Piensen en 2011, por ejemplo. Julio César Grassi ya había sido condenado en primera instancia por la Justicia de Morón a 15 años de cárcel por abusar de uno de sus pupilos, un fallo que fue ratificado poco después por un tribunal de Casación provincial. Sin embargo, Grassi no estaba preso: vivía en una quinta de Hurlingham llamada "La Blanquita", ubicada justo enfrente de la central de la Fundación Felices Los Niños, el virtual imperio solidario que fundó a mediados de los 90 con centros en todo el país.
Grassi tenía prohibido pisar la sede de Hurlingham o cualquiera de las dependencias de la Fundación por orden judicial. Sin embargo, desde su quinta, Grassi todavía mandaba. Cada orden llegaba por teléfono. "El ego del cura nos está matando, nos va a arruinar", decía un trabajador que resistía en el lugar en aquel entonces: Felices Los Niños era, literalmente, una ruina.
La Fundación sobrevivía, pero a duras penas, con algo de desolación: el lugar parecía una escenografía de The Walking Dead. El predio de 65 hectáreas que había sido cedido por una gestión de Domingo Cavallo se había vuelto incontrolable; había perros y bolsas de basura rotas en el pasto crecido. Las construcciones estaban comidas por el óxido, los vidrios rotos. Todavía había chicos en el lugar, y todavía comían: un equipo periodístico del diario Libre entró para encontrar carne podrida en la cocina.
Un juicio por impuestos impagos por más de dos millones de pesos librado por la AFIP le esperaba a la Fundación en la Justicia de San Martín, entre múltiples reclamos laborales. Había, también, otros rumores: se decía que el sacerdote abusador entraba al predio violando la orden judicial para dar misa. Las donaciones escaseaban, apenas se ganaba dinero con la panadería del lugar. Y había pequeñas casas dentro del predio, ya sin luz ni gas: había también mujeres con hijos que calentaban pavas y ollas en braseros. "Grassi las mete, no le avisa a nadie, nadie controla", decía otro colaborador.
Hoy, en 2017, Felices Los Niños está de pie otra vez, no solo en Hurlingham, sino también en sedes a lo largo del conurbano bonaerense. Ya Grassi no tiene absolutamente nada que ver. Lo único que queda de su mandato son las viejas imágenes religiosas en la capilla, el viejo Don Bosco, el San Pantaleón en la entrada, la Virgen de Luján de cuatro metros de altura que fue repintada meses atrás.
En 2015, un nuevo consejo tomó control del lugar, presidido por el abogado Juan Manuel Casolati con fondos remitidos por la Secretaría de la Niñez bonaerense y Gabriel Vivaldi y el psicólogo Franco Lindon con director y vicedirector de la Fundación. Casolati afirma: "Grassi ya no tiene ninguna injerencia. No tiene nada que ver". La era del cura se terminó. Y los cambios para bien son notables.
Hoy, 1.500 chicas y chicos se educan en las escuelas del predio. Cuarenta y nueve niños víctimas de violencia o negligencia familiar de uno a doce años son criados en el seno de la Fundación, todos ellos supervisados por la Secretaría y su correspondiente juzgado y asesoría pública. Los chicos, por otra parte, cuentan con un equipo técnico de psicólogos de la Fundación. Luego de años sin que un niño saliera del lugar, ya fueron concedidas siete guardas preadoptivas en el último año y medio. Otros cuatros chicos ya fueron adoptados por sus nuevas familias. Los vidrios rotos fueron recolocados y las paredes fueron pintadas; se encaró una fuerte tarea de desmalezamiento y fumigación.
Además, se recuperaron galpones para convertirlos en talleres de arte y bicicleterías, se comenzó una huerta orgánica y un vivero, se reactivó la carpintería que hasta refacciona muebles de las familias de los alumnos de la escuela. El tanque australiano del predio, lleno de basura y vidrios, fue convertido en una pileta para este verano. El vicedirector Lindon asegura: "La idea es que los chicos no pasen toda su vida acá. Se trata de su calidad de vida. Ese es el objetivo: que tengan herramientas, empoderar a sus familias también. De a poquito intentamos ganar terreno. Cuando Grassi estaba, el Estado no estaba presente. Hoy sí lo está".
Casolati anuncia nuevos proyectos para el predio de Hurlingham: dos canchas de fútbol que ya tienen sus arcos, una nueva enfermería y una colaboración con CONIN, la fundación dedicada a la desnutrición infantil dirigida por el doctor Abel Albino. "No solo se trata de pintar paredes. Hay que cambiar la mirada sobre el lugar. Hay chicos que egresaron y que volvieron a trabajar con nosotros", dice Casolati.
La herencia Grassi es pesada; no solo se trata de pastos crecidos, óxido y un mal nombre teñido de escándalo ante la sociedad. Durante sus años de gloria, Felices Los Niños recibió donaciones casi sin control. Hoy, ya casi nadie aporta dinero. "Los donantes vuelven de a poco", dice Casolati. La Fundación también recibía propiedades, con igual falta de control. Se cree que estrechos colaboradores de Grassi todavía vivirían en ellas.
Así, Casolati encaró una tarea difícil: saber el activo y el pasivo de la Fundación, cuánto se tiene y cuánto se debe. Lo primero todavía es incierto. Lo segundo tiene un número aproximado, producto de los desmanejos de la era Grassi: "Estamos hablando de cien millones de pesos, producto de impuestos atrasados y juicios laborales", dice el abogado.
La herencia del cura también tiene otras formas. Casolati saltó a la luz pública cuando denunció a Grassi a poco de comenzar su gestión, cuando lo descubrió desviando donaciones de alimentos de la Fundación al penal de Campana donde estaba preso. Seis meses atrás, la casa que habitaba Grassi en el predio donde abusó al menos de un menor fue misteriosamente incendiada. Por lo pronto, históricas manos derechas del cura como Fabián Amarilla tienen vedado el ingreso a la Fundación. Es un nombre del pasado, ciertamente: el vicedirector Lindon ni siquiera oyó hablar de él.
La confirmación de la condena de Grassi por la Corte Suprema de esta semana no solo cierra una de las causas penales más resonantes de la historia argentina reciente: cierra cualquier chance de que Grassi siquiera se acerque a la Fundación que creó. Las puertas a la Iglesia en general, sin embargo, no están cerradas. Casolati denunció penalmente a monseñor Guillermo Eichhorn, el obispo de Morón con quien Grassi decía tener "excelente relación" como "parte del descalabro institucional que sufrió la Fundación" pero invitó al actual obispo coadjutor, monseñor Jorge Vázquez, a visitar el predio de Hurlingham. Varios niños en la Fundación decidieron tomar la comunión y bautizarse; la religión católica, aunque Felices Los Niños tiene un capellán designado por la diócesis local, no es obligatoria.
¿Corresponde que Grassi conserve su estatus como sacerdote de cara a su condena firme? Casolati no esquiva la pregunta: "Hoy el Papa tiene que tomar una decisión sobre Grassi, totalmente", asegura, sentado mientras habla en la capilla de la Fundación al fondo del predio, donde el cura hoy preso y condenado por abusador solía dar sus misas.