La discusión sobre la reforma electoral vuelve a poner bajo revisión reglas que ordenan desde la competencia interna de los partidos hasta la forma en que se financian las campañas y se arma una boleta. El proyecto que prepara el Gobierno plantea la suspensión de las PASO, modificaciones sobre los debates presidenciales y la posibilidad de habilitar colectoras, además de cambios en el régimen de aportes. En ese conjunto, hay medidas que simplifican el proceso, pero también decisiones que pueden alterar los controles políticos y económicos de una elección.
Alejandro Tullio, secretario electoral permanente de la provincia de Chubut y exdirector nacional electoral entre 2001 y 2016, explicó en Infobae Al Amanecer que la iniciativa reúne avances y asuntos que todavía requieren discusión.
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“Hay cosas positivas, cosas necesarias y cosas que deben estudiarse un poco más”, resumió el especialista. Y ubicó el debate en una pregunta más amplia que la vigencia o no de una primaria: qué herramientas necesita el sistema para que los votantes comprendan la oferta electoral, para que los partidos definan sus candidaturas y para que la campaña no quede atada a intereses ajenos a la competencia. La reforma, según planteó, obliga a revisar cada uno de esos engranajes antes de fijar nuevas reglas.
La boleta única y sus categorías
Uno de los puntos que Tullio considera conveniente es eliminar la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. A su entender, la medida reduciría categorías en la boleta única de papel y evitaría que Argentina mantenga un sistema que otros países de la región ya dejaron de aplicar. Paraguay, recordó, fue el primero en elegir de forma directa a esos representantes, pero después abandonó ese mecanismo.
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“Si quitamos dos filas, va a ser más claro para el ciudadano”, explicó al referirse a las candidaturas del Parlamento del Mercosur. Para Tullio, la simplificación tiene un efecto concreto sobre la experiencia del elector, que en los comicios nacionales ya debe elegir presidente, diputados y, en ocho provincias, senadores.
Las 24 jurisdicciones definen diputados nacionales durante una elección presidencial. Esa cantidad de cargos, sumada a las categorías ejecutivas y a las bancas senatoriales que se renuevan en parte del país, da cuenta de la extensión que puede adquirir una boleta. El secretario electoral de Chubut sostuvo que incorporar dos filas adicionales recarga una herramienta que busca, precisamente, hacer más transparente y comprensible el voto.
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El planteo no se limita a una cuestión de diseño. El exdirector nacional electoral entiende que las categorías deben guardar relación con una representación efectiva y con decisiones que se tomen en el ámbito regional. Por eso puso el foco en la necesidad de revisar la elección directa de parlamentarios del Mercosur dentro de la discusión general sobre cómo se organiza la oferta electoral.
Tullio respaldó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las próximas elecciones y la definió como un “gesto de realismo” frente al escenario político actual. Su posición parte de una distinción: mantiene la idea de que debe existir un mecanismo común para seleccionar candidaturas, aunque acepta que esta vez las condiciones ameritan una excepción.
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“Dejémoslas pasar”, dijo sobre las primarias, sin convertir esa frase en una defensa de su eliminación definitiva. El funcionario explicó que la estructura partidaria cambió, que las provincias tienen dinámicas propias y que los dirigentes locales ganaron peso, mientras los partidos nacionales perdieron capacidad de ordenar la competencia.
Esa transformación, según su análisis, obliga a pensar qué tipo de primaria puede funcionar en adelante. Tullio mencionó unas PASO voluntarias o un sistema de inscripción partidaria por el cual cada elector decida participar de una interna. Las dos alternativas conservan la idea de una selección abierta, aunque con reglas distintas de participación.
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La suspensión, entonces, aparece como una salida para esta elección y no como el cierre de una discusión. El secretario electoral permanente señaló que, una vez superado el proceso, habrá que volver sobre el modo en que las fuerzas políticas eligen a sus candidatos y sobre el papel que debe asumir el Estado en esa instancia.
El financiamiento privado enciende una luz amarilla
El reparo más marcado de Tullio apunta al posible retiro del Estado del financiamiento de las campañas. Aceptó que se reduzca la pauta electoral oficial en los medios de comunicación, pero cuestionó que la reforma elimine por completo ese sostén. Para el especialista, esa decisión merece una “luz amarilla” porque modificaría la relación entre los partidos, los recursos y quienes aportan dinero.
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“Los financiadores privados son los que van a controlar la medida en que las propuestas políticas llegan a la gente”, advirtió. Su preocupación es que la difusión de las candidaturas quede determinada por la capacidad de recaudación de cada espacio y que los aportes condicionen qué mensajes pueden circular durante la campaña.
Tullio también pidió establecer límites claros para impedir que terceros ajenos a los partidos hagan campaña sin controles. Esa vía, dijo en forma indirecta, podría habilitar influencias sobre la competencia electoral sin que las agrupaciones deban responder por el origen de los fondos ni por los gastos realizados en su favor.
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En ese punto incluyó el riesgo de intervención del crimen organizado transnacional. El exfuncionario señaló que esos grupos pueden financiar candidatos y luego reclamar beneficios políticos. Por eso propuso que los aportes ingresen a los partidos, que cada agrupación sea responsable de sus gastos y que se mantengan mecanismos de control sobre el dinero que sostiene la actividad electoral.
Las colectoras sólo tendrían sentido como salida excepcional
La eventual habilitación de colectoras es otro de los aspectos que Tullio observa con cautela. El mecanismo permitiría que un mismo candidato presidencial figure más de una vez en la boleta, asociado en cada caso a listas legislativas diferentes. Una columna podría contener postulantes propios y otra, candidatos de una fuerza distrital adherida.
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“No es natural que un presidente, un candidato a presidente, tenga diversos grupos de legisladores que lo apoyen”, planteó. La objeción remite a la relación entre la elección presidencial y la composición del Congreso, un vínculo que, a su juicio, resulta decisivo para la gobernabilidad.
El secretario electoral aceptó que las colectoras puedan servir de forma excepcional si las PASO quedan suspendidas y las alianzas necesitan resolver una competencia territorial. Sin embargo, consideró que no deberían transformarse en una regla estable. La boleta única busca ordenar la oferta electoral y, bajo ese criterio, no debería presentar como parte de una misma candidatura presidencial a sectores que luego se enfrentan en el Parlamento.

Tullio sostuvo que los acuerdos deben resolverse antes de la elección. Si distintas fuerzas deciden acompañar a un candidato presidencial, deberían definir previamente las condiciones de esa alianza y la relación con sus listas legislativas. De otro modo, afirmó, el voto al Ejecutivo puede quedar desligado de los representantes que necesitarán tratar las iniciativas del futuro Gobierno.
Los debates presidenciales seguirían, aun sin obligación legal
El proyecto también contempla cambios en los debates presidenciales. Según el último borrador mencionado durante la entrevista, el debate obligatorio de la primera vuelta dejaría de estar previsto, aunque podría realizarse uno en caso de balotaje. Tullio lamentó esa modificación, pero estimó que los encuentros seguirán ocurriendo.
“Quien no participe va a tener un costo por no hacerlo”, sostuvo. Para el exdirector nacional electoral, los candidatos tienen incentivos políticos para asistir porque los debates les permiten exponer sus propuestas ante los votantes en condiciones similares a las de sus adversarios.
También remarcó que esos espacios permiten escuchar a todos los postulantes sobre los mismos temas y reducen la mediación tecnológica propia de una campaña. Aunque defendió su utilidad, consideró que el interés público que despiertan debería bastar para sostenerlos, sin necesidad de imponerlos por ley.
La reforma deja abiertos, así, varios frentes que Tullio pidió discutir antes de que el Congreso fije las reglas para la próxima elección: el futuro de las PASO, el alcance de las colectoras, los controles sobre el financiamiento y la regulación de los debates. Desde Chubut, el funcionario sostuvo que el desafío no pasa sólo por acelerar o simplificar el proceso, sino por preservar condiciones claras para la competencia y el voto ciudadano.
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