El contexto global de precios es el mismo para todos los agricultores del planeta: cotizaciones deprimidas, insuficientes, con gran impacto negativo en los márgenes de las empresas no importa dónde estén ubicadas. La diferencia está en el tratamiento que reciben esos hombres de campa por parte del Estado.
Mientras en la Argentina se descuentan derechos de exportación a precios que ya vienen muy castigados, el presidente estadounidense Joe Biden firmó un proyecto de ley de financiación gubernamental provisional durante el fin de semana que exige el pago rápido de 10.000 millones de dólares a los agricultores para amortiguar los precios más bajos de los commodities y los altos costos de producción.
Los productores de granos finos y gruesos estarán en la lista para recibir hasta 250.000 dólares cada uno en función de los llamados pagos de asistencia económica, y la legislación ordena al USDA llevarlos a cabo dentro de los 90 días posteriores a la promulgación de la ley, es decir antes de fines de marzo. Según estimaciones preliminares, el aporte incluye 47.5 dólares por hectárea para el trigo, 107 dólares para el maíz y 70 dólares para la soja. Junto con estos pagos de asistencia económica, el proyecto de ley suma 20.800 millones de dólares en asistencia por situaciones de desastre para la agricultura.
Los grupos agrícolas aplaudieron el otorgamiento de más de 30.000 millones de dólares en asistencia federal. Para muchos farmers, en el caso de desastre “esto será la diferencia entre sembrar otro año o salir del negocio”, enfatizó la American Farm Bureau Federation (AFBF). Sin embargo, desde la Unión Nacional de Productores advirtieron que “los agricultores y ganaderos merecen algo mejor”, en obvia alusión a la promulgación de un nuevo proyecto de ley agrícola a principios de 2025. Coincidiendo con la idea, la AFBF indicó que la extensión de la ley agrícola ofrece demás un breve respiro a los legisladores para ir por una herramienta modernizada que brinde apoyo adecuado para la gestión de riesgos.
Es cierto, la ayuda no llegará a todos. “El Congreso envió un mensaje claro a los agricultores: algunos de ustedes importan, otros no”, se quejaron desde la Coalición Nacional de Agricultura Sostenible, hablando en nombre de los pequeños agricultores. Los 10.000 millones de dólares en asistencia económica se destinarán a aquellos farmers que ya son elegibles para subsidios agrícolas e indemnizaciones de seguros de cultivos.
Los establecimientos pueden calificar para recibir ayuda si el ingreso bruto de un producto elegible es menor que el costo de producción esperado, según el proyecto de ley. Los pagos tendrán un límite de 125.000 dólares para establecimientos cuyas operaciones agrícolas representen menos del 75% del ingreso bruto promedio de los años fiscales 2020 a 2022, mientras que cuando se supere ese límite se podrá aspirar a recibir un máximo de 250.000 dólares.
Hay que decir que los grupos agrícolas presionaron intensamente para que los legisladores negociaran este año un nuevo proyecto de ley que les diera certidumbre a los productores frente a una economía agrícola en declive. Medios estadounidenses destacan que la caída de los precios de los cultivos y la escasez de ganado han presionado los márgenes de los agricultores y las empresas agrícolas por igual, con despidos y otros recortes financieros que afectan a las comunidades rurales. A falta de una nueva ley agrícola, los productores exigieron una extensión que aliviara su situación, y la obtuvieron.
El presidente de Agricultura de la Cámara de Senadores, Glenn Thompson, anticipó que espera aprobar un proyecto de ley agrícola el próximo año que aborde el problema generado por la disminución continua de los ingresos del campo. Habla de alinear la red de seguridad agrícola con las necesidades de los productores, entre muchas otras políticas.
Las gremiales del campo argumentan que la asistencia financiera es vital para que los productores sigan teniendo liquidez positiva y obtengan préstamos en un entorno crediticio cauteloso. Muchos bancos han endurecido su política hacia el sector y han dificultado que más de un productor acceda a préstamos cuando más los necesita.
“Cualquiera que considere que brindar asistencia económica a los agricultores es un costo para nuestra nación está muy equivocado”, afirman desde el Bureau Agrícola de Texas. “Esto debe entenderse como una inversión necesaria para el futuro de nuestra seguridad alimentaria”.
Lo que menos agradó al sector respecto de lo decidido en el Parlamento estuvo vinculado con la suerte del etanol. La autorización para la venta durante todo el año de E15 era parte de una versión inicial bipartidista del proyecto de ley, pero se eliminó después de que Trump criticara la propuesta. Cualquier aspecto ligado a los biocombustibles es vitar para el agro.
Como reflexiones finales, lo ocurrido es una confirmación de cuán complicadas están las cuentas del agro, con consecuencias que se extienden a toda la cadena –por caso, las ventas de maquinaria se han caído sobremanera en Estados Unidos-. Además demuestra el valor de contar con agrupaciones gremiales de peso en los ámbitos legislativos.