
La jefa del oficialismo senatorial, Patricia Bullrich, anunció este miércoles un acuerdo con aliados para dictaminar mañana una nueva ley de salud mental. La porteña lo hizo en una conferencia que dio en su despacho junto a sus colegas de bancada y presidentas de las comisiones de Salud; y de Legislación General, Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente, donde confirmó los lineamientos que adelantó Infobae el fin de semana pasado.
En concreto, habrá prioridad para médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. Las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción. Además, se reasegura la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento.
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Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -se incluirá la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.
El plenario de las comisiones de Salud; y de Legislación General de la Cámara alta ya fue convocado para las 15.30 de mañana, aunque la corriente semana tuvo poca asistencia de legisladores y hay cautela en relación con el quorum necesario para poder dictaminar. En caso de lograrlo, se piensa en una sesión, en principio, para el jueves próximo. Precisará del guiño de dialoguistas, claves en este asunto.
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La puja entre profesionales de la salud mental generó una disputa entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Varios integrantes de dicha entidad insistieron, hasta último momento, con igualar en prioridad a psicólogos y psiquiatras.
En el entendimiento que comentaron las senadoras libertarias, para las internaciones se reemplazará la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia dicha especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien sí tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta.
Un dato que publicó este medio y validó en parte Bullrich es que, en la actualidad, existen poco menos de 4.000 psiquiatras generales y 454 “infantojuveniles”, versus 100.000 psicólogos matriculados. Por eso se permitirá la ventana de teleconsulta, donde hay menor presencia de personal dedicado a la temática.
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Además, todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que generó conflicto y terminó de inclinar la balanza fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata.
En cuanto a familiares, se limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una eventual internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.
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En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida. Tanto Bullrich como Arrascaeta coincidieron en un concepto: no llegar más tarde.
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