
Un marco de cooperación para desarrollar acciones conjuntas de asistencia técnica, revisión de normas, estudios jurídicos y espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil es el punto central del convenio firmado entre la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) en la República Dominicana.
El acuerdo busca que ambos sectores trabajen juntos para mejorar las reglas, la transparencia y la confianza en las instituciones del país.
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Entre los compromisos asumidos, se encuentra el apoyo mutuo en la elaboración y revisión de proyectos de leyes y reglamentos, así como la realización de estudios, capacitaciones y conferencias.
El objetivo es abrir más espacios de conversación entre juristas, organizaciones sociales y la ciudadanía, para que las propuestas legales respondan mejor a las necesidades de la sociedad.
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El convenio tendrá una vigencia de dos años y cada actividad que se realice será organizada a través de protocolos específicos que establecen los objetivos, condiciones y tiempos de trabajo.
Además, el acuerdo no implica automáticamente gastos para las partes y prevé mecanismos de confidencialidad y seguimiento.
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Durante la firma, el presidente Luis Abinader expresó: “Este gobierno cree profundamente en el valor de una sociedad civil activa, crítica y comprometida. No vemos la participación ciudadana como un obstáculo. La vemos como una fortaleza de la democracia”. También subrayó que “las democracias no se sostienen solamente con elecciones, ni con discursos, ni siquiera con buenas intenciones. Se sostienen cuando existen instituciones fuertes, leyes legítimas y ciudadanos dispuestos a defender el interés general por encima de cualquier conveniencia particular”.

Abinader consideró que este acuerdo abre una nueva etapa de colaboración para fortalecer la transparencia, el respeto a la ley y la participación ciudadana.
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Reafirmó el compromiso de su gestión con la rendición de cuentas y el respeto a la independencia del Ministerio Público, al tiempo que destacó la importancia de la seguridad jurídica para la estabilidad económica y la confianza de la gente.
Por parte de Finjus, Rafael del Toro Gómez remarcó la disposición de la fundación para trabajar en conjunto con la Consultoría Jurídica y otros organismos, resaltando que “la colaboración basada en el diálogo, el respeto, la humildad y el análisis sistemático de la realidad social y jurídica entre Estado y sociedad es posible y necesaria para nuestra democracia”.
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El acuerdo reconoce a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo como la instancia encargada de coordinar la asesoría legal para la administración pública y a Finjus como una entidad con experiencia en investigación jurídica y participación democrática.
El documento fue firmado por el presidente dominicano Luis Abinader, quien estuvo en representación del Poder Ejecutivo, y por Rafael del Toro Gómez, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Como testigos participaron Jorge Subero Isa, consultor jurídico del Ejecutivo, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la fundación. En la ceremonia también estuvieron presentes autoridades gubernamentales, miembros del Consejo de Directores de Finjus, representantes del sector judicial y del equipo técnico de la Consultoría Jurídica.
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