Aunque los números se enfriaron en las ruedas posteriores, el jueves pasado Chicago festejó con fuertes alzas la novedad que llegaba desde Brasil. El gobierno de Lula endureció las reglas para el uso de créditos fiscales del Programa de Integración Social (PIS) y de la Contribución a la Financiación de la Seguridad Social (Cofins). Así, los costos cambian y alguien tendrá que pagarlo dentro de la cadena. En el agro y la agroindustria hablan de un escenario de incertidumbre, que deja en la oscuridad a las tradings para determinar cuánto valen la soja y sus derivados. Por eso en principio se apartaron del negocio, y lo mismo hicieron los productores.
En general, cuando las empresas pagan PIS/Cofins en la compra de insumos pueden después recuperar esos montos a partir de descuentos en otros gravámenes. Ahora este mecanismo será restringido; probablemente tendrán que usar dinero propio para honrar impuestos que antes se evitaban, un costo que se trasladará aguas arriba en la cadena.
La medida provisional (MP) 1.227/2024 del gobierno brasileño prevé que estos créditos serán compensados sólo bajo el sistema no acumulativo, sin interactuar con otros gravámenes (“cruces”), excepto con deudas del propio impuesto. La norma entró en vigor de inmediato, si bien necesita la aprobación del Congreso en un plazo de cuatro meses para seguir siendo válida.
Para el agronegocio esta movida podría costar alrededor de USD 1800 millones anuales (R$ 10 mil millones por año). La cifra incluye un impacto estimado de USD 1.170 millones (R$ 6,5 mil millones) en PIS/Cofins acumulados en la industria de las oleaginosas y en la exportación de soja y derivados, USD 450 millones (R$ 2,5 mil millones) en compensaciones recibidas por el sector cárnico, USD 83.7 millones (R$ 465 millones) relacionados con las exportaciones de café y aproximadamente USD 72 millones (R$ 400 millones) reportados por el sector exportador de jugo de naranja.
La reacción fue inmediata. Todos aquellos vinculados con el campo y sus industrias apretaron los puños, porque en caso de ser aceptada por el Parlamento, la determinación oficial golpeará duramente la competitividad de las cadenas de soja y maíz de Brasil. De ahí la euforia en el mercado estadounidense la semana pasada, ante inversores que razonaron que esta medida llevará agua al molino de los granos gruesos generados en el país de las barras y las estrellas.
El entusiasmo de los norteamericanos devino en cautela el viernes siguiente, cuando comprendieron que son altas las probabilidades de que la MP sea rechazada por un Congreso fuertemente influenciado por intereses agrícolas. La bancada ruralista es la más poderosa expresión política de todas las que pueblan el Parlamento brasileño.
Como fuere, la rebelión de toda la cadena representa la última prueba en la frágil relación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el sector agroindustrial, y abre la puerta para futuros conflictos. Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los aceiteros. Desde Abiove, la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales, afirman que la medida los hará menos competitivos, penalizando a los productores de soja y poniendo en riesgo sus planes de inversión. “Destruirá valor en toda la cadena, genera un nuevo costo y obligará a bajar los precios pagados a los productores de soja en un 4-5%. Es una falta de respeto hacia una de las industrias más grandes de esta nación”.
Los industriales dicen que la decisión oficial fue sorpresiva y afecta los resultados de las empresas de la noche a la mañana, imposibilitándoles predecir los impactos económicos y financieros en sus operaciones. Desde luego, desalienta las inversiones en la industrialización de las oleaginosas.
Debido a que los procesadores de soja y los elaboradores de biocombustibles tendrán esencialmente costos impositivos más altos y márgenes más bajos, “se espera que los grandes ganadores sean sus equivalentes en la Argentina y Estados Unidos, aunque el alcance de ese cambio aún no está claro”.
ANEC y ANEA, que representan a los exportadores de granos y algodón, calificaron la medida como “un grave revés institucional”. Ambos pidieron al Congreso rechazar la norma de inmediato o abrir un amplio debate con las empresas para discutir su impacto. Los primeros representan el 74% de las exportaciones brasileñas de maíz y soja, los segundos convirtieron a Brasil en un exportador líder de algodón en el mercado mundial.
Por su parte, la poderosa Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) también pidió al Congreso Nacional rechazar íntegramente el texto de la MP, a la que calificó como inconstitucional. Según su vicepresidente, José Mário Schreiner, todos los productos agrícolas se verán afectados por la limitación del PIS/Cofins. “Quién pagará la cuenta indirectamente será el productor”, subrayó el directivo.
Pero la que no anduvo con vueltas fue Aprosoja Brasil, entidad que representa a los productores de soja del país. “Están surgiendo acciones que se asemejan a las retenciones argentinas, un país que destruyó su cadena agrícola en las últimas décadas y generó inestabilidad cambiaria e inflación descontrolada como consecuencia de este tipo de políticas distorsionadas”. Es lógico, lo que alarma es la chance de escalar con este tipo de medidas en Brasil.
¿Y los legisladores? El diputado federal Pedro Lupión (PP-PR), avisó que la restricción de los créditos PIS/Cofins es “una medida irresponsable” del gobierno. “Cambió las reglas del juego mientras el juego continuaba. La restricción recortará el precio de la soja recibido por el productor en unos USD 13 por tonelada, y también afectará el precio de la hacienda”, afirmó convencido. Por cierto, Lula necesitará un milagro para que esta medida impopular tenga larga vida.