Baja de retenciones al agro: “una señal positiva”, aunque “persisten desafíos estructurales”

La Fundación Mediterránea presentó el informe “Menos retenciones al agro: alivio fiscal acotado y desafíos pendientes”, elaborado bajo la coordinación de Juan Manuel Garzón, responsable de la sección Agroindustrial de la entidad. Allí se analizó el impacto económico y fiscal de la reciente reducción de derechos de exportación anunciada por el Gobierno nacional para distintos productos agropecuarios.

El trabajo señala que la medida constituye “una señal positiva para el sector y va en la dirección correcta”, al reducir parcialmente “el impuesto más distorsivo que enfrenta el agro argentino”. Sin embargo, advierte que los derechos de exportación no son la única carga tributaria que afecta a la actividad, ya que también existen impuestos nacionales, provinciales y municipales que impactan sobre los costos, los márgenes y los incentivos de inversión.

Según el informe, en el caso de los cereales la reducción tendrá un efecto particularmente relevante para trigo y cebada, cuya alícuota bajará de 7,5% a 5,5% desde junio de 2026. Los economistas señalaron que este cambio mejora los precios netos esperados y fortalece la capacidad de pago de la exportación, en un contexto donde las decisiones de siembra y adopción tecnológica son muy sensibles a las expectativas de rentabilidad.

No obstante, la entidad aclaró que el impacto inmediato sobre la campaña 2025/2026 será limitado, debido a que la medida alcanzará principalmente a los saldos remanentes aún sin precio fijado. En cambio, estimó que el efecto será más significativo sobre la próxima campaña, ya que las decisiones productivas y comerciales para el nuevo ciclo comienzan a definirse en estas semanas.

En relación con la soja, el estudio remarcó que la baja de retenciones comenzaría recién en enero de 2027 y tendría una aplicación gradual. “La señal es importante porque se trata del principal complejo exportador del país y de uno de los sectores donde la carga de DEX continúa siendo más elevada”, sostiene el documento. Aun así, la Fundación Mediterránea consideró que, incluso en los escenarios más optimistas, la carga tributaria seguirá siendo alta y que el objetivo de fondo debería ser la eliminación definitiva del impuesto.

En materia fiscal, las estimaciones preliminares del trabajo indican que el costo directo de la reducción en cereales no superaría los USD 30 millones durante 2026, mientras que en 2027 rondaría los USD 90 millones. Para la soja, el impacto dependerá del ritmo de reducción aplicado: podría ubicarse entre USD 300 millones y USD 600 millones anuales. En conjunto, la menor recaudación estimada equivaldría a entre 0,06% y 0,10% del Producto Bruto Interno proyectado para 2027.

El informe también puso el foco en la experiencia histórica de reducción de retenciones durante el período 2016-2019. Allí recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri los derechos de exportación para trigo fueron eliminados inicialmente, aunque luego volvieron a incrementarse debido a las restricciones fiscales y financieras. “La experiencia 2016-2019 deja una lección importante: la dificultad no es solo bajar DEX, sino sostener la baja en el tiempo”, advirtió la entidad.

Finalmente, la Fundación Mediterránea planteó que la reducción de retenciones debería complementarse con una agenda tributaria más amplia que involucre tanto a Nación como a las provincias. En ese sentido, propuso avanzar también sobre tributos distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos, para reforzar el impacto positivo sobre la competitividad del sector agropecuario y consolidar un esquema de mayor estabilidad macroeconómica e integración comercial.