Los dos acusados de realizar los llamados telefónicos con amenazas de bomba al predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) irán a juicio oral y público por el delito de intimidación pública, que tiene una pena de dos a seis años de prisión.
El fiscal federal Franco Picardi pidió que Ricardo Rubén Sosa, de 20 años, y Francisco Martuscelli, de 19, vayan a juicio oral por ser los autores de 16 y una amenaza, respectivamente, que realizaron este año desde sus celulares, informaron a Infobae fuentes judiciales.
El predio de la ex ESMA –donde la última dictadura militar tuvo su mayor centro clandestino de detención y ahora hay un espacio público para la memoria y los derechos humanos– recibió 51 amenazas de bomba desde mayo de 2015 hasta mayo pasado: 19 en 2015, 31 este año y una por correo electrónico.
Las intimidaciones cesaron cuando los dos acusados fueron detenidos, aunque ahora están en libertad.
Sosa era empleado del área de logística de la ex ESMA y está acusado de 16 amenazas telefónicas que hacía directamente al conmutador del predio. En su domicilio de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora y en el de su novia se encontraron 22 teléfonos celulares, 13 tarjetas SIM y siete tarjetas contenedoras de chips. Uno de los celulares secuestrados era desde el que Sosa realizó las llamadas.
Los investigadores también encontraron en el teléfono una conversación de Whatsapp que Sosa tuvo con su novia que resultó determinante:
– dquiem es el chip claro qeesta en el bolsiyo del pantaln d trbajo tuyo.
– Ese me lo compre para hacer una amenaza jaja.
Por su parte, a Martuscelli se le imputa ser el autor de la llamada al 911 del 6 de mayo de este año a las 14:59 horas. Cuando su domicilio, en el barrio de Caballito, fue allanado se encontraron nueve celulares, uno de ellos desde el que realizó el llamado.
Los dos acusados fueron detenidos el 21 de mayo pasado por orden del juez federal Luis Rodríguez y tras negarse a declarar en sus indagatorias fueron liberados.
El móvil de las amenazas no pudo ser determinado y todavía resta determinar el o los autores de las intimidaciones de 2015.
A los autores se pudo llegar por un trabajo de entrecruzamiento de llamadas e intervenciones telefónicas del Departamento de Inteligencia y Crimen Organizado de la Policía Federal.
En su pedido de elevación a juicio oral –al que accedió Infobae– el fiscal Picardi sostuvo que "los imputados Sosa y Martuscelli tuvieron como finalidad la de quebrantar la tranquilidad pública, específicamente, impedir el normal desenvolvimiento del ente público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos".
"A raíz de dichos llamados las personas que concurrieron en esos días al organismo público se vieron obligadas a evacuar sus instalaciones, interrumpiendo de esta manera las actividades que allí se desarrollaban, mientras personal policial efectuó el procedimiento tendiente a determinar la existencia de artefactos explosivos, arrojando en todos los casos resultado negativo", agregó.
Ahora las defensas de los acusados deberán opinar sobre el pedido de envío a juicio oral y luego el juez Rodríguez quedará en condiciones de resolver si el caso pasa a esa etapa.
En la ESMA, ubicada en el barrio de Nuñez, funcionó el mayor centro clandestino de detención durante la última dictadura militar por el que pasaron cinco mil personas y funcionó una maternidad clandestina.
Actualmente el predio está a cargo del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos donde funcionan el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Canal Encuentro y áreas de los ministerios de Justicia y de Ciencia y Tecnología.
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