La Fiscalía de la ciudad de Buenos Aires parece estar decidida a ir contra de Uber, la empresa de choferes que desde que desembarcó en Argentina el 12 de abril recibió numerosos ataques por parte de la Justicia y de los conductores de taxis.
En una continuación de lo que fueron los procedimientos durante ese mes, cuando se abrió la causa de oficio, se realizaron este jueves por la mañana 13 allanamientos simultáneos a las oficinas de la empresa, sus gerentes y algunos de sus choferes.
Según explicaron a Infobae fuentes judiciales, hubo nueve operativos en las casas de los choferes -"socios"-, tres en las de los gerentes y uno en las oficinas ubicadas en Maipú al 500. De la casa de los conductores se secuestraron celulares, documentación bancaria y una computadora. La jueza Claudia Alvaro no autorizó que se secuestraran los autos.
De las oficinas fue donde más cosas se llevó la Fiscalía: aproximadamente 20 computadoras, un server "importante", dos teléfonos celulares y carpetas con documentación de la empresa.
Sin embargo, esto no impediría que el servicio deje de operar ya que no es desde este lugar donde trabaja la página web.
Pero el dato que se destaca de estos nuevos procedimientos es que el fiscal de la causa, Martín Lapadú, pedirá nuevas imputaciones tanto para los choferes como para los gerentes que prevén penas de prisión.
En el primer caso, se los acusará por la infracción del artículo 74 del Código Contravencional ("exceso en el límite de la licencia") que indica que al momento de hacerles la multa estaban transportando un pasajero pero la licencia que poseían era para conducir auto particular. Esto tiene pena de hasta diez días de prisión y dos años de inhabilitación para conducir.
Por el lado de los gerentes, se les imputará la contravención del artículo 73, que es violación de clausura, porque desde abril que está clausurada la página y la aplicación pero la empresa continuó con la actividad, es decir, violan la clausura. Esto se pena con hasta 20 días de prisión e inhabilitación por dos años.
Actualmente, los choferes están imputados por lo que indica el primer párrafo del artículo 83 del Código Contravencional, que prohíbe la actividad lucrativa en espacio público y la pena es una multa. A los gerentes, en cambio, se les aplica el segundo párrafo que es la organización de la actividad lucrativa y también es penado con una multa.
"El objetivo primordial es el cese de la contravención y por otro lado la acusación para aplicar una pena a los responsables", explicó una fuente de la investigación.
Otro dato que marca cómo seguirá la causa es que hace veinte días la Fiscalía le pidió a la jueza Alvaro el bloqueo total de la aplicación, es decir, en todo el país. En abril la magistrada había permitido el bloqueo parcial (dentro de la ciudad de Buenos Aires) pero no se pudo llevar a cabo porque las empresas de internet acusaron que no podían solamente bloquear una parte, sino que debía ser total. Ante el pedido de extenderlo a todo el país, la jueza se negó y la Fiscalía apeló. Ahora será la Sala II de la Cámara la que deberá resolver sobre esta cuestión.
La polémica Uber en el Congreso
El bloque Justicialista presentará su rechazo a la aplicación junto a asociaciones de trabajadores taxistas, quienes consideran que la empresa realiza una "actividad ilícita" que "atenta contra las fuentes de trabajo y la seguridad de los usuarios".
Por eso, el bloque presentará a través de un proyecto de Declaración su "firme rechazo" a la actividad de Uber en la Argentina. En una reunión en la Cámara baja, los diputados se manifestaron "a favor de los trabajadores taxistas y de la suspensión inmediata de esta forma de precarización laboral que lleva a la desregulación del transporte de pasajeros".
Participaron del encuentro Omar Viviani, secretario General del Sindicato de Peones de Taxis; Enrique Celi, presidente de la Unión de Propietarios de Taxis; Julián Amado, secretario de Propietarios de Autómoviles con Taxímetro; Luis Fernández Ageitos, presidente de la Asociación de Taxistas de Capital; Alfredo De Natale, presidente de la Unión de Propietarios y Mandatarios de Taxis (UPYMRA) y Horacio Bertinotti, vicepresidente de UPYMRA.
"Vamos a tomar cartas en el asunto desde el Congreso, no deben quedar dudas de que este tipo de actividades son perjudiciales para nuestra sociedad", afirmó el presidente del bloque, Oscar Romero. Y remarcó: "No queremos más retrocesos en material laboral".
"Nos preocupa que no se quieran respetar las normas de nuestro país, hay que resguardar la seguridad de los usuarios", agregaron los diputados justicialistas, y señalaron que "cualquier transporte de pasajeros debe cumplir con las normas de seguridad y estar en regla".