Una y otra vez la misma historia

La Argentina es uno de los pocos países que cuenta con una actividad clave para los ingresos de su economía y se dedica sistemáticamente a boicotearla. A contramano de lo que indicaría la lógica más elemental, los sucesivos gobiernos se han encargado, con mayor o menor intensidad, de ponerle palos en las ruedas al campo, lo cual equivale a restringir su crecimiento y el de los dólares que ingresan al país cada año.

Estas limitaciones van desde las básicamente comerciales –retenciones, brecha cambiaria, cupos, precios “intervenidos”, volúmenes de equilibrio, FOB oficiales altamente dudosos y otras bellezas por el estilo, algunas de ellas removidas por el actual gobierno- hasta lo que puede considerarse como trabas productivas que llevan perder la chance de ampliar las cosechas.

En este último caso hay un vicio recurrente entre quienes deben legislar sobre temas vinculados con el agro y tienen escaso conocimiento del asunto: la obsesión con la aplicación de agroquímicos. Desde ya que puede encontrarse dentro del universo de contratistas y productores algún inconsciente que ponga en riesgo la salud de las poblaciones cercanas, pero la historia demuestra que se trata de casos aislados, casi exóticos, y que deben ser castigados con todo el peso de la ley. El resto, una abrumadora mayoría, es reconocida por su profesionalismo en el manejo de productos químicos.

Lo que está ocurriendo en La Pampa no es muy distinto de lo que hemos conocido en otras regiones de base agropecuaria del país. La historia cuenta que los diputados provinciales aprobaron el 30 de noviembre de 2020 la llamada Ley de Gestión Integral de Plaguicidas, que entre otros puntos establece una distancia respecto de los espacios urbanos de 3 mil metros para la aplicación por aire y de 500 metros para la aplicación terrestre. El punto es que ahora se pretende reglamentarla y ponerla en práctica, a pesar de sus muchos defectos.

Es tan cuestionable su enunciado que todos los dirigentes del agro argentino salieron a poner el grito en el cielo, desde la Sociedad Rural Argentina hasta la Federación Agraria, y desde Aacrea hasta Aapresid, pasando por todas las entidades gremiales y técnicas que puedan imaginarse. No solo se oponen a su reglamentación, directamente solicitan que se la derogue sin más trámite. Las razones por las cuales objetan esta ley son concretas. Su puesta en marcha perjudicará a la producción, atenta contra la propiedad privada y criminaliza a los productores. La norma adolece de un sustento técnico creíble, incrementa innecesariamente la carga burocrática e impacta en los números de la empresa agropecuaria, especialmente en el caso de pequeños productores.

Desde el Ministerio de la Producción pampeano avisaron que el gobierno está abierto a discutir la reglamentación, pero no piensa retroceder.”Esta instancia es de poner en marcha la ley que tenemos, elaborar un decreto que nos ayude en la tarea, y empezar a interactuar con los municipios y los profesionales. Más adelante habrá que evaluar cómo se está trabajando”, indicó una funcionaria de esta dependencia a un medio local. El escenario de prueba y error no parece el mejor camino cuando hay personas que salen perjudicadas.

Entre los agropecuarios la visión es diametralmente opuesta. La idea es trabajar en una nueva ley que cuide la salud, el ambiente y la producción de La Pampa, pero de manera racional y con base científico-técnica. Desde luego el problema principal radica en que se haya aprobado oportunamente un texto como el de esta norma, dejando abierta la posibilidad de que se reglamentara y aplicara en algún momento. Lo que queda es apelar a la buena voluntad de los legisladores para repensar lo hecho sin preconceptos carentes de sentido.

Se ha demostrado largamente que hoy por hoy no existe la chance de generar importantes volúmenes de alimentos sin el uso de agroquímicos. Por parte del agro y sus representantes corresponderá analizar cómo instrumentar cursos de acción ni bien empieza a sonar un tema delicado como este en determinados ámbitos de decisión. El campo suele no encontrar demasiados aliados cuando va en busca de justicia, y tiene una enorme batalla cultural por delante.