Argentina tras la COP29: desafíos para su agenda climática

La lucha contra el cambio climático continúa siendo uno de los mayores desafíos globales, y Argentina, como parte activa de la comunidad internacional, enfrenta retos cruciales para cumplir con sus compromisos climáticos tras la reciente COP29 celebrada en Bakú, Azerbaiyán. Un informe elaborado por Florencia Bonanno y Julio Calzada de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destaca que, a medida que el calentamiento global avanza y las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos se hacen más evidentes, el país debe responder tanto a sus compromisos nacionales e internacionales como a las crecientes demandas del mercado global y las normativas ambientales internacionales.

El estudio de la BCR puntualiza que el cambio climático es un fenómeno causado principalmente por la actividad humana, en particular por la quema de combustibles fósiles, que libera gases de efecto invernadero (GEIs) en la atmósfera. Estos gases alteran el equilibrio climático global, generando fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, tormentas, sequías e inundaciones, cuyas consecuencias ya son evidentes en diversas partes del mundo. Según la NASA, las temperaturas globales alcanzaron en 2024 los niveles más altos en la historia reciente, con récords de calor durante 15 meses consecutivos. Este fenómeno afecta no solo a los países más vulnerables, sino a todo el planeta.

En este contexto, la comunidad internacional ha intensificado sus esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a sus impactos. La COP29, como evento central dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), fue una plataforma clave para avanzar en compromisos globales y fortalecer la cooperación internacional.

La Constitución Nacional de Argentina establece el derecho a un ambiente sano como un derecho fundamental, lo que ha llevado al país a desarrollar una serie de leyes y políticas para garantizar la protección del medio ambiente y la adaptación al cambio climático. Entre estas se destacan la Ley General del Ambiente (2002), la Ley de Bosques Nativos (2007) y la Ley de Gestión de Residuos (2004), que constituyen los pilares para la gestión ambiental del país.

Además, en 2019, Argentina presentó su primer Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que fue actualizado en 2023 con metas más ambiciosas hacia 2030. Este plan establece medidas para reducir las emisiones de GEIs y para adaptar los territorios, sectores y comunidades más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.

En cuanto a los compromisos internacionales, Argentina ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1994 y ha continuado participando activamente en acuerdos globales como el Protocolo de Kioto (2001) y el Acuerdo de París (2015), comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en línea con los objetivos globales.

Independientemente del informe estructural elaborado por la BCR, la posición política del gobierno del presidente Javier Milei, fue contundente: retiró a su delegación de la 29ª conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas (COP29) que se celebró en Bakú, dando un giro respecto de la postura que durante décadas mantuvo el país, que fue una de las principales voces latinoamericanas en foros como las Conferencias de Partes (COP) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Para los expertos de la BCR, la COP29 fue un evento clave para la consolidación de compromisos internacionales sobre cambio climático. Uno de los avances más destacados fue el acuerdo alcanzado entre los países desarrollados para movilizar 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035, destinados a apoyar a los países en desarrollo en la lucha contra la crisis climática. Además, se acordó aumentar la financiación climática hasta 1,3 billones de dólares anuales para 2035, como parte del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación Climática (NCQG), que forma parte del Acuerdo de París.

Otro logro importante fue la creación de un marco más claro para los mercados de carbono, que permitirá la creación, comercialización y registro de créditos de carbono, lo que facilitará la cooperación internacional para cumplir con las metas de reducción de emisiones.

En términos de adaptación, la COP29 también avanzó en la evaluación de los progresos alcanzados por los países en el desarrollo de sus Planes Nacionales de Adaptación (NAP), con un enfoque especial en los países más vulnerables. Además, se adoptó la Hoja de Ruta de Bakú sobre Adaptación, que busca mejorar la implementación de políticas de adaptación y definir indicadores para evaluar los avances.

Otro aspecto relevante fue el compromiso sobre la integración de la perspectiva de género en las políticas climáticas, con la ampliación del Programa de Trabajo de Lima sobre Género y Cambio Climático por otros diez años.

El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que, a pesar de los avances internacionales, Argentina enfrenta importantes desafíos climáticos que requieren de acciones urgentes tanto a nivel nacional como en el marco de sus compromisos internacionales. Dos áreas clave se destacan:

• Compromisos internacionales y la Tercera Contribución Nacional Determinada (NDC): En el contexto del Acuerdo de París, Argentina se encuentra trabajando en la Tercera Contribución Nacional Determinada (NDC), que debe ser presentada próximamente. El país se comprometió en 2016 a limitar las emisiones de CO2 a 483 millones de toneladas para 2030. Sin embargo, en 2020, una segunda NDC redujo este objetivo a 359 millones de toneladas para el mismo año. Ahora, con los compromisos de otros países como Reino Unido y Brasil de reducir sus emisiones en un 81% y 67% respectivamente para 2035, Argentina deberá fortalecer sus metas climáticas para mantenerse alineada con los objetivos globales de reducción de emisiones.
• Adaptación a nuevas normativas ambientales internacionales: En un marco global donde las regulaciones ambientales se están volviendo más estrictas, Argentina debe adaptarse a las nuevas exigencias internacionales. Un ejemplo clave es la normativa 2023/1115 de la Unión Europea, que entrará en vigencia en 2025, y que prohíbe la importación de productos provenientes de zonas deforestadas, lo que impacta directamente a sectores clave de la economía argentina, como la soja, la carne bovina y la madera.