Argentina puede contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

En Latinoamérica y durante los últimos 5 años se formuló el 22% de los créditos de carbono emitidos en todo el mundo, siendo la segunda región proveedora de reducciones de emisiones certificadas, especialmente por parte de proyectos en Colombia, Brasil y México. “Estos países, como así también recientemente Paraguay, cuentan con normativa vigente o en desarrollo para brindar seguridad jurídica para el desarrollo de proyectos de carbono”, explican desde la Mesa Argentina de Carbono.

Actualmente existen al menos 170 tipos de tecnologías para generación de créditos de carbono a través de la captura y reducción de emisiones, tanto del sector forestal y del uso del suelo, como de los sectores de las energías renovables, la eficiencia energética, los hogares y comunidades, la producción industrial, el transporte, la gestión de residuos y la agricultura.

Los proyectos vinculados a créditos de carbono tienen, por lo general, un impacto dual. Por un lado, contribuyen positivamente al ambiente al reducir, remover y capturar GEI y, por otro, también a conservar y utilizar de manera sustentable ecosistemas proveedores de productos y servicios a la sociedad y a la biodiversidad en general. “La creación de un entorno legal y transparente y la seguridad jurídica que éste otorga, tanto para el titular y el desarrollador como para los adquirentes de los créditos de carbono y otros actores que voluntariamente opten por involucrarse en esta área, posicionará a Argentina como un destino atractivo para inversiones en este sector” afirmó Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.

Desde 2005 el valor total de los mercados voluntarios fue de U$S 10 mil millones totales, mientras que sólo en los años 2021 y 2022 los valores anuales fueron de U$S 2 mil millones anuales, lo cual muestra su crecimiento. El valor de los mercados casi se cuadruplicó en 2021 y 2022 impulsado principalmente por proyectos del sector forestal y del agro, usualmente conocidos como Soluciones Basadas en la Naturaleza.

Cano destacó que “la Argentina tiene un gran potencial de no solo cumplir sus compromisos internacionales mediante mecanismos trazables, sino de ser proveedor de reducciones de emisiones al mundo. Si en Argentina se desarrollaran y certificaran proyectos de captura y reducción de emisiones en sólo el 10% de la superficie agropecuaria y forestal del país, podría estimarse preliminarmente que la comercialización de los certificados/créditos de carbono generados por estos proyectos podría representar ingresos totales por entre U$S 10 mil y U$S 14 mil millones.

“Si este cálculo se lleva al 50% de la superficie agropecuaria y forestal, puede asimilarse a los ingresos generados por los complejos productivos minero y de la carne y cueros”, subrayó el coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.

Los mercados de carbono son un mecanismo de reducción de emisiones mediante la gestión privada principalmente, utilizando herramientas de mercado. No requiere de inversión o financiamiento público, pero sí necesita que el Estado pueda garantizar las condiciones para que el sector se desarrolle.

“En la Argentina ya existen diversos actores que están voluntariamente llevando a cabo proyectos dirigidos a los mercados de carbono aún sin contar con un marco legal a nivel nacional. Una regulación adecuada y actualizada en este ámbito permitirá garantizar el necesario desarrollo de numerosos proyectos en diversos sectores” subraya Cano.

En octubre de 2024, la Mesa Argentina de Carbono presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer un marco legal e integral para la seguridad jurídica y la transparencia internacional de los mercados de carbono en el país. El proyecto se propone brindar la previsibilidad necesaria para potenciar las inversiones en el desarrollo de proyectos y la generación de créditos de carbono en la Argentina, posicionando al país en los mercados de carbono a nivel regional y global.

La iniciativa, que se presentó en ambas Cámaras (Diputados y Senadores), establece un marco legal claro y delimita la intervención gubernamental en el ámbito de los créditos de carbono. Así, la autoridad de aplicación podría beneficiarse de las herramientas tecnológicas para llevar a cabo un registro preciso de los créditos de carbono, contribuyendo así a la eficiencia y transparencia del mercado y cumplir así con los estándares de acceso a la información previstos en la legislación nacional e internacional.

En este contexto, “resulta imperativo desarrollar una estrategia sistémica e integral que coloque como premisa fundamental la mejora regulatoria como un compromiso continuo del sector público, abierto a la participación ciudadana. Esta estrategia debe incluir la reducción de trámites excesivos, la simplificación de procesos y la elaboración de normativas eficientes”, explicó Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono. Agregó que “el proyecto de ley propuesto limita la intervención gubernamental de manera eficiente y promueve la transparencia en el mercado de créditos de carbono, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la eficacia del Estado”.