Conocida la noticia de que el presidente Alberto Fernández le pidiera la denuncia al ahora ex ministro de Salud Ginés González García a raíz de conocerse de que el periodista Horacio Verbitsky se vacunó en el Ministerio de Salud por fuera del calendario oficial de inmunizaciones contra el COVID-19, emergen en paralelo los hechos y clarososcuros de una gestión que duró 1 año y dos meses, precisamente 437 días marcados en gran medida por la irrupción global del COVID-19.
Ginés González no participaba de las conferencias de prensa más importantes para comunicar la estrategia epidemiológica del Gobierno, ni tampoco viajó a Rusia para lograr que llegaran las primeras partidas de la vacuna Sputnik V. Todas estas alternativas sucedieron por orden directa de Alberto Fernández.
Según el rastreador británico de estadísticas en tiempo real Our World In Data, Argentina aplicó hasta el momento a 635 mil dosis de vacunas contra el COVID-19, lo que implica 1.41 dosis por cada 100 personas. Se trata de uno de los puntos más criticados de la gestión del funcionario, en contraposición a la velocidad de vacunación que han imprimido países vecinos tales como Chile, que en pocos días vacunó a más de 2.38 millones de personas con la vacuna de Pfizer, 12.43 dosis por cada 100 personas.
El acuerdo de Pfizer que no fue
En julio de 2020, Ginés anunció que Argentina era elegida por el laboratorio farmacéutico más grande del mundo, Pfizer, para llevar adelante en nuestro país el trial o ensayo clínico de su vacuna contra el COVID-19. Las expectativas eran altas, se movieron recursos científicos y logísticos para que este gran anuncio implique una ventaja competitiva para Argentina, que se esperanzaba en ese momento en poder contar con millones de dosis antes que otros países por aportar voluntarios a este gran test. Finalmente esta innovadora vacuna con tecnología de punta de ARN mensajero logró una eficacia del 92%, de acuerdo a datos de la campaña de inmunización realizada en Israel. El problema fue que el gobierno argentino, cuyas negociaciones encabezó Ginés González García, no llegó a un acuerdo con la compañía, y no cuenta con ninguna dosis de este inoculante, más allá de las que se aplicaron a los participantes del estudio de Fase III.
“No entendemos las exigencias de Pfizer, pareciera que no le tienen fe a la vacuna”, afirmó Ginés el 28 de diciembre. La campaña de vacunación comenzó el 29 de diciembre con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, con la vacuna rusa Sputnik V. Al día de hoy no hay novedades en relación a las negociaciones con Pfizer.
“Si con alguna firma ha sido generosa la Argentina, ha sido con Pfizer. Les ofrecimos la estructura para que hicieran el estudio clínico acá, hubo condiciones contractuales para las cuales hicimos una ley y hubo alguna cosa de la ley local que no encaja con lo que ellos quieren. Y la verdad es que es muy difícil para nosotros hacer otra ley, más allá de que no sería lo más digno para un país”, repasó el ex ministro hace tres meses.
En ese momento, la farmacéutica -la más grande a nivel global- anunció que la Argentina era seleccionada para testear la vacuna contra el coronavirus, porque habían pasado las pruebas iniciales de seguridad en Alemania y Estados Unidos y que había sido autorizada a avanzar a pruebas de eficacia por la Administración Federal de Drogas (FDA), la agencia del gobierno estadounidense encargada del control de los medicamentos.
Tras un extenso análisis de profesionales de varios países del mundo, el laboratorio eligió a un grupo de investigadores argentinos, encabezados por el experimentado infectólogo argentino Fernando Polack, director de la Fundación Infant y con 25 años de experiencia en enfermedades de las vías respiratorias, para llevar adelante el mayor ensayo clínico en el mundo, fuera de los dos países productores de la vacuna (EEUU y Alemania), con 6000 candidatos a participar del mismo.
El estudio clínico fue un éxito y la vacuna fue aprobada por la ANMAT en Argentina, la FDA en EEUU y por varias agencias regulatorias en el mundo. Pero el acuerdo por la provisión de las vacunas naufragó por diversas razones.
Ginés González García reveló las razones que impidieron alcanzar el acuerdo con el laboratorio Pfizer, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados el 3 de febrero último y aseguró que la intolerancia de la compañía “fue extrema”.
En ese sentido, detalló que las complicaciones surgieron a raíz de la ley aprobada por el Congreso que reglamentaba la compra y aplicación de las vacunas en el marco de la emergencia sanitaria. “Esa ley tuvo un pronto despacho, creo que salió por unanimidad. Y hubo un agregado al proyecto original, que estaba en la potestad de los diputados, vinculado al tema de la negligencia que hizo que cuando les remití una nota para querer firmar el acuerdo, Pfizer me dice que con ese artículo no lo puede firmar”, explicó el ex funcionario.
Concretamente, se refirió al artículo 4 de la ley 27.573 que faculta al Poder Ejecutivo a incluir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias” pero con “la excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.
“Obviamente, les mando una carta diciendo que aparecían nuevas condiciones en la negociación, que me parecía una cosa muy difícil”, continuó, e insistió en que Pfizer puso su mayor énfasis en el tema de la negligencia. “No querían que directamente estuviera la palabra”, agregó. González García luego explicó que pidieron ayuda a la Secretaría de Legal y Técnica para ver si existía alguna forma de adecuar la ley a las necesidades de Pfizer a través de la reglamentación de la ley. Pero esta alternativa no resultó viable sin modificar el espíritu de la ley. La sanción de la Ley de Vacunación contra el COVID-19 dejó a varios de los involucrados en la redacción heridos.
“Queríamos adecuarnos a cualquier condición, siempre que no significara resignar soberanía o cambiar las leyes”, dijo. Por otro lado, el ex ministro especuló con que se trató de “una estrategia” de la empresa para no comprometerse a hacer una entrega ya que no tenían las vacunas suficientes. En ese sentido, señaló que han tenido problemas y retrasos en muchos países.
“Lamentablemente, Pfizer se comportó muy mal con nosotros y no tuvo ninguna correspondencia con la actitud que nosotros tuvimos, primero en hacer el ensayo clínico, ley específica”, concluyó.
Compra de millones de dosis a AstraZeneca
El 7 de noviembre último, AstraZeneca anunció la firma del acuerdo para el suministro de la vacuna COVID-19 (AZD1222) para Argentina en el marco de la lucha contra la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, lo que supuso una nueva victoria de la cartera de Salud en su afán por dotar al país de vacunas contra la pandemia.
El contrato inicial era por 22,4 millones de dosis de la potencial vacuna, desarrollada conjuntamente por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que comenzará a distribuirse durante la primera mitad de 2021. Luego se ampliaría a principios de este año a 1,2 millones de dosis más, totalizando 23,6 millones de dosis.
En agosto pasado, el presidente Alberto Fernández anunció que la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca/Oxford iba a ser producida por un laboratorio privado en la Argentina y que estaría lista para el primer semestre de 2021. Acompañado por el entonces ministro de Salud Ginés González García y por la Secretaria de Salud Carla Vizzotti, Fernández detalló: “Es una gran alegría, en Argentina AstraZeneca eligió al laboratorio mAbxience que será el productor del reactivo de la vacuna. Es un reconocimiento a la calidad de los laboratorios argentinos. México será el encargado de envasar la vacuna y completar el proceso de producción”.
Pero las vacunas, que son producidas en Argentina y luego son enviadas a México donde otro laboratorio se encarga de fraccionarla y envasarla, todavía no llegarán hasta marzo, lo que retrasa la etapa vacunatoria en el país.
Ley de fibrosis quística
Gines, en julio de 2020, fue desautorizado por el Presidente. Había cuestionado en duros términos la iniciativa de fibrosis quística -e incluso calificó como “inaplicables” muchos artículos- por considerar que cargaría sobre el sistema de salud el costo de un tratamiento estimado en 300.000 dólares por paciente por año y que iba a generar más problemas que soluciones.
Sin embargo, y en contraposición a lo manifestado por el entonces ministro, Alberto Fernández reclamó la sanción de la iniciativa que finalmente el Senado convirtió en ley por amplia mayoría y que obliga a las obras sociales y prepagas la inclusión del tratamiento de la fibrosis quística, enfermedad crónica y congénita que provoca la generación de mucosidad en los pulmones y el tubo digestivo.
Estrategias epidemiológicas y las PASO
El ex ministro de Salud se refirió este último miércoles a la polémica en relación a los que pretenden modificar el calendario electoral en virtud de la pandemia de coronavirus.
Ante la pregunta de Luis Novaresio en Radio La Red, el funcionario que está a cargo de administrar las políticas públicas contra el COVID-19 aseguró que no están dadas las condiciones para votar en agosto, mes para el cual están previstas las elecciones primarias.
“Es absolutamente innecesario. No puedo decir ahora cómo va a ser la situación en agosto, pero es evitable”, planteó. En ese sentido, dijo que hay que abstenerse en la medida de lo posible de hacer actividades que congreguen a muchas personas. “Estamos tratando de vacunar a mucha gente. Cualquier agrupamiento genera ampliación de la transmisión”, agregó el funcionario.
“Es muy difícil ser categórico. El conocimiento (sobre el COVID-19) está cambiando. En India pasaron de 100 mil contagios diarios a 10 mil y no tienen ninguna explicación”, analizó el ex ministro, quien además advirtió que es “muy difícil” decir cuándo podría haber un rebrote de la enfermedad. Al respecto, se mostró optimista y dijo que la situación sanitaria actual es un poco mejor de lo que creían entre las fiestas del Fin de Año y el comienzo del 2021.
“La situación es estable con tendencia a bajar”, aseguró Ginés al comienzo del diálogo con La Red. Indicó que efectivamente hay una inclinación “leve a bajar los casos de internación y de casos de contagio”. “Estamos menos peor de lo que tuvimos miedo en la primera quincena de enero. Está pasando en todo el país. Es un diagnostico nacional. No quiere decir que no podamos bajar los brazos”, alertó.
Se podría decir que a pesar de que la pandemia por COVID-19 logró que se acondicione y mejore el sistema sanitario argentino a partir de la compra de insumos, respiradores, ampliación de más de 4 mil camas de terapia intensiva en todo el país y la creación de hospitales de campaña para hacer frente al SARS-CoV-2, también selló el destino de un funcionario que con sus declaraciones y decisiones marcó su presente político. No se trataba de su primera incursión en la administración pública: ya se había sentado frente a la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires entre 1988 y 1991; luego fue ministro de Salud y Ambiente durante 2002 a 2007 y fue de 2007 a 2015 embajador de Argentina en Chile.
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