Los aumentos de agua empezaron a llegar y los reclamos siguen sin respuesta

Primero fueron las subas de luz. Después, las de gas. Ahora, las facturas que llegan con fuertes aumentos son las de agua. En las últimas semanas, consorcios, hogares y negocios empezaron a recibir las boletas con incrementos de hasta 375 por ciento.

El caso de los incrementos en el servicio de agua tiene un agravante: los caminos para lograr una factura más baja son apenas dos. O se aplica para recibir una tarifa social o se intenta bajar el consumo. Ninguno es sencillo de lograr.

Debido a los estrictos requisitos fijados por el gobierno nacional, se estima que apenas un 3% de los usuarios tiene hoy una tarifa social. La situación se ve agravada porque la mayoría de los habitantes ni siquiera tiene la posibilidad de reducir su consumo para pagar menos. Según estadísticas de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), nueve de cada diez usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano no tienen un medidor de agua. Es decir que abonan lo mismo si consumen un litro o diez mil.

Si apenas tienen medidores 273.000 usuarios del total de 2.809.625 a los que AySA les da servicio, ¿cómo se calcula la factura para el resto de los clientes? La respuesta surge de una compleja fórmula que pondera el tipo de vivienda, su superficie y la zona en que se encuentra, entre otros factores. Al no tener medidor, el consumo de agua de la vivienda no es tomado en cuenta para el cálculo.

Aún si la dirección tiene el aparato que registra el consumo, reducir el uso de agua en un hogar puede no ser suficiente para que baje la factura. Muchos edificios reciben la factura de agua a través de su consorcio, que luego se encarga de dividir el monto final e incluirlo en las expensas de cada vivienda. Si sólo una casa hace el esfuerzo de bajar el consumo, es probable que los efectos no se vean reflejados en la cifra final. Es necesario que todo el edificio se sume a la iniciativa.

Subas que duelen

A fines de marzo, el gobierno nacional anunció que las subas de agua tendrían un tope de 375 por ciento. Por los casos que pudo comprobar Infobae, el porcentaje se cumplió. Pero una cosa es oír el promedio y otra cosa verlo impreso en la factura.

Por ejemplo, Adela -una jubilada que vive hace 25 años en el mismo PH de tres ambientes en Almagro- pasó de pagar $218,33 en abril a $770,94 este mes. Con su jubilación mínima, le es imposible pagar todos los aumentos. "Me dijeron que no puedo tener la tarifa social porque cobro la pensión de mi esposo muerto y supero el mínimo. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Mudarme para poder pagarla?", dijo a Infobae.

Quienes viven en departamentos no la tienen más fácil. Un consorcio de Villa Urquiza, por ejemplo, pasó de pagar $2.283,08 a 7.229,58 pesos. La suba tuvo un fuerte impacto en las expensas, a lo que se le sumó además el incremento salarial dispuesto para los encargados.

Un vecino de Acassuso, partido de San Isidro, relató a Infobae un panorama similar en su edificio. Hace dos meses, la factura de agua era de $5.964,58. Este mes, la cifra se disparó a 18.658,36 pesos. Como el edificio fue construido en los últimos años, no tienen gas domiciliario. La calefacción y la cocina funcionan a electricidad. La combinación de los aumentos de la luz, el agua y las expensas fue un combo duro de digerir para todos los departamentos.

Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres, cuantificó en promedio en 375% los aumentos en las boletas de agua. En diálogo con Infobae, explicó que generalmente en los edificios el suministro ingresa por una vía principal a todos los departamentos. Es por ello que la empresa le cobra el consumo al consorcio, que divide el gasto entre todos los dueños y locatarios de acuerdo al porcentual de metros cuadrados. Esto puede provocar, por ejemplo, que un inmueble que estuvo vacío termine abonando más de agua que uno en el cual estuvo viviendo una familia.

"Los aumentos en las tarifas se están notando mucho. En el agua, en la luz, en el gas… La verdad que las subas son muy grandes y las pequeñas correcciones que ha realizado el Gobierno demuestran un grado de improvisación importante. No hicieron audiencias públicas, no llamaron a especialistas y tampoco consultaron a ninguna asociación de consumidores", reflexionó.

Y agregó: "Este Gobierno se está manejando solamente con los pedidos que le han efectuado los representantes de las empresas que, en general, son los mismos que forman parte del Gabinete".

Un reclamo opacado por las quejas por la luz y el gas

En las últimas semanas, los exorbitantes aumentos de electricidad y gas domiciliario fueron protagonistas de todas las noticias. En el sur del país, las quejas incluso llegaron a la calle con marchas y originales protestas, como el "remerazo" de Esquel.

En las últimas semanas, el gobierno nacional y la Justicia tomaron una serie de medidas para paliar el efecto de los aumentos de ambos servicios. Pero los incrementos del agua quedaron fuera de la mayoría de ellos.

Este martes, Mauricio Macri oficializó el tope de 400% a las subas de gas domiciliario anunciado la semana pasada. Un día antes, el Presidente había anunciado una reducción del 40% a los aumentos de electricidad aplicado a los clubes de barrio.

A las medidas del Poder Ejecutivo se le sumaron además diversos fallos de jueces de todo el país que hicieron lugar a los recursos de amparo presentados contra los aumentos. La mayoría de ellos sirvió para frenar las subas del gas o la luz. Pero pocos tuvieron en cuenta el incremento del agua. Uno de los pocos que lo hizo fue la jueza Edith Irene Rota, quien ordenó frenar todos los "tarifazos" en La Matanza.