Dimensionar el problema no era tan sencillo. En la Argentina, el narcotráfico fue rara vez puesto en números oficiales y a la vez confiables en los últimos años. El silencio y la relativización estadística durante el kirchnerismo también incluyeron la problemática de las drogas a nivel judicial. Esta semana, la Procuración de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal presentó algo casi inédito en este sentido: un relevamiento completo de los expedientes que tramitan en la Justicia federal de todo el país. Creada en 2013 por Alejandra Gils Carbó, la PROCUNAR, hoy encabezada por el fiscal federal Diego Iglesias, se encarga de ofrecer asistencia técnica en la materia a investigadores de todo el país, para conectar causas y lograr condenas. Tuvo éxitos recientes: participó en la captura de dealers elevados a juicio en la investigación de la tragedia de Time Warp y fue instrumental en el proceso que llevó al encarcelamiento del juez federal salteño Raúl Reynoso, preso hoy por ayudar a traficantes como Delfín Castedo.
Para su informe, PROCUNAR relevó con su área de Análisis y Planificación Operativa la esfera de dominio del MPF en el territorio. La cuenta incluye todo el espectro de delitos contemplados en la ley 23.737 y el artículo 866 del código aduanero, desde tráfico de drogas de gran envergadura hasta consumidores detenidos por unos pocos gramos, con información sobre cómo son iniciadas, cuáles son los distritos con mayores estadísticas, entre otros factores. En, en sí, una muestra de hacia dónde van la Justicia y las fuerzas de seguridad en su supuesta guerra contra las drogas. Hubo, para empezar, 22020 causas en todo el país: las drogas representan el 44% de la carga de la Justicia federal.
Hay un punto que influye de forma clave en el estudio: la Ley de Desferalización, que quita de la esfera judicial federal a los delitos menores de drogas como tenencia simple para concentrarse en ventas mayores. La provincia de Buenos Aires fue la primera en adherir en diciembre de 2005. Córdoba la siguió en diciembre de 2012. Salta lo hizo también a comienzos de 2014. Provincias como Formosa, Chaco y Entre Ríos adhirieron posteriormente.
A grandes rasgos, no hubo grandes variaciones en el reparto nacional del fuero federal, una escalada, tampoco un descenso de cara a la publicitada guerra del kirchnerismo contra el narcotráfico: 2013 y 2014 tuvieron los mismos valores.
A nivel nacional, la tenencia para consumo personal y la tenencia simple, a pesar de la existencia del fallo Arriola de la Corte Suprema, representan el 50% de las causas narco, un problema que ya fue reportado varias veces por el fiscal Federico Delgado con estadísticas de sus propios turnos policiales. El 62% de los expedientes de la Argentina vienen por la acción preventiva de la Policía y otras fuerzas de seguridad. "Esto está profundamente relacionado con la preponderancia de delitos menores", asegura el informe, con causas iniciadas "dada la persecución de casos de flagrancia". Las conclusiones del informe son especialmente críticas en este punto.
La densidad poblacional porteña y la falta de desferalización de delitos menores le dan a CABA la mayor estadística nacional: el 36% de las causas narco del país está en suelo porteño, más de 8 mil expedientes que ocupan el 47% de la tarea del fuero federal. No hubo sobresaltos estadísticos con respecto a años anteriores: se mantiene desde 2012 en un promedio similar.
El problema de la tenencia para consumo y simple se repite: se lleva el 55% del volumen de expedientes. Desde 2013 hasta 2015 las causas por comercio bajaron de un 49% a un 39%. Tenencia para consumo personal aumentó un 12% con respecto al año pasado. Las fuerzas de seguridad se hacen sentir: 70% de las causas se inician por "tareas preventivas". Fallo Arriola o no, el 91%, casi la totalidad de las causas por consumo personal vienen de manos de la Policía y otras fuerzas en la esfera porteña.
La provincia de Buenos Aires, a pesar de haber desfederalizado los delitos menores donde no se incluye tampoco el comercio minorista, tiene estadísticas llamativas en el estudio de PROCUNAR. En sí, representan el flujo narco de gran volumen. De nuevo, no hubo saltos cuánticos: hubo 1055 casos el año pasado, el porcentaje fue de 11% en el total del fuero federal, idéntico a 2014.
Bahía Blanca tuvo 37 casos narco el año pasado, un número que se mantuvo con respecto a 2014. Subió, de todas maneras: en 2013 la cifra era casi la mitad. En sí, el fuero federal bahiense parece tener otros problemas; las causas narco representan solo el 7% de la tarea. Las causas por comercio aumentaron un 10% en dos años.
En el conurbano norte, Tres de Febrero y San Martín tuvieron 99 expedientes el año pasado. Campana, jurisdicción del juez Adrián González Charvay, tuvo 80. El distrito de Morón, en el oeste, 146. En el sur, el 87% de las causas de droga fueron por consumo, un leve incremento con respecto al año pasado. Lomas de Zamora es un distrito particularmente problemático: 323 causas en 2015. Mar del Plata tuvo 85.
Santa Fe, a pesar de su crisis de violencia, bajó sus números narco un 5% desde 2012. De todas formas el fuero federal tiene el 67% de su carga ocupada por causas de estupefacientes.
Las estadísticas sin ascensos no son generales en todo el país en cuanto a las provincias respecta. La ruta camionera de la marihuana paraguaya, con el kilo a más bajo precio del continente, siente el impacto. Corrientes fue escenario de varios operativos de drogas este año. La tendencia, por lo visto, va para arriba: en 2014, hubo 321 causas narco, el año pasado, 417.
La ruta de la cocaína boliviana pasa por el noroeste. Jujuy es un primer paso. Hubo 555 causas en 2015. El 30% fueron por comercio. Hoy, el fuero federal de esa provincia tiene un 64% de causas narco: el número aumentó 12% en cinco años. Las causas para consumo personal, por otra parte, subieron marcadamente.
Salta, al haber adherido a la ley de desfederalización en enero de 2014, permite ver los números del comercio más claramente. Hubo 321 casos el año pasado. Orán, ex jurisdicción del juez Reynoso, es la más caliente dada su proximidad a la frontera con Bolivia: 190 expedientes en 2015. Las causas por comercio representan el 60% en toda la provincia, un 6 por ciento menos que en 2014.
En Tucumán, la muerte del cura Juan Viroche tiene a las amenazas de traficantes como una de las principales hipótesis: lo cierto es que las causas por estupefacientes aumentaron desde 2013. En 2014, hubo 503 en toda la provincia; llegaron a 675 el año pasado. Casi la mitad fueron por comercio.