Caso Ariel Malvino: "Nos faltó un apoyo de Cancillería"

"Si no están para sostener a la víctima de un homicidio cometido en otro país…", dice Alberto Malvino, dejando en suspenso la pregunta sobre el rol de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que en estos años no le brindaron el apoyo debido.

Con admirable paciencia y entereza, Malvino vuelve a relatar la odisea que han vivido él y su esposa desde que su hijo Ariel, de 21 años, fue cruel y gratuitamente asesinado a golpes en Ferrugem, un balneario cercano a Florianópolis.

El mismo relato que hicieron una y otra vez ante los medios y ante funcionarios argentinos de la Cancillería que se limitaron a enviar al cónsul a informarse en el juzgado brasileño y a veces ni siquiera eso. "Estoy lleno de tarjetitas con escuditos de gente con cargos rimbombantes…", dice el padre de Ariel. "Ahora apunto a que me ayuden a alto nivel, en la instancia que se viene".

Malvino se refiere al hecho de que, cerrada finalmente la etapa de instrucción, en los próximos días se escucharán los alegatos y la jueza deberá tomar una decisión: absolución o condena.

Recordemos que, en la madrugada del 19 de enero de 2006, Ariel, entonces hijo único de Alberto Malvino y Patricia Martín, fue víctima de un homicidio en ese caserío sobre la playa que es Ferrugem, a 100 kilómetros de Florianópolis. Aparentemente, el joven se topó con una pelea callejera y dijo: "¿Así nos portamos los argentinos cuando salimos al exterior?", un comentario que desató la reacción asesina de otros tres turistas argentinos, amigos entre sí, y coejecutores del crimen.

Ariel no quería pelear con ellos, al contrario, estaba retrocediendo ante las patadas que le lanzaba Andrés Gallino, cuando Horacio Pozo le asestó arteramente un puñetazo en la nuca que le provocó el desmayo. En la caída, se fracturó la parte posterior del cráneo. No les alcanzó con eso. Mientras Ariel yacía en el piso, inerme y con convulsiones, pero aún con vida, Eduardo Braun Billinghurst tomó y le arrojó una piedra de 17 kilos a la altura del estómago.

Los tres jóvenes correntinos lograron huir del lugar sin ser retenidos por la policía. Ariel murió en un Hospital Regional al que fue trasladado. Sus asesinos abandonaron la posada en la que se encontraban, se fueron a otro balneario y unos días después regresaron a Corrientes.

El primer fiscal del caso, Fabio Fernández de Oliveira Lyrio, lo caratuló como homicidio calificado por alevosía y por la indefensión de la víctima. Pidió la prisión para los acusados e incluso apeló la decisión de la jueza de no dictarles la preventiva. Sin éxito.

El padre de Horacio Pozo era por entonces subsecretario de Turismo en la provincia de Corrientes. Renunció poco después del hecho. En el grupo de amigos que estaba en Ferrugem con los homicidas, se encontraba el sobrino de un ex gobernador correntino. Y la familia Braun Billinghurst pertenece a la "high society" provincial.

La estrategia defensiva de los tres correntinos fue negar todo: no conocían a Ariel, no participaron de ninguna pelea, no estuvieron allí. Pero las declaraciones de los testigos (al menos cinco) son categóricas y concluyentes: todos coincidieron en describir cómo fue la sucesión de golpes asesinos y todos reconocieron formalmente a los autores. La piedra que Braun Billinghurst descargó sobre Ariel era parte del ornamento de la vereda de la posada Mauna Loa y la Policía la incautó y precintó como prueba.

La defensa, en cambio, sólo pudo presentar lo que se llama "testigos de conducta", es decir gente que da fe de sus antecedentes y vida previa, pero que de ningún modo puede refutar los dichos de los testigos presenciales del crimen.  Por si no bastaba con todo eso, años después se sumó el testimonio de una joven que se alojaba en el mismo lugar que los correntinos y fue testigo del momento en que estos vuelven a la posada y les cuentan a sus amigos lo sucedido.

Pruebas contundentes que vuelven más incomprensible aún la dilación por parte de la justicia brasileña en la instrucción del caso.

En referencia a lo ocurrido en los distintos estamentos judiciales a lo largo de más de 10 años, Malvino dice: "Resulta difícil reducirlo a un solo adjetivo; hubo negligencia, arbitrariedad, incapacidad, desprecio hacia los padres de la víctima, soberbia y morosidad, todo lo cual nos ha ocasionado un martirio imposible de olvidar".

Como deudos de la víctima, los Malvino no tuvieron ningún derecho en el proceso; su abogado fue considerado un mero "asistente de la acusación". Los sucesivos fiscales –con excepción del primero- no consideraron necesario informarlos de nada. Incluso hoy, ante la inminencia de los alegatos, no tienen cómo saber cuál será la estrategia de la acusación. Como si no fuese de su incumbencia. La fiscal ni siquiera se dignó informárselo al último cónsul argentino que la visitó, hace unas semanas.

Huelga aclarar que los autores del homicidio –a los que inexplicablemente la policía brasileña dejó ir aquel día- han gozado de absoluta libertad en estos diez años. Las tres indagatorias de que fueron objeto tuvieron lugar en Corrientes, mediante exhorto. Aún en caso de una condena, su situación no cambiará en lo inmediato: podrán apelar y, visto el tiempo que ha insumido hasta ahora cada medida procesal, la perspectiva es sombría.

A lo largo de estos años, la justicia dispuso tres indagatorias a los acusados (2007,2010 y 2013) en las cuales éstos repitieron lo mismo. Idéntico resultado tuvieron las nuevas testimoniales a los testigos, innecesarias, considerando que no había contradicciones entre ellos ni dudas. Esas reiteraciones no invalidaron las pruebas que desde el inicio estaban en la causa, ni sumaron nuevos elementos; sí tuvieron el terrible efecto de la dilación, de prolongar al infinito la angustia de un padre y una madre que le prometieron a Ariel que habría justicia.

Una dilación totalmente funcional a la defensa y a la impunidad de los imputados.

La fiscalía brasileña, además, no propuso una sola medida para hacer avanzar la causa. "Durante 10 años ofició como secretaría del juez", dice Malvino.

A la pregunta de por qué tan escasas medidas procesales insumieron sin embargo una década entera y unos meses más, responde: "Es muy sencillo. Porque toda testimonial o indagatoria, tenía el siguiente circuito: juzgado brasileño en Garopaba, traducción al español, Ministerio de Justicia en Brasilia, Embajada Argentina en Brasilia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, remisión a Corrientes, Salta, Río Cuarto, Buenos Aires, etc. –según domicilio de los testigos-, sorteo de juzgado, toma de testimoniales o indagatorias, Cancillería argentina, Brasilia, traducción al portugués, Juzgado de Garopaba…"

En esa travesía, hubo una excepción: un viaje que realizaron Alberto y Patricia a Brasil llevando a cinco de los testigos, en un intento de dinamizar el proceso. Casi resulta en vano: al llegar a Garopaba, les dicen que la jueza se había olvidado de notificar a la defensa que, obviamente, pidió la nulidad de la medida. Afortunadamente le fue negado el recurso.

"Así pasaron 10 años –resume el padre de Ariel-. Finalmente llegamos. En los próximos 20 días, se deben presentar los alegatos para que la jueza resuelva: absolución por insuficiencia de pruebas, lesiones graves seguidas de muerte u homicidio agravado por alevosía". En la tercera alternativa, habrá un juicio por jurados.

"¿Cómo puede ser que no tengamos el derecho de saber si la actual fiscal sostendrá la acusación inicial? –pregunta y se repregunta Alberto Malvino-. ¿Cómo puede ser que la propia fiscal anticipe con total desparpajo que si los acusados apelan, serán necesarios 'tiempos considerables' para la resolución? ¿Qué esperanza tenemos?  A Ariel lo perdimos para siempre. Sólo nos resta no 'fallarle'. El día aquel le prometimos que habría justicia".

Tras la muerte de Ariel, los Malvino adoptaron un niño, Luca, que hoy tiene diez años, la edad de la ausencia del hermano al que sólo conocerá por el recuerdo de sus padres.

Desde que empezó esta pesadilla, una década atrás, pasaron tres cónsules argentinos por Florianópolis; uno de ellos se sinceró con los Malvino: tenía orden superior de no meterse más en la causa, porque se trataba de un asunto penal. Cuesta entender qué interés de Estado podía verse afectado por una intervención de la Cancillería en este tema. Es de gobiernos civilizados el cuidar la vida de sus ciudadanos, dentro y fuera del territorio nacional.

"(El ex canciller Héctor) Timerman nunca me recibió y a la actual (Susana Malcorra) le escribí pero no me respondió", dice Malvino.

En función de lo sucedido hasta ahora, no tiene muchas esperanzas. Y teme además que, aun si hubiera un fallo condenatorio, vendría la etapa de apelaciones y una nueva, eterna, demora.

Con el nuevo gobierno, Malvino fue recibido por el Director General de Asuntos Consulares, pero nada cambió. "En Cancillería me prometen un seguimiento y el seguimiento es que vaya el cónsul a que le digan cuáles son las tres alternativas que tiene la jueza. Para eso leo el código procesal brasileño y listo. No sabemos ni siquiera cuál será el alegato de la fiscal porque no se dignó a informárnoslo. Ni al cónsul le dio indicios de lo que va a hacer".

Por eso ahora el padre de Ariel espera una ayuda al más alto nivel para que el caso no se vuelva a empantanar entre traducciones y exhortos.

"Tengo 63 y ya no me quedan tantos años para vivir con esta mochila", dice.