Argentina habilitó una nueva levadura transgénica para producir bioetanol con mayor eficiencia

La comercialización de una nueva levadura genéticamente modificada, destinada específicamente a la producción de bioetanol combustible a partir de maíz, fue autorizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, mediante la Resolución N° 171/2026. Según la información oficial, la nueva levadura fue diseñada para responder a los desafíos de la producción de etanol, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos, incrementar los rendimientos y reducir los costos asociados a la elaboración del biocombustible.

La evaluación estuvo a cargo de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), que determinó que la nueva levadura no representa un riesgo adicional para el agroecosistema respecto de su contraparte no modificada, siempre dentro del uso previsto para la producción industrial de bioetanol.

Un nuevo esquema para los biocombustibles espera ser tratado en el Senado

La discusión por el futuro de los biocombustibles avanzó en el Senado con un dictamen de mayoría, que propone modificar el régimen vigente y elevar los porcentajes de mezcla obligatoria. La iniciativa establece que, 12 meses después de la eventual sanción de la ley, el corte de bioetanol pasará del 12% actual al 15%, mientras que el biodiésel utilizado en gasoil y diésel oil subirá del 7,5% al 10%. El proyecto también extiende hasta 2036 el período de transición para las pequeñas y medianas empresas del sector.

En el caso del bioetanol, el nuevo esquema contempla una participación diferenciada para las dos principales materias primas utilizadas en su elaboración. Del corte total del 15%, un 6% corresponderá al etanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% al elaborado con maíz, mientras que el 3% restante quedará sujeto a un mecanismo de competencia entre oferentes. La medida impactaría especialmente en las provincias vinculadas a la producción de bioetanol de caña, como Tucumán, Salta y Jujuy, y en Santa Fe, por su peso en la cadena del biodiésel elaborado a partir de aceite de soja.

En biodiésel, el dictamen establece que el corte obligatorio avanzará del 7,5% al 10% luego del primer año de vigencia de la eventual ley. La propuesta diferencia entre empresas integradas y no integradas y establece cupos para estas últimas con el objetivo de preservar su participación y evitar una concentración excesiva. El cupo para las empresas no integradas comenzaría en el 6,5% del mercado y disminuiría progresivamente hasta alcanzar el 3% en 2031. Además, ninguna compañía podría acceder a más del 10% del cupo correspondiente a ese segmento.

El proyecto contempla una transición extendida hasta 2036 para facilitar la reconversión del sector. A su vez, incorpora límites generales a la concentración: ninguna empresa podrá superar el 20% del volumen correspondiente.

El cambio tendría impacto directo sobre las cadenas de maíz, caña de azúcar y soja y podría redefinir el peso de los biocombustibles dentro de la matriz energética nacional.