El Presupuesto bajo presión: las concesiones en discapacidad le abren al Gobierno un complicado flanco fiscal

La Cámara de Diputados ya giró al Senado el proyecto de ley de Discapacidad, luego de que fuera aprobado por 237 votos a favor, como consecuencia de que el oficialismo aceptó todos los cambios que pidió la oposición, incluidos los que planteó el peronismo.

Eso, que es una buena noticia para el colectivo de discapacidad y que fue, en principio, una idea del oficialismo para contener el reclamo, está generando un nuevo problema de cara a otra discusión que la Casa Rosada quiere resolver rápidamente: el Presupuesto 2027.

El cronograma planteado para el dictamen en Diputados establece que quedan dos reuniones de comisión, el martes 27 y el miércoles 28 de octubre. El objetivo es firmar los dictámenes y llevar el proyecto al recinto durante la segunda semana de noviembre, después de la visita del papa León XIV a la Argentina.

En esa hoja de ruta no se estableció la visita de ningún otro miembro del Ejecutivo, por lo que el oficialismo busca cerrar el debate tras las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro García.

Pero la media sanción de Discapacidad generó un nuevo conflicto, ya que se opone al texto enviado por el Ejecutivo en el Presupuesto. Así lo dejó en claro Guberman cuando señaló que no estaban de acuerdo con el proyecto que impulsaba el bloque de LLA, más acotado que el que terminó saliendo.

“Ese no es nuestro proyecto”, dijo el secretario, que fue al Congreso en representación del Ministerio de Economía.

El proyecto de Presupuesto 2027 había asignado $7,275 billones para el sistema de discapacidad, divididos en $6,094 billones para Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y $1,165 billones para atención médica de beneficiarios, además de partidas menores para integración y prevención. Esa propuesta establecía, sin embargo, una incompatibilidad absoluta entre la pensión y cualquier empleo formal, sin importar el nivel de ingresos, eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y suprimía el Nomenclador, lo que dejaba a las personas en una especie de negociación individual con su cobertura de salud.

La ley que obtuvo media sanción en Diputados mantuvo el esquema vigente de compatibilidad laboral, que permite conservar la pensión mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos, equivalentes a $782.400 mensuales en octubre (monto que subirá a $797.600 en noviembre). Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, sostener este régimen más amplio —junto con la actualización mensual por inflación y el arancel único del nomenclador— implicará reforzar las partidas del Presupuesto 2027 en $600.000 millones adicionales, equivalentes al 0,04% del PBI.

Aunque el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometió a garantizar “al 100%” los fondos, en la oposición persiste la desconfianza y piden que se eliminen los artículos del 36 al 41 del proyecto de Presupuesto, algo que todavía no sucedió.

“No es un problema, lo que vamos a hacer es un copy paste de la ley que se votó en la de Presupuesto”, auguró un diputado libertario que participa de la comisión y es uno de los referentes del bloque.

Aunque el viernes hasta no había llegado el llamado para la comisión de Presupuesto y Hacienda la convocatoria para la semana próxima llegó a los despachos de los diputados este viernes por la tarde, por lo que el oficialismo avanza con la idea de dictaminar la semana que viene.

En medio del debate, además de discapacidad, el financiamiento de las universidades y el cumplimiento de la ley vigente se mantienen como uno de los principales focos de conflicto con la oposición.