Un estudio realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) da cuenta de una de las mayores estafas registradas en la República Argentina. Se refiere a la quita que se realiza a los productores de una parte de sus ingresos, sin antecedentes de que al menos esta exacción termine en un beneficio para toda la población. A decir de un reconocido economista, el dinero generado por los derechos de exportación (DEX) aplicados al agro fue despilfarrado en corrupción, asistencialismo, empresas estatales deficitarias, gasto público improductivo y otras bellezas por el estilo, al menos hasta diciembre de 2023. Todo el país ha perdido; es imposible que funcione una economía en la que se transfieren recursos desde los sectores más productivos hacia actividades de baja eficiencia y pobres resultados.
Hablamos de un tributo que disminuye el ingreso recibido por el productor, distorsiona los precios relativos, altera la asignación eficiente de recursos en la economía, reduce la capitalización de los agroempresarios, desvaloriza la tierra agrícola, genera gran incertidumbre en la toma de decisiones, desalienta la inversión y adopción de tecnología, afecta la sostenibilidad de los sistemas productivos y pone un freno al crecimiento de la producción agropecuaria.
Los DEX implican una transferencia de ingresos hacia el Estado Nacional, que la BCCBA ubica en el equivalente a 14 qq/ha en el caso de la soja (1400 kg/ha), 10 qq/ha en el maíz (1000 kg/ha) y 4 qq/ha para el trigo (400 kg/ha), considerando las alícuotas vigentes. En semejante contexto debe enfrentar el campo los desafíos de la campaña 2024/25, una temporada signada por los bajos precios de los granos.
Hay que decir además que el 70% de la superficie cultivada en la Argentina se trabaja bajo alguna forma de arrendamiento, mayormente en quintales fijos. El cálculo de la BCCBA indica que de los ingresos que genera una hectárea de soja (precio de exportación por rendimiento promedio), el 33% se lo lleva el Estado Nacional, el 27,4% los costos directos de producción, el 27,1% el arrendamiento y el 13,7% los gastos comerciales (transporte y acondicionamiento). Por lo tanto, con los precios a cosecha vigentes, el resultado para la producción de soja en campo arrendando sería negativo considerando un rendimiento promedio (en torno de los 30 qq/ha).
El punto es que esta cuestión no le preocupa al Estado, que se presentará a reclamar lo que considera su parte del negocio, no importa lo que suceda con el productor. La BCCBA destaca que en los últimos 21 años el agro aportó más de USD 150.000 millones en concepto de derechos de exportación (a precios de septiembre de 2024 y considerando únicamente el complejo sojero, maíz y trigo).
La recaudación proveniente de este tributo alcanzó los valores más elevados durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto de altos precios de los granos. En segundo lugar, la gestión que más dinero extrajo del agro fue la de Alberto Fernández, promediando USD 29.900 millones. Le sigue la administración de Mauricio Macri, que en promedio obtuvo USD 22.257 millones y en cuarto lugar Néstor Kirchner con USD 18.790 millones. En lo que va de 2024, la gestión de Javier Milei lleva recaudado en concepto de DEX USD 5.680 millones.
Claramente los gobiernos intervencionistas tuvieron la suerte de convivir con precios granarios más altos, con la sola excepción de la administración de Néstor Kirchner. El valor más elevado para la soja (USD 662 promedio por tonelada) se dio durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La gestión de su esposo tuvo a su vez el precio más modesto (USD 413 promedio por tonelada). En lo que va del gobierno de Milei el valor promedió USD 432 por tonelada, ubicándose como el segundo peor escenario de la serie.
La esposa de Néstor Kirchner también disfruto de los valores promedio más altos de la serie para el maíz: USD 308 promedio. De nuevo, el precio más bajo le tocó a su marido: USD 186 por tonelada. Por cierto, hasta septiembre de este año el valor del cereal promediaba USD 194 por tonelada.
Como no hay dos sin tres, para el trigo el precio promedio más alto fue de USD 391 por tonelada, también durante el segundo mandato de CFK, mientras que en la actualidad la situación es sensiblemente más compleja, con USD 258 por tonelada en promedio.
Considerando que el agro invierte más de USD 13.800 millones por campaña, eso equivale a un monto superior a los USD 55.000 millones por período presidencial (cuatro años), monto similar a las primeras inversiones proyectadas por el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Es una inyección formidable para la economía, que ningún país sensato despreciaría poniéndole palos en las ruedas.
En el caso argentino hay un agravante más, encarnado en lo que se conoce como brecha cambiaria, que no solo dificulta el correcto funcionamiento de la economía, sino que también actúa como un impuesto adicional. El podio del oprobio está encabezado cómodamente por el tándem Alberto Fernández-Sergio Massa, cuando la brecha entre el dólar oficial y el blue promedió el 85%, según pone de relieve la BCCBA.
Respecto de la actual administración, dicha diferencia se posiciona en los niveles más bajos de los últimos cuatro años, promediando un 30% en lo que va de 2024. Es en alguna medida positivo, pero totalmente insuficiente. El agro debe percibir el valor de lo que produce en dólares reales, sin quitas ni manipulaciones ficticias. Del mismo modo los DEX son inaceptables en cualquier tiempo que sea, más aún cuando corren de la cancha al productor. Mal que le pese a algún funcionario, el hombre de campo seguirá reclamando la eliminación de este impuesto. Es un deber moral más que nada.