El debate alrededor de la objeción de conciencia médica y el aborto: ¿beneficia o perjudica a las mujeres?

Por Valeria Román

La objeción de conciencia es el derecho a negarse a realizar acciones que contrarían las creencias personales o religiosas. Empezó a ser reconocido en personas que se negaban a participar en el servicio militar o en guerras hace más de tres siglos. Desde los años setenta, se aprobaron normas en el mundo que reconocen el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales médicos que no quieren realizar abortos legales y otras prácticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

Recientemente, un informe de la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres advirtió que el uso de la objeción de conciencia por parte de profesionales de la salud en 70 jurisdicciones está amenazando el acceso a la atención médica de las mujeres.

En la Argentina, después de que el aborto legal obtuviera la media sanción en la Cámara de Diputados el 14 de junio pasado, existen campañas diversas y hasta opuestas en las redes sociales. Una iniciativa es promovida por médicos que se comprometen a no abandonar a las mujeres que quieran abortar. La otra campaña fue impulsada por médicos objetores. Además, hay clínicas privadas que presionan por la "objeción de conciencia institucional", aunque el proyecto de ley local ya contempla el derecho a nivel individual.

Más allá de lo que piense cada médico, la pregunta es: ¿el derecho a la objeción de conciencia protege o daña los derechos de las mujeres?.

Por el mundo                                                                                                                                  
El informe de la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres, con sede en Washington D.C., Estados Unidos, se basó en la consulta a 45 expertos de 22 países, que incluyó a cuatro profesionales de la Argentina.  En las conclusiones, se pide a los gobiernos y a las agencias internacionales que impulsen una regulación más estricta de la objeción de conciencia para limitar su impacto negativo sobre el derecho humano a la salud de las mujeres, y que nunca permitan que las instituciones se nieguen a la atención.

Entre otras situaciones, en el reporte global se menciona que en Italia 7 de cada 10 ginecólogos se rehúsan a practicar abortos legales en base a la objeción de conciencia. En Chile, donde el año pasado se sancionó una ley sobre interrupción legal del embarazo por causales, también hay centros hospitalarios enteros que se niegan a brindar atención a los abortos permitidos.

En Uruguay, donde el aborto es completamente legal en un plazo de 12 semanas  -que se extiende hasta la 14 si la mujer fue víctima de una violación-, el 80 por ciento de los profesionales de las zonas rurales o del Norte del país rechazan la prescripción de fármacos para interrumpir el embarazo. En los Estados Unidos, 1 de cada 6 hospitales están relacionados con las creencias católicas y "están gobernados por directivas que contradicen la evidencia médica y prohíben una gama de servicios de salud reproductivos, incluyendo el aborto", según el informe.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), se había recomendado el año pasado que los países deben hacer políticas que apoyen la educación integral en materia de sexualidad, la consejería sobre planificación familiar, y el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto legal sin riesgos para las mujeres. Porque la evidencia indica que son medidas eficaces para prevenir embarazos involuntarios y abortos peligrosos. Además, en la guía técnica sobre abortos sin riesgos que la OMS había publicado en 2012 se mencionaba: "Cada profesional de la salud tiene el derecho de negarse por razones de conciencia a realizar abortos, pero ese derecho no lo faculta para impedir o negar el acceso a servicios de aborto legales porque demora el cuidado de las mujeres y pone su salud y su vida en riesgo. En dichos casos, los proveedores de salud deben derivar a la mujer a un proveedor capacitado y dispuesto dentro del mismo centro o a otro centro de fácil acceso, de acuerdo a la ley ".

El caso argentino                                                                                                                            
En la Argentina, un grupo de clínicas privadas encabezadas por el Hospital Universitario Austral salió a manifestarse en contra del proyecto de ley que aprobó el 14 de junio pasado la Cámara de Diputados. Si lo aprueba el Senado, la ley reconocerá que las mujeres y las personas gestantes tengan derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive, sin necesidad de explicitar las razones de la decisión. Luego de ese plazo, las causales siguen vigentes tal como lo estaban en el Código Penal desde 1921 con el agregado de la causal de "inviabilidad fetal extrauterina".

Sólo podrán eximirse de la obligación de realizar el aborto seguro cuando hayan manifestado su objeción previamente, de manera individual y por escrito. Pero directivos de instituciones de salud locales  como el Hospital Universitario Austral, la Clínica San Camilo, las clínicas Santa Isabel, Bazterrica, y del Sol – administradas por la prepaga Omint-, presionan por la objeción de conciencia institucional.

Consultado por Infobae, el jefe de obstetricia del Hospital Universitario Austral, Ernesto Beruti, argumentó: "Somos un hospital comprometido con la vida desde su fundación. Seguimos las reglas de la Iglesia Católica sobre cuestiones de salud sexual y reproductiva. Estamos de acuerdo con la objeción de conciencia a nivel individual. Pero si se sanciona el proyecto de ley que aprobó Diputados, nadie hará abortos en este hospital. Por eso, queremos la objeción de conciencia institucional. Podemos derivar los casos de las mujeres que los pidan. Pero no queremos que se nos obligue a hacerlo".

"El profesional de la salud que se basa en el derecho de objeción de conciencia busca la excepción para sí mismo, sin cuestionar la validez de la norma", explicó a Infobae Marcelo Alegre, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de New York, Estados Unidos, y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Además, el doctor Alegre comentó: "Sin embargo, a veces utilizan la objeción de conciencia para desbaratar una norma, y eso ha ocurrido con los abortos no punibles, autorizados por el Código Penal en la Argentina desde 1921. Si daña el derecho a la salud de otras personas, la objeción de conciencia deja de ser un escudo para la protección individual y pasa a ser una espada que lastima a otra persona. En algunos hospitales, se ha usado la objeción de conciencia como un ejercicio del poder de jefes de servicio sobre sus subordinados".

En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina exhortó a las autoridades sanitarias de todo el país a contar con un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia, sin que se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la mujer. Fue en la sentencia del emblemático fallo F.A.L.

En el mismo reporte de la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres, se menciona también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se guía por los estándares establecidos por la Corte Constitucional de Colombia, en 2009. Esa Corte se expidió a raíz del caso de una adolescente de 13 , que había sido violada, y que no pudo acceder al aborto seguro porque se lo negó un hospital. Y aclaró que el derecho a la objeción de conciencia es sólo para individuos, no es para instituciones.

Por lo tanto, cuando un médico alega objeción de conciencia tiene la obligación de remitir de forma inmediata a otro médico, para que pueda realizar el procedimiento y debe brindar toda la información sobre la interrupción voluntaria del embarazo que requiera la mujer.

Ese registro deberá ser entregado a la autoridad sanitaria local para que pueda organizar el sistema para derivar a otros centros en tiempo y forma, hacer capacitaciones, o llamar a concursos para contar con profesionales de la salud.

"El registro será una herramienta de gestión sanitaria, que evitará que la objeción de conciencia dañe los derechos de las mujeres", dijo a Infobae la abogada Agustina Ramón Michel, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo e investigadora adjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), que es la institución que creó la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS). Además, la doctora Ramón Michel subrayó que hay profesionales de la salud que usan la objeción de conciencia por desconocimiento sobre los derechos de las mujeres o por el temor a sanciones informales en ambientes profesionales hostiles.

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