Créditos de carbono: Chile va por US$ 6.000 millones y Argentina corre el riesgo de quedarse afuera

La Argentina podría generar entre US$ 1.400 millones y US$ 3.900 millones anuales por exportaciones de créditos de carbono, pero la demora en implementar los mecanismos previstos en el Acuerdo de París amenaza con limitar ese potencial. Mientras Chile proyecta inversiones por US$ 6.000 millones y Perú avanza en acuerdos internacionales, el país todavía no registra convenios bilaterales ni transferencias internacionales de resultados de mitigación bajo el Artículo 6.2. La advertencia fue planteada por la Mesa Argentina de Carbono (MAC), tras su participación en la Medellín Climate Week 2026, en Colombia.

El contraste regional se profundiza a medida que los países avanzan en la creación de condiciones para atraer compradores e inversiones. Chile ya cuenta con acuerdos de cooperación con Suiza, Japón y Singapur, y trabaja en proyectos de movilidad eléctrica, almacenamiento de energía, sustitución de combustibles y biogás. Según información difundida por Carbon Pulse, el país prevé alcanzar entre 17 y 18 cartas de autorización para proyectos del Artículo 6 hacia fines de 2026. Los US$ 6.000 millones corresponden a inversiones potenciales futuras, no a fondos ya desembolsados.

Perú también busca posicionarse en este mercado mediante proyectos forestales y de conservación, especialmente en la Amazonía. El país identificó 66 medidas de mitigación y avanzó en herramientas institucionales para ampliar los proyectos. Además, ya emitió una carta de autorización en el marco de su acuerdo bilateral con Suiza y prevé otras once vinculadas con acuerdos con Suiza y Singapur. Estos avances podrían facilitar el acceso a financiamiento internacional y generar ingresos asociados a la reducción de emisiones.

Compradores que miran hacia otros destinos

La competencia no se limita a la capacidad de los países para desarrollar proyectos: también depende de las condiciones que ofrecen para concretar las operaciones. En octubre, una importante aerolínea latinoamericana y una compañía regional de infraestructura eléctrica preparaban una alianza para financiar proyectos de carbono en América Latina. Entre los mercados que concentraban inicialmente su interés figuraban Chile, Colombia, Perú y Brasil. En tanto, las conversaciones previas que mantuvieron para adquirir créditos de un proyecto argentino habían perdido impulso ante la falta de avances nacionales en la implementación del Artículo 6.

Este escenario expone el costo potencial de la demora regulatoria. Cuando los compradores necesitan certezas sobre autorizaciones, plazos y condiciones para utilizar los créditos, pueden inclinar sus decisiones hacia países que ya cuentan con procedimientos definidos. El Artículo 6 del Acuerdo de París establece mecanismos de cooperación internacional para cumplir objetivos climáticos y, en su apartado 6.2, permite transferir resultados de reducción o remoción de emisiones entre países, con reglas destinadas a garantizar la integridad ambiental y evitar la doble contabilización. Para operar, los países deben establecer sistemas de autorización, registro, seguimiento y contabilidad.

El mercado puede involucrar proyectos de energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, agricultura, ganadería, forestación y conservación de bosques, entre otras actividades. Según antecedentes difundidos por la MAC, los créditos comercializados bajo mecanismos del Artículo 6 pueden alcanzar precios entre dos y cinco veces superiores a los de determinados segmentos del mercado voluntario, dependiendo de las condiciones de cada operación. Esa diferencia puede mejorar la viabilidad económica de iniciativas que necesitan financiamiento para desarrollarse.

En el caso argentino, estimaciones del Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería, difundidas previamente por la MAC, calculan un potencial de al menos 131,4 millones de créditos de carbono anuales, con ingresos por exportaciones de entre US$ 1.400 millones y US$ 3.900 millones. Se trata de cifras potenciales, sujetas al desarrollo y la certificación de los proyectos, la demanda internacional, los precios y las condiciones regulatorias. Para transformar esa capacidad en negocios concretos, el país necesita reglas claras, transparencia y previsibilidad, además de compatibilizar las transferencias internacionales con sus propios compromisos climáticos.

La discusión ya tuvo un avance legislativo: el 8 de septiembre, las comisiones técnicas del Senado aprobaron un proyecto de ley que permitiría al país acceder a estos mercados, pero la iniciativa todavía no fue tratada en el recinto. La Mesa Argentina de Carbono reclama que se incorpore a la agenda parlamentaria para avanzar en un marco que facilite la participación argentina. Tras los intercambios con representantes de Brasil, Chile, México y Colombia en Medellín, la entidad sostiene que la cuestión excede la política climática: está en juego la competitividad, la llegada de inversiones, el desarrollo federal y la generación de divisas. Mientras otros países construyen los mecanismos para captar capital internacional, la Argentina enfrenta el desafío de convertir sus recursos naturales y capacidades técnicas en oportunidades económicas reales.