
La sesión especial convocada por el oficialismo para este miércoles en la Cámara de Diputados fracasó por falta de quórum. La Libertad Avanza y los bloques que acompañaron la convocatoria lograron reunir 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. De esta manera, quedaron pendientes varios proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei, entre ellos la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que se encaminaba a su sanción definitiva.
El fracaso de la convocatoria se produjo pese a que las distintas bancadas habían alcanzado un acuerdo en Labor Parlamentaria para establecer el orden de tratamiento y los tiempos de discusión de todos los proyectos. La planificación contemplaba una sesión de 13 horas y 9 minutos, sin incluir cuestiones de privilegio, homenajes ni apartamientos del reglamento. Sin embargo, los entendimientos sobre el funcionamiento del debate no se tradujeron en la presencia de la cantidad de diputados necesaria para comenzar.
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De hecho, los diputados de Provincias Unidas y los del MID no estuvieron presentes y forzaron la caída del debate.
El temario acordado establecía que la discusión comenzaría con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, a la que se habían asignado casi diez horas. A continuación, estaba previsto votar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, seguida por el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur. Después se tratarían conjuntamente dos convenios de transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, para finalizar con una modificación de la Ley 24.467, que regula a las pequeñas y medianas empresas.
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La convocatoria había sido impulsada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y otros legisladores oficialistas, con la intención de avanzar en la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo durante las últimas semanas del período ordinario.
El resultado dejó en evidencia la importancia de los acuerdos parlamentarios que el oficialismo necesita construir para garantizar el funcionamiento de la Cámara. Aunque La Libertad Avanza cuenta con aliados para acompañar determinadas iniciativas, necesita reunir una mayoría suficiente para habilitar las sesiones y, posteriormente, conseguir los votos que exige la aprobación de cada proyecto.
En esta oportunidad, la diferencia fue de apenas tres legisladores. La imposibilidad de alcanzar el quórum impidió que se abriera la discusión de cualquiera de los asuntos incorporados en la convocatoria, independientemente de los consensos que pudieran existir sobre algunos de ellos.
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La reunión de Labor Parlamentaria había permitido acordar una organización detallada del debate. Según las planillas elaboradas por la Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria, a las que accedió Infobae, estaban previstas cinco intervenciones de los miembros informantes de los dictámenes sobre la ley de soberanía, con una duración total de una hora y 40 minutos, además de cuatro horas y diez minutos para exposiciones individuales y tres horas y 47 minutos para los bloques.
También se había establecido un mecanismo de votación abreviada para los proyectos que llegaban a la Cámara en instancia de revisión y para los acuerdos internacionales incluidos en el temario.
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El entendimiento sobre la organización de la sesión no implicaba necesariamente un respaldo de todos los bloques al contenido de los proyectos, pero había permitido avanzar en la preparación de una jornada parlamentaria que finalmente no pudo concretarse.

La ley de soberanía y la reforma del Banco Central
El principal proyecto que quedó sin tratamiento fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocida como Ley Malvinas, que concentraba 9 horas y 42 minutos del cronograma previsto.
La iniciativa contiene modificaciones al régimen de sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y reformas vinculadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad nacional.
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Uno de sus capítulos más controvertidos es el referido a la injerencia extranjera en procesos electorales. El proyecto contempla penas de prisión de entre cinco y doce años para quienes organicen o financien determinadas campañas destinadas a interferir en elecciones o condicionar decisiones de las autoridades en beneficio de intereses extranjeros.
La redacción había generado cuestionamientos entre legisladores opositores y de sectores dialoguistas, especialmente por el alcance de las nuevas figuras penales y sus posibles consecuencias para la libertad de expresión. Durante el tratamiento en comisión se incorporaron exclusiones para la actividad periodística, diplomática y académica, aunque persistían diferencias sobre la precisión de esas garantías.
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Otro eje de la propuesta es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, bajo la conducción del Presidente de la Nación, con atribuciones para coordinar políticas de defensa, seguridad e inteligencia y analizar inversiones extranjeras en sectores considerados estratégicos.
El oficialismo aspiraba a conseguir la aprobación en general de la iniciativa, aunque algunos artículos todavía requerían negociaciones con las bancadas que habían acompañado los dictámenes con observaciones.
El segundo proyecto relevante que quedó pendiente fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había regresado a Diputados después de los cambios introducidos por el Senado.
La iniciativa establece como objetivo principal de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios y otros mecanismos de emisión monetaria.
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También modifica las reglas de distribución de utilidades y dispone que los resultados del Banco Central se utilicen prioritariamente para cubrir pérdidas acumuladas, recomponer su patrimonio o cancelar deuda pública.
El Senado había introducido modificaciones en el régimen de designación y remoción de las autoridades de la entidad. Diputados debía resolver si aceptaba los cambios realizados por la Cámara alta o insistía con su redacción original, de acuerdo con el procedimiento de mayorías establecido en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
El acuerdo de Labor Parlamentaria contemplaba apenas cinco minutos para esa votación, conforme al artículo 152 del reglamento de la Cámara. El fracaso de la sesión impidió completar el trámite legislativo.
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Los acuerdos comerciales, el traspaso judicial y las pymes
La falta de quórum también postergó el tratamiento de dos instrumentos internacionales vinculados con la integración comercial del Mercosur.
El primero era el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El convenio contempla mecanismos para ampliar el intercambio de bienes y servicios y reducir barreras comerciales entre ambos bloques.
El segundo era la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, destinada a actualizar el marco normativo regional para ese sector.
Ambos proyectos estaban incluidos en los órdenes del día 510/26 y 509/26, respectivamente, y tenían asignados cinco minutos para cada votación.
Otro de los asuntos pendientes fue la aprobación de dos convenios de transferencia de competencias judiciales desde la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que iban a tratarse de manera conjunta.
El primero corresponde al cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño. El segundo establece la transferencia de la función judicial en materia criminal y correccional de menores desde el ámbito nacional a la Justicia de la Ciudad.
Ambos expedientes, identificados con los órdenes del día 512/26 y 511/26, tenían asignadas dos horas y 22 minutos de discusión conjunta, con intervenciones de los miembros informantes, los bloques parlamentarios y una votación final.
El traspaso de competencias constituye uno de los temas pendientes del proceso de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y ha sido objeto de sucesivos acuerdos entre las administraciones nacionales y porteñas.
El último asunto del temario era una modificación del artículo segundo de la Ley 24.467, correspondiente al marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas. La propuesta, incorporada en el orden del día 443/26, tenía asignados 30 minutos de tratamiento y buscaba ampliar el alcance del régimen para facilitar el acceso de cooperativas a los instrumentos de reconocimiento y promoción previstos por la legislación.
La organización parlamentaria también contemplaba un minuto de silencio por el fallecimiento de la exdiputada Patricia Walsh y la posibilidad de realizar un homenaje a las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.
Además, los bloques habían anticipado 17 cuestiones de privilegio, siete homenajes y ocho pedidos de apartamiento del reglamento, que se intercalarían durante la discusión y podían prolongar la duración de la jornada más allá de las 13 horas previstas inicialmente.
Ninguno de esos asuntos pudo ser abordado debido a la falta de quórum.
El fracaso de la sesión obliga al oficialismo a revisar su estrategia parlamentaria para conseguir los respaldos necesarios en una etapa decisiva del calendario legislativo. El Gobierno tiene previsto avanzar también con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas que considera prioritarias antes de la finalización del período ordinario.
La jornada dejó una diferencia entre los acuerdos alcanzados para organizar la discusión y la capacidad efectiva de reunir a los legisladores en el recinto: a pesar de contar con un temario consensuado y un cronograma de más de 13 horas de debate, al oficialismo le faltaron tres diputados para poner en marcha la sesión..
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