El gobierno de María Eugenia Vidal impulsa un proyecto de ley que incluye penas de hasta 60 días de cárcel y multas de hasta $ 30.000 para familiares de alumnos que maltraten, insulten o agredan a docentes y no docentes en el ámbito de escuelas públicas y privadas provinciales.
La iniciativa, que ingresó ya a la Legislatura bonaerense y cuenta con el aval de los gremios docentes, incorpora al Código de Faltas provincial como artículo 74 bis penas de "arresto de 5 a 30 días o multa de entre el 50 y el 100 por ciento del haber mensual del oficial subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la provincia de Buenos Aires" al agresor de un docente. El haber de ese uniformado ronda los 12.000 a 15.000 pesos.
La sanción alcanza "a quien invocando un vínculo con un alumno, dentro del establecimiento educativo (…) hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional e intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no".
También a quien "insulte" a un docente o auxiliar "o provoque escándalo", a quien "ejerza actos de violencia física", "perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa" o "ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente". Las penas también alcanzarán a quien arroje "un elemento de cualquier naturaleza" a un trabajador de la educación "contra un bien de utilidad educativa", con lo que se incluye a los edificios escolares.
La sanción se duplicará en caso de que las agresiones y raptos hostiles se cometan frente a los estudiantes.
"Nos están quemando escuelas, que fueron un lugar sagrado. Antes, al guardapolvo blanco de un docente, al igual que al del médico, se lo respetaba. Pretendemos que se sepa que hay un Estado al que le interesa que se juzgue la agresión", subrayó el director general de Educación, Alejandro Finocchiaro.
El funcionario de Vidal reconoció que la iniciativa "no es la solución a todos los males" y que es necesario "hacer un fuerte trabajo cultural para rejerarquizar la labor docente y su rol en la sociedad". "Es un cambio cultural que llevará tiempo y lo haremos formándolo, capacitándolo, revalorizando las prácticas docentes", afirmó al presentar el proyecto a la prensa en su despacho en la sede educativa provincial en La Plata.
"Queremos que se sepa que queremos cuidar a los docentes, que si logramos que se paguen dos multas o que tres agresores estén tres días presos, lo habremos logrado, vamos a usar esta ley para instar las causas, vamos a jorobar", sentenció.
La violencia de padres y familiares, según Finocchiaro, "es algo que está sucediendo cada vez más, y hace 20 años no pasaba y el Estado no puede renunciar a intervenir ante estos hechos".
El último episodio resonante de estas características ocurrió el pasado 23 de junio, en la Escuela Secundaria N°22 de la localidad bonaerense de Zárate, cuando una docente fue brutalmente golpeada por cuatro alumnas y familiares de una de ellas. El detonante se produjo después de que la profesora le quitara el teléfono a la estudiante por hablar por celular en plena clase.
La brutal golpiza, que incluyó hasta una lluvia de pedradas al auto de la docente, tuvo como respuesta una huelga de los profesores de la escuela frente a la falta de garantías de seguridad en la comunidad educativa. La protesta había sido encabezada por los gremios Udocba y Soeme, que denunciaron entonces la inacción de las autoridades.