En plena puja con los aliados, el Gobierno busca acelerar un acuerdo en el Senado para cambiar la ley de salud mental

Después de dos semanas de viajes y, pese a que habrá otros senadores que sumarán millas dentro de poco, el oficialismo intentará reactivar la agenda y acelera un acuerdo con la oposición dialoguista para modificar ley de salud mental, un tema delicado que genera un constante ida y vuelta entre el Gobierno y las provincias.

Hasta la noche del jueves último, la intención de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que comanda la porteña Patricia Bullrich (Capital Federal), era realizar una conferencia en los próximos días para anunciar los cambios trabajados en los recientes días con aliados, según confiaron desde diversos bloques a Infobae. El texto final no está cerrado.

Este medio obtuvo, durante el transcurso de la semana, un borrador de dictamen que fue girado a las bancadas. En particular, a los senadores que forman parte de las comisiones que trabajan el tema: Salud; y Legislación General. Ambas son presididas por mileístas: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.

Un primer punto a considerar es la dosis de intervención de los psicólogos -necesarios- no sólo durante el proceso de una internación -como contó semanas atrás Infobae-, sino en una casi equiparación con psiquiatras a la hora de tomar la decisión principal en una eventual internación. Desde dos despachos reconocieron, por lo bajo, la llamativa -y fuerte- presión que partió desde ministerios de salud de gran parte del interior del país. Por ahora no lograron quebrar esa barrera y los médicos primarían -con lógica- en ese sentido.

Otro ítem a contemplar es cómo y dónde tendría que interactuar la pata judicial. “No pueden decidir sólo ellos. La idea es no judicializar, pero sí que sean notificados y formen parte del sistema”, expresaron desde un despacho a este medio. También habrá aclaraciones relacionadas con internaciones en contra de la voluntad del paciente.

Sobre esta cuestión, aparece un inciso -el “q”-, que señala que “toda persona con plena capacidad puede consentir o rechazar anticipadamente determinados tratamientos y decisiones relativas a su salud mental, así como designar a una o más personas para que expresen su consentimiento cuando no pueda hacerlo por sí misma”. En tanto, las directivas deberán “ser aceptadas por el equipo interdisciplinario interviniente, salvo aquellas que constituyeran riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”. Además, “la declaración de voluntad puede ser revocada en todo momento”.

Por otra parte, en la propuesta que circula -sobre la cual falta el aval final- se deja claro que “la autoridad de aplicación” impondrá “los lineamientos para que cada jurisdicción defina las características de conformación de sus equipos interdisciplinarios, según la disponibilidad de recursos humanos de cada jurisdicción, pudiendo preverse la intervención del médico psiquiatra mediante teleconsulta sincrónica cuando su presencia física no pueda garantizarse”. Esto ocurre debido a las cifras compartidas entre senadores, que mencionan la presencia de poco menos de 4.000 psiquiatras generales y 454 “infantojuveniles”, versus 100.000 psicólogos matriculados.

Además, los familiares, representantes legales y quienes ejerzan funciones de apoyo de personas con una afección o trastorno de salud mental tendrían derecho a “recibir información y contenidos psicoeducativos sobre la afección, los tratamientos disponibles y su evolución previsible”; “conocer los recursos y dispositivos de la red de salud mental disponibles en su territorio; “acceder a instancias de orientación y apoyo para el autocuidado”; y “ser escuchados en cada etapa significativa del proceso de atención”.

En caso de cerrarse un consenso -no oficial aún-, se convocará al plenario de comisiones para dictaminar. La Libertad Avanza desearía ir al recinto el 22 del corriente mes -el mejor escenario, aunque complejo- o el 29. No obstante, la pre campaña electoral y las rencillas internas en la Cámara alta podrían dilatar, una vez más, el asunto.