Otro caso testigo

Los bajos precios son un denominador común entre los agricultores del mundo por estos días. La diferencia con el hombre de campo argentino es que debe moverse en medio de una presión tributaria abusiva y una macro que aún no termina de corregirse. Es uno de los pocos que está obligado a resignar una parte sustancial de sus ingresos cuando su planteo lo lleva a sembrar soja, por ejemplo. En un contexto global complicado su situación es todavía más compleja. Es que al Estado no le importa si los números cierran o no.

A pesar de eso algunos siguen sin darse cuenta de que no es posible continuar tirando de la cuerda. Se les hizo un hábito. Es mucho más fácil que administrar a consciencia, bajar el gasto y dejar de lado el clientelismo que lleva a saturar de empleados una dependencia pública.

Luego de aquellos intentos de varios intendentes por extraer más recursos del campo mediante tasas municipales de dudosa validez, ahora en Necochea pretenden implementar lo que llaman Fondo Compensador Vial (Focovi), popularmente conocido como tasa portuaria. Fue presentado por un concejal ligado al peronismo, que dice pretender “abordar la problemática del daño ambiental y el deterioro de los caminos por la actividad agroexportadora”.

Este fondo demanda una tasa de USD 0.50 por cada tonelada ingresada a este puerto. Se sabe, el hilo se corta siempre por lo más delgado, encarnado en este caso por el productor agropecuario. En contra de lo que sostiene este concejal, cualquier costo adicional lo terminará absorbiendo el hombre de campo, como es usual. Es inaceptable en cualquier momento y menos que menos cuando las cuentas están muy apretadas o directamente en rojo.

Evidentemente la política pierde de vista una vez más el aporte que realizan las agroexportaciones a las arcas de la nación, las provincias y también muchos municipios. Lejos de valorarlo, la postura es seguir exprimiendo al campo. Pero además hay un pago por mantenimiento de caminos que no se estaría usando totalmente, lo que potencia la desconfianza de los productores respecto del verdadero fin de este proyecto.

Otro riesgo deviene de la futura evolución de esta tasa. “Hoy se habla de USD 0.50, pero más adelante lo pueden llevar a lo que se les ocurra”, se queja un agroempresario. Claro, es lo que sucede habitualmente en nuestro país.

El punto es que se recaudarían unos USD 4 millones anuales, que de un modo u otro van a terminar saliendo del sector productor de granos. Genera desconfianza la ausencia de un plan pensado respecto de la aplicación concreta de estos ingresos, lo cual alimenta las dudas de que el dinero será finalmente usado para otra cosa.

Los acopiadores de Necochea, Tres Arroyos y Balcarce también hicieron oír su queja. Dicen que en caso de aprobarse la tasa portuaria y llegar a ser judicializada, si se logra una medida cautelar que impida el pago de las exportadoras, estas igual podrían descontarle este gasto al productor, tan solo para cubrirse de lo que pueda ocurrir en un futuro no muy lejano.

Eso sin desconocer que buena parte de la producción que sale del país por Quequén terminará optando por elegir al puerto de Bahía Blanca como una opción más razonable. “Van a lograr un efecto contrario al que están buscando”, advierten.

Cuestionada años atrás, esta gabela vuelve a encontrar vía libre a partir de una determinación judicial relativamente reciente. Ahora el tema quedaría en manos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no es precisamente un aliado del agro.

Este es el cuento de nunca acabar. La puesta en marcha de medidas de este tipo abre la puerta a otras disposiciones de tenor similar, en un loop que no parece tener fin, a pesar de que se supone que el país ha entrado en una ruta de creciente desregulación, que tendría como objetivo quitar palos de las ruedas de aquellas actividades que pueden tirar del carro del progreso.

La Argentina es un país maniatado por una red burocrática que la ha condenado al atraso y a una lamentable pérdida de predicamento a nivel regional. A esa red se suma un aluvión de impuestos que castiga a quien genera recursos. Una población empobrecida es mudo testigo del cúmulo de errores cometidos desde hace décadas, a pesar de lo cual está claro que más de uno se siente cómodo en semejante escenario.