Si la nueva jugada de la defensa funciona, entonces nadie paga: la violación y asesinato de Natalia Melmann, el crimen más brutal cometido por policías bonaerenses en democracia, quedará impune para siempre.
Ocurrió en Miramar en febrero de 2001; la joven de 15 años fue encontrada bajo una pila de hojas en el vivero Florentino Ameghino en las afueras de la ciudad balnearia. Su cuerpo presentaba moretones en los muslos, su mano izquierda estaba quemada por cigarrillos, su tabique nasal estaba fracturado y tenía un golpe en el cráneo tan violento que hasta había arrancado cuero cabelludo en la zona del impacto. Su padre, Gustavo Melmann, fue quien la reconoció en el lugar gracias a la ropa que llevaba; un cordón de su propia zapatilla, atado a su cuello en doble nudo, fue usado para provocarle la muerte.
El primero en ser detenido por el crimen fue Gustavo Fernández, alias "El Gallo", un personaje sombrío del submundo de Miramar y supuesto buchón de la Policía local, hoy de vuelta en libertad. Finalmente, Fernández fue sentenciado no como violador y asesino de Natalia, sino como su entregador.
Un año después del hecho, el Tribunal Oral Criminal N°2 de Mar del Plata condenó a reclusión perpetua a tres efectivos bonaerenses apostados en Miramar, Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini como los autores materiales del crimen. Hisopados realizados durante la autopsia de la joven revelaron perfiles de ADN con el semen de cinco hombres diferentes dentro de su cadáver. Dos de esos perfiles correspondían a Anselmini y Echenique; el pelo de Natalia fue encontrado en el baúl del auto de Suárez. "Privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas", fue la calificación final.
La sentencia recorrió todas las instancias posibles en más de 15 años: en todas fue confirmada. Los efectivos recibieron el beneficio de las salidas transitorias, algo que fue revocado luego de una fuerte resistencia de la familia Melmann, que nunca dejó la ciudad de Miramar. La Corte Suprema de la Nación fue el último paso; el máximo tribunal ratificó en abril de 2012 la cárcel de por vida para Suárez, Echenique y Anselmini luego de un recurso de queja presentado por su histórica abogada defensora, Patricia Perelló.
Este jueves último, Perelló, que defendió a Carlos Monzón en el juicio oral por el asesinato de Alicia Muñiz, jugó su última carta en la Justicia Bonaerense para que los policías condenados por el brutal crimen de la adolescente vuelvan a sus casas y queden libres de culpa y cargo.
El mes pasado, la abogada había presentado un recurso de revisión de la pena ante la Sala Tercera del Tribunal de Casación provincial integrada por los jueces Carlos Natiello y Fernando Mancini. En su recurso, Perelló pidió "la suspensión de ejecución" de la pena y la "libertad provisional" de los ex policías. La defensora aseguraba que introduciría "nuevas pruebas" y que demostraría "la inexistencia de algunos delitos objeto de la condena", que incluso demostraría que los delitos "ni siquiera fueron perpetrados", es decir que, por ejemplo, Natalia nunca fue violada, a pesar del semen dentro de su cuerpo y la brutal golpiza que sufrió.
La abogada incluso negó en su documento la existencia de la pericia de ADN y habló de "una causa armada", digitada por Gustavo Melmann mismo. Así, su estrategia fue desligar a los tres policías y convertir a Fernández en el único culpable del crimen. Y con el "Gallo" ya condenado por el crimen, en términos de la abogada enunciados ante la Sala Tercera, no existiría un nuevo proceso de revisión a menos que Fernández o su defensa lo pidan, ya que su participación es "cosa juzgada". No quedaría ningún responsable que pague por la muerte de Natalia.
La abogada propuso una serie de testigos en su recurso para lograr este propósito, entre ellos Miguel Ángel Maidana, compañero de celda del "Gallo" Fernández en el penal de Batán, René Bailleau, el forense titular del Cuerpo Médico marplatense presente en la autopsia de Natalia, Andrés Barbieri, un abogado que actuó como querellante para los Melmann a comienzos de la causa para ser desplazado y Mirtha Ramos, madre de Ricardo Anselmini.
Así, el jueves último, en una audiencia celebrada en La Plata por la Sala Tercera del Tribunal de Casación y que presenció Infobae, todos estos testigos hicieron sus declaraciones. Pero lo cierto es que ninguno de sus relatos introdujo pruebas nuevas y sólidas, sino, básicamente, todo lo contrario.
Fuera del tribunal, sobre la calle 7, más de 300 personas, entre ellos vecinos históricos de Miramar, miembros de organizaciones sociales y políticas como Las Rojas y familiares de otras víctimas de brutalidad policial, ocupaban la vereda para apoyar a los Melmann. En la sala, frente al Tribunal, acompañado por varios miembros de su familia, Gustavo Melmann se sentó junto al abogado querellante Federico Paruolo y el doctor Carlos Altuve, fiscal ante el Tribunal de Casación provincial.
Altuve ya había emitido su dictamen con respecto al recurso presentado por Perelló: aseguró en su escrito que "la acción intentada no puede prosperar" y que la acción de revisión planteada por la abogada no puede servir para un nuevo análisis de pruebas que la defensa "pretende 'novedosa'". También, consideró válidas las pericias de ADN realizadas entre otras evidencias disputadas que fueron instrumentales en la condena a los policías.
Él dice, ella dice
Mónica Negrón, una médica miramarense citada por la defensa, fue la primera en hablar. Su rol era doble: había atendido al "Gallo" Fernández en una interconsulta carcelaria mientras estaba preso en Batán, un cuadro de apendicitis y fiebre alta hace 14 años. Por otra parte, Mirtha Ramos, la madre de Anselmini, había sido su paciente en el PAMI a comienzos de esta década. Según la defensa, Negrón habría escuchado en aquella consulta de boca de Fernández la confesión total del crimen. Luego se la habría repetido a Ramos en su consultorio.
Negrón negó todo: "No recuerdo que me haya dicho nada de eso", aseguró en referencia al "Gallo". Perelló insistió con sus preguntas; el tribunal la reprendió por intentar dirigir a la testigo. La médica luego fue careada con la madre de Anselmini. "Hace 15 años que estamos con esto", se quejó la anciana, que aseguró que había grabado a la médica relatándole la confesión del "Gallo". Negrón ratificó su negativa otra vez.
Miguel Angel Maidana había llegado a Batán en 1997 acusado de robo. Fernández sería su compañero de celda cuatro años después. Cuando se le preguntó si tenía un interés en la causa, la pregunta básica para cada testigo, aseguro "que sí", que su interés era la suerte de "los muchachos que estaban presos", en referencia a los tres policías, algo que levantó las cejas de los tres jueces.
Maidana afirmó que, efectivamente, Fernández le confesó la autoría material del crimen de Natalia en prisión. También, que le confesó otro crimen por el que efectivamente Fernández fue condenado: la muerte del comerciante miramarense Guillermo de Groot.
El ex preso, que dijo haber sufrido amenazas y supuestas visitas extorsivas de Gustavo Melmann, afirmó que le relató ambas confesiones al fiscal que investigó la muerte de Guillermo de Groot, Alfredo de Leonardis. Efectivamente, Maidana declaró ante el fiscal, pero el ex preso por robo no pudo recordar si firmó en conformidad su declaración o no, algo elemental para cualquier testigo.
El fiscal De Leonardis luego declaró en la audiencia: ratificó la declaración de Maidana, pero no dijo en ningún momento que "el Gallo" haya confesado haber asesinado a Natalia, mucho menos violarla. "Intervenir" fue el verbo empleado.
El abogado Andrés Barbieri había sido el primer letrado en acompañar a los Melmann a comienzos de la causa. Pero, si defender a la Bonaerense se trata, el abogado tiene su historia. Un artículo del diario marplatense La Capital asegura que además de defender a acusados de delitos de lesa humanidad, "fue oficial de la Policía Bonaerense y se retiró tras recibirse. Promovió numerosas demandas a favor de efectivos de la fuerza y saltó a la notoriedad en la década del '90 a partir de una demanda contra el Estado por la caída, con consecuencias trágicas, de un helicóptero Robinson de la policía".
Juan Carlos Maggi, el abogado querellante que luego acompañó a los Melmann durante toda la instrucción del expediente, relató su desconfianza sobre Barbieri en una entrevista años atrás al autor de esta nota: ""Era una especie de avanzada de la corporación policial. Barbieri se enteró de mi llegada, de que yo había pertenecido a Prefectura y quiso convivir de manera armónica conmigo. Él estaba operando, yo no quería operar para nadie. Una vez le dije: 'Loco, blanqueate, dejate de joder'. Barbieri quería que la investigación no llegase a miembros de la Policía. Y si había alguna responsabilidad policial, que entonces eso se ciñera a una negligencia en la investigación", aseveró Maggi.
El forense René Bailleau, a pesar de haber presenciado la autopsia, no declaró en el juicio oral del caso por estar "fuera del país". Ante la Sala Tercera, Bailleau afirmó enfáticamente que Natalia fue atacada por una sola persona, algo que los jueces del tribunal cuestionaron en repetidas ocasiones. Aseguró no haber leído los resultados de los hisopados posteriores a la autopsia que revelaron los distintos perfiles de ADN y afirmó que "no hubo abuso" por no haber determinado lesiones en ano y vagina de la víctima, algo que, luego se estableció, pudo haber sido enmascarado por la avanzada putrefacción del cuerpo.
El cambio de opinión del forense es interesante. En un capítulo del programa "Huella Latente", producido por Discovery Channel, Bailleau relató su experiencia en el caso y afirmó que "se hicieron hisopados de las cavidades y que todo daba para pensar en un acceso sexual". Los moretones en los muslos y las quemaduras de cigarrillos no fueron parte de su relato.
Wenceslao Méndez fue el abogado defensor del "Gallo" Fernández. Citado por Perelló, se vio en una encerrona ética: no podía declarar por encima del secreto profesional entre él y su ex cliente, algo de lo que el tribunal no podía relevarlo. La defensora de los policías invocó una "justa causa", es decir, el supuesto bien mayor que representan sus defendidos. Finalmente, se acordó que Méndez contaría todo lo que supiera que no estuviese amparado en el secreto. No dijo nada que abonara teoría alguna a favor de los policías. Sin embargo, reveló algo un tanto inesperado.
El fallecido Jorge Casanovas fue el ministro de Justicia de la provincia durante la explosión del caso en 2001. Méndez relató ante los tres jueces de la Sala cómo Casanovas lo abordó para que Fernández "se haga responsable del hecho" minutos antes de que su cliente declarara en una dependencia judicial de Mar del Plata. Lo mismo que, más de 15 años después, busca la abogada Perelló.
Se espera que la Sala Tercera, integrada esta vez por los doctores Natiello, Mancini y el juez Martín Ordoqui, se expida en los próximos días: podrá absolver, confirmar la condena o pedir un nuevo juicio si es que la situación lo amerita.