Pixiu, la mayor organización de la mafia china en la Argentina, sospecha la Justicia, llegó a controlar más de 300 supermercados en todo el país para recaudar un millón y medio de dólares mensuales. Era, sin dudas, un pequeño imperio. A mediados de junio pasado, Pixiu cayó con un estruendo.
La doctora María Gabriela Lanz, a cargo del Juzgado de Instrucción N°42, ordenó 22 allanamientos luego de una larga y meticulosa investigación de la división Defraudaciones y Estafas de la PFA. Hubo más de 20 detenidos, entre ellos quien sería el mayor jefe de la tríada, Yong Ye, de 36 años, apodado "A Di", "el grande", o "el grosso", nacido en la provincia china de Fujián, con DNI argentino. Lo encontraron en su aguantadero más reciente, ubicado en la calle Ramón Falcón al 5200, con siete celulares, una camioneta Mercedes Benz modelo Sprinter, un Toyota Corolla, siete celulares y 130 mil pesos en efectivo. "Se había ido ahí hace poco, sabía que lo estábamos buscando", apunta un investigador.
Se encontraron armas: la Policía irrumpió en un karaoke en la calle Carabobo al 1000 del Bajo Flores, un centro de operaciones de la banda presuntamente regenteado por Yong Ye, para encontrar, además de tres mujeres víctimas de trata, dos argentinas y una paraguaya, seis armas de fuego ocultas en una Renault Kangoo. Había escopetas y pistolas, dos de ellas con pedido de secuestro de tribunales de Morón y San Isidro, uno de ellos tras una denuncia de robo de un ciudadano chino.
También hubo fuego en el operativo. El grupo GEOF ingresó a uno de los principales bastiones de Pixiu en la provincia de Buenos Aires, el supermercado "Mis Sueños" sobre la avenida Rivadavia en San Martín. Fueron recibidos con balas por miembros de la banda; un integrante del GEOF se llevó un tiro en el casco y otro en el brazo derecho. Se detuvieron siete ciudadanos chinos, siete de ellos indocumentados. En el lugar había más armas debajo de una escalera, cinco piezas entre pistolas, rifles y revólveres de diversos calibres con la munición correspondiente.
Yong Ye, por su parte, se negó a declarar ante Lanz. El supuesto jefe consolidó su poder en Pixiu en los últimos años, un mando heredado de su tío y a su padre, según fuentes judiciales, cuando absorbió en su estructura a gran parte de la tríada Wan Ke, una banda en territorio porteño con la cual tenía lazos sanguíneos, lo que permitió su despliegue territorial que no solo incluía a la CABA sino también a zonas en el GBA y en el interior del país. De vuelta en Tribunales, el presunto jefe de Pixiu tiene más de de trece años de problemas con la ley.
En febrero de 2005, el Tribunal Oral porteño N°25 lo condenó a seis meses por amenazas, una pena que se unificó a la impuesta en agosto de 2003: dos años y nueve meses de prisión en suspenso firmados por el TOC N°5. En noviembre de 2009, un tribunal cordobés le dio tres años y diez meses por extorsión en grado de tentativa y lesiones graves. No solo su prontuario le justificó la prisión preventiva: sus repetidas salidas desde el país hacia China de acuerdo a información de Migraciones fueron otro motivo que pesó en la firma de la doctora Lanz en cuanto a evaluar un riesgo de fuga.
Hoy, Yong Ye está preso en el penal de Devoto: fue trasladado desde Ezeiza luego de una pelea en donde otro interno resultó herido. Su situación, por lo pronto, no mejora. La jueza Lanz lo procesó junto a dos de sus lugartenientes, Huang Xi Ling y Yang Yehui, que también fueron capturados en la redada de junio. Los delitos que se les imputa son los usuales atribuidos a la banda Pixiu: extorsión con abuso de armas y lesiones graves reiteradas bajo el paraguas de una asociación ilícita. Lanz les impuso, además de prisión preventiva, un embargo que asciende a 4,5 millones de pesos. El fallo de la jueza fue ya fue confirmado por la Sala I de la Cámara del Crimen.
Lanz procesó puntualmente a Yong Ye y a sus subalternos por seis hechos ocurridos entre diciembre de 2015 y junio de este año en supermercados chinos de Capital Federal. Cada uno de los casos refleja la típica modalidad de la mafia china: amenazar primero, por carta o teléfono con extorsiones que ascendieron de diez a cincuenta mil dólares y disparar después, usualmente a repositores o a quien esté en la caja. Los comerciantes oriundos de Fujián, "paisanos" de los integrantes de Pixiu en su propia jerga, eran las víctimas preferenciales.
Así, el supermercadista -aunque también se sospecha que Pixiu atacaba restaurantes y polirrubros– se convertía en un "protegido" de la tríada si es que decidía pagar la extorsión, que se renovaba con cuotas mensuales que podían ascender hasta 50 mil pesos. Para demostrarlo, el supermercado exhibía un sticker con el animal mítico que da nombre al grupo, un híbrido de león y dragón, además del cartel de la "Cámara de Comerciantes, Empresarios e Industriales Chinos de la Provincia de Buenos Aires", una organización apócrifa inventada por Pixiu para darle una suerte de marco cínico a sus actividades en la frecuencia baja de la comunidad china.
Hoy, además de los seis hechos listados por Lanz, Pixiu suma nuevas acusaciones. Esta semana, un fiscal de instrucción remitió a la jueza una decena de extorsiones y tiroteios ligadas a la banda china ocurridos a lo largo del año pasado. Nuevamente, la división encargada de investigarlos fue Defraudaciones y Estafas de PFA: un sorprendente cruce de llamadas y aparatos permitió ligar los hechos con la organización
En cuanto a la causa instruida por Lanz, hay decenas de escuchas al menos llamativas que muestran el modus operandi interno de Pixiu, para, principalmente, contratar a sus pistoleros e intentar lavar su dinero.
Una voz en el teléfono
El primer hecho en la lista de Lanz fue una extorsión de más de cien mil pesos a un supermercado en la calle Virrey Liniers ocurrida en diciembre de 2015. "¿Por qué llamás a la policía? Si no nos das la plata te vas a morir", dijo un presunto sicario del otro lado del aparato al comerciante luego del primer apriete. En este caso, surge por primera vez uno de los principales prófugos de la trama, una suerte de cobrador e intermediario de la banda, llamado Ya Tou.
El cobrador aparece en diversas intervenciones ordenadas por Lanz. En una, le asegura a un desconocido que necesita "quince papeles", es decir, los carteles de la Cámara de Comerciantes apócrifa. Cuando Yong Ye fue detenido, por ejemplo, le encontraron una decena en su aguantadero de la calle Ramón Falcón. En otra conversación, Yong Ye y Ya Tou hablan de "un cartel nuestro". En otra charla, el prófugo habla de "ese comerciante" que "es mi jefe" y "esos tres comercios que dependen de nuestra cámara". Los problemas, en el caso de esta escucha, vienen de comercios que no colgaron el cartel correspondiente y que recibieron aprietes de bandas rivales. "Son recién ingresados a nuestra cámara, pregunte a cualquier persona", apunta Ya Tou a un desconocido; también fue escuchado hablando sobre conflictos con la tríada rival Panda, de larga data en la escena de la mafia china porteña.
Con respecto a Yong Ye, un audio en la causa resalta algo que fiscales e investigadores policiales advierten desde hace tiempo: chino ya no le dispara a chino. Las viejas rencillas entre connacionales hoy se resuelven con la contratación de sicarios locales, de nacionalidad argentina o peruana, que llegan en motos enduros a los supermercados para sus ataques, con sus caras cubiertas por cascos.
Yong Ye menciona a un individuo que tiene "un asesino argentino". Luego, asegura: "Podemos esperar que el asesino lo busque y también podés decir a X -la persona en cuestión con el contacto del sicario- que no hay problema, pero la verdad que está esperando morir el hijo de puta". Más adelante, otra escucha sugiere que los miembros de Pixiu se encargarían ellos mismos de proveerles pistolas .9mm a los sicarios.
Yong Ye, en abril de este año, también es oído de acuerdo a transcripciones de escuchas del caso en una charla con un colaborador sobre una serie de remates de inmuebles, con un particular interés por la compra de una propiedad "por siete millones", sin especificar en qué moneda. También, discute la compra de "un hotel en Pergamino".
Mucho aprieta
Esta semana, Lanz recibió diez nuevos hechos para sumar a su causa, nuevamente investigados por Defraudaciones y Estafas de PFA bajo las directivas de un fiscal de instrucción porteño. Esta vez, los teléfonos fueron el principal rastro, no solo sus números, sino también sus datos IMEI, que permiten identificar a cada aparato más allá de una línea o un chip prepago fácilmente descartable. Defraudaciones y Estafas realizó en esta decena de extorsiones un complejo análisis de vínculos, con abundantes coincidencias. Un investigador señala: "Siempre repetían los aparatos, no los tiraban. Básicamente, cayeron por tacaños".
El primer hecho en la lista ocurrió el 29 de mayo de 2015 en un supermercado de la calle Guayaquil al 300, Caballito. Primero fue una típica nota: "Dueño preparar diez mil dólares sino te vengo a matar". Estaba escrita en dialecto fujianés, comúnmente usado por Pixiu, en una redacción que evidenciaba una instrucción escasa, típica de la banda. Ese mismo día, el dueño del lugar recibió un llamado pasado el mediodía: "Bueno, esperá que te voy a matar ahora", oyó.
Tres días después, la misma voz reforzó el reclamo, asegurándole al comerciante que también había balas para "tu familia y tu hijo". El comerciante reportó el hecho en la embajada china. El entramado de llamados analizado por la PFA desde el número fijo que contactó al supermercado de Caballito no solo llegó hasta el mediador prófugo Ya Tou, sino también hasta el karaoke de la calle Carabobo en Flores.
Pixiu, por lo visto, tenía una agenda agitada para el día. Ese 29 de mayo, otro comercio en Pasco al 1000, barrio de San Cristóbal, recibió la visita de un sicario a bordo de una moto Honda Twister negra: el cajero chino del lugar recibió dos tiros en el cuello y en el abdomen. Sobrevivió, tras ser llevado a un hospital. En otro de los hechos en la nueva imputación, la principal agresora no fue un sicario masculino a cara tapada, sino una mujer.
Un supermercadista de la calle Warnes recibió el 17 de julio de 2015 uno de los pedidos más ambiciosos atribuídos a Pixiu hasta el momento, una nota que le reclamaba 100 mil dólares "o sino te vamos a matar". Once días después, recibió un llamado que le indicó un número de teléfono para contactarse, "o sino te doy bala". Al día siguiente, recibió un llamado del mismo número: el mafioso del otro lado de la línea bajaba sus pretensiones a 50 mil dólares. A mediados de noviembre, un efectivo de la PFA encontró en la puerta del supermercado de la calle Warnes a un chino en actitud sospechosa; mientras lanzaba excusas de que era vecino de la zona y que había simplemente bajado al kiosko, una clásica nota extorsiva le asomó de la manga. Quedó arrestado en la comisaría N°27.
Ese mismo día por la tarde, otro chino se presentó en la dependencia, interesado por la situación del detenido. Ese amigo resultó ser Huang Xi Ling, uno de los procesados por Lanz junto a Yong Ye. Caería preso meses después, con una primera detención en febrero y con una causa por falsificación de documento público iniciada en la Justicia federal. El número de teléfono de Xi Ling figuraba como contacto del karaoke de la calle Carabobo en una revista de la comunidad china; se lo imputa como el supuesto responsable del pequeño arsenal hallado en la Renault Kangoo.
Pasar por Migraciones
En una escucha, Ya Tou explica una suerte de sociedad con su presunto jefe: "En cualquier calle hay un negocio nuestro, depende de 'A Di' -el alias de Yong Ye- y de mí, y tenemos participación en todos los negocios él y yo". Una nueva conversación retrata el reparto: "Tengo el 10 por ciento de participación, 'A Di', tiene otro 10 por ciento". En este sentido, para la Dirección de Migraciones, encabezada por Horacio García, el vínculo entre tráfico de ciudadanos chinos y las tríadas que operan en la Argentina se vuelve cada vez más evidente.
Este año, Migraciones aumentó sus controles de permanencia un 60% por con respecto al año pasado: de todos los procedimientos, la mitad fueron hechos en supermercados chinos. En lo que va de 2016, al menos 25 ciudadanos chinos, todos ellos oriundos de la provincia de Fujían, fueron expulsados de la Argentina cuando se detectó que habían ingresado de forma ilegal al país por pasos clandestinos, de cara a un promedio de apenas cinco expulsados anualmente en la última década. Usualmente, el Estado absorbe el costo de los pasajes de vuelta a China.
La expulsión, por otra parte, no es inmediata. "Puede tardar tres meses o tres años", apunta una fuente en Migraciones. Cada caso, por su parte, abre un expediente en el fuero contencioso administrativo federal. Se cobra una caución de 50 mil pesos para que la persona siga el proceso en libertad. Una fuente en el organismo asegura: "Cuando se encuentra a chinos, casi siempre aparecen abogados particulares para defenderlos y siempre se paga la caución, cosa que no pasa con inmigrantes de otras nacionalidades". La fuente del dinero, en el cálculo de sospechas de varios funcionarios, no provendría de otro lugar que de la mafia misma.
Los "cabezas de serpiente", paseros en China que se dedican al negocio de la inmigración ilegal, son señalados como los principales responsables, con Brasil y Ecuador con los principales puntos de ingreso en el continente. Al llegar a estos países, los viajeros entran tras un largo periplo a la Argentina, usualmente por Salta, Jujuy, Misiones o Corrientes. Hay una vista frecuente en el edificio amarillo del organismo en Retiro, el área de Control de Permanencia: ciudadanos chinos que se reconocen como infractores, que cruzaron al país ilegalmente. Los acompañan gestores locales que cobran en cada paso del proceso.
Para muchos inmigrantes, caer en el chantaje de un "cabeza de serpiente" implica un desconocimiento de la ley argentina que puede beneficiarlos. Por ejemplo, a comienzos de este año, Migraciones encontró a una joven de 16 años que había cruzado de forma ilícita al país: sus dos padres vivían aquí hace años, con DNI argentino. Por lo pronto, ya hay tres funcionarios de Migraciones capacitándose con efectivos de la Policía de la República Popular China.