubén Ernesto Ferreyra, "El Gordo", subcomisario.
Las sospechas en contra de estos dos últimos policías fueron gravísimas. Torres y su equipo habían intervenido los teléfonos de López y "El Gordo" durante semanas: su investigación indicó que no solo habrían arreglado con narcos, sino que hasta revendían la droga que secuestraban, una clásica mexicaneada. Ferreyra cayó con 17 panes de marihuana en su despacho. Torres también ordenó detener al gendarme Fernando Alcaraz, segundo comandante ante la Escuela de Suboficiales de Jesús María, Córdoba y antes destacado en Corrientes. Alcaraz, tal como los policías federales, fue intervenido telefónicamente durante largo tiempo. "Les pasaba información a narcos", afirmó una fuente cercana al expediente.
Ahora, ¿por qué un juez federal de Capital Federal mandó desbaratar una organización narco a casi mil kilómetros de su despacho? ¿No podía encargarse la Justicia provincial? Para esto, hay dos respuestas: una técnica, formal y otra, por así decirlo, práctica.
En lo formal, Torres comenzó su causa en la villa 21 de Barracas tras una incautación de marihuana, hace más de un año. El juez y su equipo trazaron el origen de esa marihuana que resultó ser, precisamente, la trama de traficantes de Itatí.
En lo práctico, Torres no fue el primer juez federal en encontrarse con los narcos de la pequeña ciudad correntina y los parientes de políticos involucrados en manejos turbios. Varias causas del hermano de Aquino, incluyendo su última detención, tramitaron en el juzgado federal correntino del doctor Carlos Vicente Soto Dávila. No fueron las únicas que tuvo el juez vinculadas a Itatí: el magistrado firmó en su escritorio al menos una decena de expedientes relacionados a los capos prófugos.
Un investigador federal asegura sobre las causas del juez correntino: "Ves escuchas entre miembros de las bandas que no están conectadas, que hablan claramente de movimientos de droga y después no hay ningún procedimiento, ves incautaciones sin detenidos, droga que se encuentra y después no pasa nada". La falta de movimiento no es el único problema aparente: a lo largo del tiempo, Soto Dávila les otorgó excarcelaciones a los narcos de Itatí, Hernán Aquino incluído. Pedidos de detenciones que recibía de fiscales locales como Carlos Schaefer y Flavio Ferrini sufrieron demoras de meses.
El que avisa no traiciona
Schaefer y Ferrini, por su parte, contaron en los últimos meses con el apoyo institucional de la PROCUNAR, el ala del Ministerio Público dedicada a investigar narcotráfico, a cargo del fiscal Diego Iglesias y que interviene directamente en la causa del juez Torres.
El 17 de noviembre pasado, PROCUNAR envió dos requerimientos al despacho de Soto Dávila de más de 70 carillas cada uno: contenían pedidos de allanamiento, detenciones y de unificación de causas y declinación de competencia sobre una docena de expedientes que tramitaban desde 2014 en el despacho del juez correntino. El primer requerimiento apuntaba a Luis Saucedo, el segundo, a once casos narco atribuidos a la organización de "Morenita" Marín. Para responder a ambos documentos, el juzgado de Soto Dávila por así decirlo, se tomó su tiempo.
El caso más caliente en el primer documento es, precisamente, el que llevó al arresto de la hija del intendente Terán y su marido este febrero pasado, el expediente 5431/2014, que tramitó en el Juzgado Federal N°2 de Corrientes y que la PROCUNAR pidió a Soto Dávila que lo acumule en su despacho.
Ocurrió en octubre de 2014: Un Volkswagen New Beetle fue encontrado en una zanja cerca de la intersección de las rutas 1 y 89, no muy lejos de Itatí; había volcado tras una persecución policial. En su interior tenía más de 180 kilos de marihuana. En su interior se encontró también, de acuerdo con el informe remitido por PROCUNAR al juez Soto Dávila, una propuesta de seguro de la empresa Agrosalta; estaba a nombre del hoy prófugo Luis Saucedo. Faltaba saber quién era la dueña del auto: resultó ser Mariela Terán, que se había presentado en la tarde del hallazgo en la comisaría local para hacer la denuncia.
Días después hasta pretendió presentarse como querellante en la causa para buscar una reparación civil por el supuesto robo que sufrió. A comienzos de 2014, Soto Dávila había recibido una de las primeras causas sobre Luis Saucedo, cuando fue sorprendido manejando un BMW con papeles truchos. Saucedo, en rigor, era un simple empleado municipal, lo que hizo a los fiscales sospechar de un lavado de dinero.
De cara a este caso, los fiscales apoyados por PROCUNAR pidieron no solo la detención de Terán y su marido, sino también la de Luis Saucedo y un miembro de su familia, así como otras ocho indagatorias. Pero, por lo visto, el juez correntino no les devolvió el mensaje. Tuvieron que pedir un pronto despacho el 5 de diciembre pasado: el juzgado de Soto Dávila no había resuelto nada sobre los pedidos de detención y allanamiento. El juzgado les contestó recién nueve días después, pero sin resolver nada de lo pedido. En cambio, Soto Dávila pedía saber la conducta que le imputaría a cada uno de los investigados y su calificación legal.
Lo irónico es el juez tuvo la respuesta en su propio escritorio antes de preguntar: la presentación hecha por los fiscales el 17 de noviembre tenía detalles pormenorizados de quiénes eran los imputados, los delitos que se les atribuían y partes de inteligencia de fuerzas de seguridad sobre sus domicilios y movimientos. Se incluyeron en la presentación capturas del Facebook personal de Mariela Terán y un detalle de las camionetas en que se moverían Luis Saucedo y Ricardo Piris, camionetas Ford Eco Sport y Ranger, Mercedes Benz Sprinter, todas con sus patentes y titulares. Es decir, material no faltaba.
El 20 de diciembre, los fiscales solicitaron el pronto despacho de las medidas otra vez. Por lo visto, no alcanzó. Hubo que recurrir a algo más fuerte. Ocho días después, los funcionarios enviaron un recurso de queja por retardo de justicia a la Cámara de Apelaciones provincial. Soto Dávila recién contestó el 8 de febrero de este año, ya pasada la feria judicial: finalmente dispuso las detenciones de Terán, Piris y los dos Saucedo. Solo cayeron la hija del intendente y su marido. Luis Saucedo y su pariente no pudieron ser encontrados; de todas formas presentaron pedidos de eximición de prisión tras enterarse de las imputaciones en su contra, que fueron rechazados.
El pedido con respecto a las causas relacionadas a "Morenita" Marín tuvo mucha menos suerte. No solo se trataba de juntar causas; la PROCUNAR había pedido cinco detenciones, tres allanamientos y doce indagatorias.
Ante la falta de respuesta, los fiscales pidieron otro pronto despacho el 5 de diciembre, a más de 20 días de la presentación original; el juzgado de Soto Dávila tampoco dijo nada esta vez. El 23 de diciembre, la PROCUNAR misma activó otro recurso de queja contra el juez por retardo de justicia. Soto Dávila eligió contestar una semana ante la Cámara de Apelaciones con un escrito de dos carillas al que accedió Infobae. En el documento, el magistrado negó las conexidades que afirmaba la fiscalía en varios expedientes y que se pondrían en riesgo escuchas telefónicas, entre otros planteos.
La Cámara de Apelaciones correntina tampoco le dio lugar a la PROCUNAR en su fallo del 21 de febrero sobre el conflicto. Sin embargo, le recomendó a Soto Dávila resolver los pedidos de los fiscales en un plazo de treinta días hábiles, pero el juez Torres se adelantó a su colega correntino. Al décimo día del plazo, el magistrado de Comodoro Py ordenó a la Gendarmería irrumpir en Itatí. Una fuente clave en el caso asevera: "Al fin y al cabo, Torres hizo literalmente el 60 por ciento de lo que le pidieron los fiscales a Soto Dávila".
Ayer por la mañana, Torres dio un paso más y le requirió todos los expedientes pedidos por la PROCUNAR a su par correntino. De vuelta en el despacho de Soto Dávila, las medidas demoradas o denegadas no son el único problema. El caso del hermano del viceintendente Fabio Aquino le valió un escándalo aparte.
Para la libertad
Aquino, en su declaración indagatoria tras caer preso este mes, habló bastante de su hermano Hernán. Lo trató de descarriado, de incorregible, de que como hermano hace lo que puede, de que hasta le ofreció trabajo honesto, aunque hay escuchas que implican al viceintendente mismo como parte de la red narco y que fueron claves para llevarlo a la cárcel.
Con el juez Soto Dávila, Hernán Aquino, de 23 años, tuvo tres causas. La primera data de 2015, cuando el joven fue sorprendido en un Volkswagen Bora con varios kilos de marihuana. En ese expediente, Aquino fue excarcelado a pesar de toda la droga que se le halló. Al año siguiente, Hernán volvió a caer, Soto Dávila fue nuevamente el magistrado: otra vez lo liberó. El escrutinio público ya se había vuelto demasiado para el arresto de febrero de este año. Así, el menor de los Aquino quedó finalmente preso.
El 2 de marzo último, la Cámara de Apelaciones correntina, con la firma de los jueces Mirta Sotelo, Ramón González y Selva Spessot, resolvió no solo revocar la excarcelación de Aquino en el expediente de 2015: también decidió apartar a Soto Dávila de la causa. Irónicamente, la Cámara decidió apartar al juez de otra causa narco ese mismo día, un expediente sin conexión aparente con la trama de Itatí, de más de 250 kilos de marihuana y con fecha de enero de 2016.
La Cámara también le revocó otras tres excarcelaciones concedidas en ese expediente. "El juez se habría apartado de sus propios fundamentos expuestos al dictar la prisión preventiva del imputado sin exponer motivos de hecho y derecho", apuntó la Cámara en su fallo sobre una de las liberaciones. Carlos Schaerer, el fiscal general ante la Cámara, fue quien motorizó los reclamos. Según el diario Norte de Corrientes, Soto Dávila ya fue alejado de otros cinco expedientes en lo que va del año, o sea, siete en total.
No es la primera vez que el juez está bajo fuego. Schaerer y su colega Ferrini ya lo habían denunciado en octubre del año pasado por los presuntos delitos de cohecho, estafa procesal, falsedad ideológica y encubrimiento junto a varios funcionarios de su juzgado por una supuesta firma falsificada para recuperar un auto incautado en una causa por lavado de dinero narco, un Mercedes Benz C250 valuado en casi medio millón de pesos, para restituírselo a su dueño imputado en el expediente.
Por lo pronto, el juez Torres no emitió ninguna opinión sobre Soto Dávila, ni lo hará sin antes ver los más de diez expedientes que pidió ayer por la mañana. Sin embargo, el juez correntino ya tiene con quién polemizar: la monja Marta Pelloni lo acusó con cierto tacto en una entrevista con Télam Radio. "Parecía ser que algo encubría", dijo la religiosa. Soto Dávila, por su parte, se limitó a decir: "Pelloni miente".
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