Crimen organizado, el gran desafío de la Justicia Penal en la Argentina

Desde hace unos años la investigación y juzgamiento de la criminalidad organizada ocupa gran parte de la tarea del fuero penal federal. Esto ha implicado un verdadero desafío pues se trata de un tipo de delincuencia sofisticada frente a la cual la manera tradicional de investigar ha demostrado ser ineficaz.

Por manera tradicional me refiero al procedimiento hiperformalista de reproducción mecánica de pasos procesales sin un enfoque basado en la obtención de resultados, donde el Ministerio Público en lugar de trazar un estrategia -teoría del caso- pensando en una eventual condena se limita a hacer escritos “para cumplir” y el juzgado se limita a mantener “al día” la causa, mandando oficios a aquí y allá intuitivamente como si se tratase de un juego de “batalla naval” y de la suerte dependiera reunir algún elemento probatorio que oriente el trámite. Esa técnica sólo podía ser efectiva frente a hechos cometidos infraganti u obras criminales toscas.

La criminalidad organizada se comporta como una empresa racional -planifica, organiza y controla- para maximizar las ganancias ilícitas y asegurarlas, usualmente en otros países, evadiendo los controles estatales. Para ello cuenta con ingeniería jurídica y financiera de alto nivel que se aprovecha de la complicidad o indolencia de ciertos funcionarios y funcionarias. Cuenta también con capacidad de innovación. Enfrentarla, ya sea en una etapa de prevención como de persecución y juzgamiento, requiere también un actuar racional eficiente enfocado en la obtención de resultados concretos.

Es cierto que el procedimiento mixto inspirado en los códigos napoleónicos de comienzos del siglo XIX, y aún vigente a nivel federal, puede parecer una herramienta obsoleta pero el problema no se reduce a las normas. Aún con ese código las fiscalías pueden trazar una inteligente teoría del caso, realizar investigaciones patrimoniales, armar equipos de investigación pensando en la etapa oral y los juzgados disponer medidas cautelares que aseguren rápidamente los activos, lograr colaboración internacional, limitar las chicanas procesales y resolver con celeridad.

La clave está en asumir una forma más eficiente de llevar adelante una investigación judicial, lo que supone también cambiar la manera de gestionar las organizaciones que comparten la tarea de llevar un expediente adelante.

La teoría organizacional enseña que la ausencia de una mirada sistémica hace que muchas soluciones de hoy se conviertan en los problemas de mañana. Sabemos que una instrucción mal hecha complicará mucho el desarrollo de un juicio oral. Audiencias mal tomadas, planteos mal resueltos, recursos mal concedidos, requerimientos confusos, investigaciones mal direccionadas, pueden pasar inadvertidas si se las observa aisladamente pero su sumatoria es la que determina el fracaso del sistema.

Por lo general, esas disfuncionalidades son generalmente producto de miradas sesgadas que no tienen en cuenta los fines del proceso y la obtención de resultados acordes con ellos. Hay que evitar que las oficinas confundan su función con desarrollar estrategias para sacarse los problemas de encima, viéndose como elementos desconectados del todo y desinteresándose del éxito o fracaso de su trabajo.

Otra enseñanza de la teoría organizacional es que todos somos responsables de los resultados que produce el sistema. No concebir el proceso como una construcción colectiva hace que muchos piensen únicamente en su puesto y se desentiendan de los resultados finales de un enjuiciamiento penal (miran sólo una parte del sistema y por lo general echan culpas a los otros). Es posible que de una vez por todas debamos comenzar a evaluar rendimientos (¿Cuántos de los casos impulsados por la fiscalía A obtuvieron condena?, ¿cuántos bienes recuperó la fiscalía B?, ¿cuánto demora en resolver el juzgado Y?, ¿cuántas investigaciones exitosas realizaron las agencias habilitadas para investigar casos de corrupción?).

La pandemia como toda crisis fue una oportunidad para modificar las viejas prácticas atadas a una cultura hiperformalista y desinteresada de los resultados. Las oficinas más modernas, algunas con equipos de gestión, se adaptaron rápidamente. Otras lo hicieron más despacio pero todas tuvieron que repensarse. La digitalización contribuyó a quitarle pesadez al proceso y aceleró el necesario paso hacia un modelo adversarial.

Las audiencias, que antes se transformaban en meras actas, hoy son aprovechadas por fiscales y funcionarios inteligentes como verdaderas instancias de obtención de prueba. Muchas han servido como audiencias multipropósito, en las que el tribunal recoge oralmente la opinión de las partes y resuelve en el acto. De este modo, se introducen, sustancian y resuelven de modo inmediato cuestiones que antes demandaban días. Todos nos hemos visto obligados a revisar circuitos, suprimir pasos innecesarios y aprovechar nuevos espacios.

Encarar eficientemente una investigación por hechos de criminalidad organizada requiere una actuación coordinada de todos los actores encargados de la persecución y juzgamiento. Exige también una estrategia y planificación en quienes tienen a su cargo el planteo del caso que prevea desde el primer día cómo va a ser esa interacción. No me refiero a tener actitudes promiscuas, alejadas del rol de cada uno o enfrentadas con el debido proceso sino a asumir el hecho de que todos somos responsables del éxito o fracaso de un proceso. Las charlas de trabajo son útiles y necesarias entre colegas; entre jueces, fiscales y defensores; entre órganos encargados de la persecución y sus auxiliares.

Existe un consenso mundial generalizado en torno a que los órganos de persecución deben desde un comienzo ir en busca de las ganancias ilícitas de la criminalidad organizada. La idea es que sin rédito económico no puede subsistir la empresa criminal. Por eso hoy la mirada está puesta en el lavado de activos y en el recupero. Hacerlo exitosamente es también una manera de demostrar que el Estado de Derecho le gana al delito y que lo robado puede volver a la sociedad. Pero primero hay que saber buscar y, luego, saber reasegurar los bienes encontrados.

Hoy, una buena investigación patrimonial centrada en el recupero de activos tiene que abarcar el patrimonio ilícito pero sin dejar de lado el patrimonio lícito para cubrir las eventuales reparaciones y penas pecuniarias. En nuestro país el lavado de activos puede llegar a ser sancionados con multas altísimas y los hechos de corrupción también (hasta 10 o 5 veces, respectivamente, el valor de los montos involucrados en las operaciones sospechadas). Para lograrlo la investigación patrimonial exige capacitación previa y trabajo coordinado y en equipo. Esto último es crucial y no se limita a compartir pareceres con los compañeros y compañeras de oficina sino a trabajar conjuntamente con otros organismos estatales y, muchas veces, con funcionarios extranjeros.

Es imposible funcionar eficientemente, alcanzar nuestras metas, sin cooperación interna y externa (los exhortos confusos y mal escritos son malas prácticas que deben formar parte del pasado porque los delitos económicos se aprovechan de los problemas de las burocracias ineficientes).

La Argentina tiene varios ejemplos de investigaciones y juicios exitosos, donde las buenas prácticas se impusieron. En lugar de asumir la desvergonzada -y cómoda- actitud de señalar culpas ajenas, esos logros fueron fruto del esfuerzo y del convencimiento sobre las propias capacidades. Son una demostración de que el trabajo en equipo, el aprendizaje continuo y la mirada sistémica puesta en la obtención de resultados, permite investigar y juzgar eficazmente a la criminalidad organizada, recuperar las ganancias ilícitas y devolverlas a la sociedad. Conocer y compartir esos ejemplos también debe ser parte de una estrategia actitudinal pues las dificultades que supone todo desafío debemos afrontarlas partiendo de la idea de que las podemos superar.

*El autor es Juez titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n.° 7.

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