Motines y guerra entre bandas: las cárceles argentinas no son las de Brasil, pero pueden serlo

Los 87 muertos en dos motines en cárceles de Brasil en menos de una semana, abrieron el debate en la Argentina. La primera mirada –y la más ligera- fue que la causa era el hacinamiento.

El mundo carcelario es más complicado que esa simple deducción. Brasil tiene en sus prisiones a 6,5% de la población carcelaria del mundo. Superó a Rusia y está tercera detrás de Estados Unidos (2,5 millones de presos) y China (1,6 millones).

La cantidad de gente encarcelada es un número sin significado sino se contemplan las realidades.

En Estados Unidos, los jueces son elegidos por el voto popular, por lo tanto para no defraudar a sus electores, aplican penas larguísimas. El sistema les da resultado por la independencia absoluta que tiene la Justicia de los otros poderes.

En Brasil se le comprueban todos los delitos al preso y les dan también extensas condenas. En cambio, en la Argentina hay un promedio de ocho delitos por preso pero caen por uno solo. Si no funcionara la puerta giratoria de los jueces y las penas fueran más largas, el sistema hubiera estallado porque en la cárcel solo está encerrado el 60% de los que deberían estar cumpliendo condena. La permisividad argentina hace que haya 50 mil prófugos (no todos por delitos que tienen como pena la cárcel). Cada año se escapa un penal entero de las cárceles argentinas.

Por otra parte, en Brasil, hay una guerra declarada entre dos bandas de narcotraficantes: Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho.

No es una lucha provocada por el hacinamiento, sino la prosecución de una guerra que está instalada en las calles de San Pablo por el control del territorio.

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En los enfrentamientos emulan a los carteles mexicanos: cortan las cabezas de los cadáveres. Es una simple demostración de poder que en Brasil no tiene el significado que tiene en México, donde la muerte es un ritual mágico y que tiene múltiples ceremonias. Cuando se decapita al cadáver, no se lo puede velar a cajón abierto y produce un dolor mayor a los deudos porque no lo pueden despedir de acuerdo a sus creencias para asegurarle un destino mejor en el más allá. Las ceremonias mexicanas se parecen a una fiesta; hay adoración por la muerte.

La situación en la Argentina es distinta. El hacinamiento es grave, pero los motines son por disputas de poder dentro de las cárceles. A veces se provocan para fugarse o es un enfrentamiento dentro de la "ranchada" (grupo de presos de un mismo pabellón que comparte comidas y tareas).

Pero la guerra entre bandas puede estallar en cualquier momento. Por ahora se libra en las calles de Rosario, Santa Fe y en la Ciudad de Buenos Aires en la villa 1-11-14 porque sus protagonistas están en libertad.

En abril de 2015 apresaron al peruano Marco Antonio Estrada González, líder narco de la 1-11-14. Está alojado en Marcos Paz.

En Rawson está César Morán, también peruano y rival de Estrada González. Lo llaman el "Loco César" porque le gusta jactarse de los crímenes que cometió.

Cuando las cárceles comiencen a poblarse de nuevos narcos y soldados, puede suceder lo de Brasil. La ventaja que tiene el SPB es que puede separarlos por los 28 establecimientos que tiene en todo el país. Pero eso tiene un límite.

La guerra narco en las cárceles puede sobrevenir en poco tiempo más porque la persecución que están librando las fuerzas de seguridad es sostenida, algo que no sucedía en el pasado donde los detenidos por drogas eran parte menor de las bandas. Los jefes narcos gozaban de impunidad, al punto que uno de ellos, "Mameluco" Villalba, fue candidato a intendente de San Martín. Luego, en la cárcel gozó de todas las comodidades y hasta un intendente le dio trabajo a dos de sus hijos.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF), que tiene 28 establecimientos y cuatro complejos, está excedido. Los complejos son lugares que concentran distintas penitenciarías porque los separan de acuerdo con el delito cometido.

El SPF necesita construir tres nuevos establecimientos de acá a 2019 porque en la actualidad tienen 11.042 presos. El crecimiento de la población se debió a que les enviaron los detenidos en comisarías.

En el SPF la situación es controlable. En el último año murieron 33 presos. Veintiuno fueron por causas naturales porque el SPF aloja a los presos por delitos de lesa humanidad. Solo tres fueron muertes violentas y seis por suicidio, un flagelo que está ligado al encierro.

En la actualidad 330 presos acusados de crímenes de lesa humanidad, por la anulación del indulto, ocupan lugares preciados porque están alojados en cárceles de máxima seguridad. La mayoría tiene más de 70 años y deberían tener prisión domiciliaria porque las prisiones no están preparadas para gerontes.

Al día de la fecha, 387 presos de lesa humanidad murieron en la cárcel. Desde hace un año se está enviando a su domicilio –con la tobillera que controla sus movimientos- a los de enfermedades más complicadas. Esto permitió que de 450 se pasara a los 330 actuales.

No hay que olvidar que un preso en una cárcel federal cuesta 30 mil pesos mensuales, o sea que los encarcelados le cuestan a la nación 3.420 millones de pesos al año. Pero un geronte, mucho más. Requieren de traslados en ambulancias a hospitales porque tienen cuadros de enfermedades complicadas.

En el SPF se recortaron gastos porque antes, 75% de la población carcelaria cobraba el salario mínimo de 8.060 pesos mensuales. Esto nació con Víctor Hortel, el jefe penitenciario que llevó a La Cámpora a través de Vatayón Militante (sic). Les hacían anotar 200 horas mensuales de trabajo para que cobraran plenamente ese salario. Hoy un preso gana 6.050 pesos porque les anotan 150 horas. Solo un puñado –alrededor de 500- continúa percibiendo plenamente el sueldo mínimo. La masa salarial le cuesta más de 500 millones de pesos anuales.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, cada preso cuesta 22 mil pesos por mes. En el costo se cuenta la vigilancia, los juicios contra el SPB y los escasos sueldos que pagan a los presos. Además, el personal provincial tiene salarios considerablemente más bajos que los del SPF.

La provincia de Buenos Aires es la más complicada con el hacinamiento. Tiene 31 mil presos –el 44% de la población carcelaria argentina- en 55 presidios. Pero como la capacidad está excedida, hay casi 3 mil alojados en comisarías. Fugarse de una comisaría no es tarea complicada para los presos más avezados.

Si bien han mejorado las instalaciones carcelarias, el hacinamiento hace imposible percibir esas mejoras. En celdas de dos personas se alojan hasta 5 presos.

Como se está estudiando bajar la edad de los imputables, el déficit será mayor. A la provincia de Buenos Aires le hacen falta cinco cárceles nuevas para equilibrar la distribución de la actual población y deberán construir al menos un penal por año con capacidad para mil presos. Por eso se está pensando en la solución de cárceles privadas.

Cada preso cuesta 22 mil pesos mensuales. Es decir que la provincia gasta al año más de 8 mil millones de pesos para mantener encerrados a los delincuentes. Ese número irá creciendo en el futuro y por lo tanto, además del dolor que causan en libertad, está el impacto en la economía.

Pero si se quiere comenzar con una política de seguridad, debe alentarse -solo como primer paso- la construcción de nuevas cárceles, una medida impopular. Los contribuyentes que se quejan de la delincuencia, cuando se anuncia estas obras, piensan que ese dinero debería utilizarse para hospitales y escuelas.

Holanda, por caso, tiene la mitad de la población de Argentina y solo 11 mil presos. Cerraron cuatro presidios y los presos durante dos años deben devolverle 100 dólares mensuales al Estado. Si salen en libertad y no pagaron, ese costo se les embarga del salario cuando consiguen trabajo. San Marino tiene un solo preso.

La cárcel es el fracaso más grande en la Argentina. Fue exitosa en una época, donde el país fue líder en materia de reinserción. Hoy solo sirve para almacenar gente que volverá a delinquir apenas salga.

Pero la reinserción por sí sola no alcanza. La Argentina debe decidir si va a ser una fábrica de cárceles o combatirá la corrupción, la madre del problema.

Con un sistema transparente se puede cambiar la Justicia y mejorar la educación y la salud porque el dinero del presupuesto llegará plenamente a esos servicios. Cuando la política se infiltra en la justicia, la Policía y el Servicio Penitenciario, se asemeja a un virus que destruye la política de seguridad.

Los políticos cuando intervienen se inclinan por el juez que les puede perdonar sus delitos, los jueces y la policía se adueñan de la seguridad. No hay narcotráfico sin la complicidad de políticos, jueces y fuerzas de seguridad.