Camioneros presionó en la calle por las indemnizaciones de USD 200 millones, pero no se incluirán en los nuevos pliegos de la basura

Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, se puso al frente este lunes de la movilización de trabajadores de recolección de residuos de CABA para presionar por el pago de indemnizaciones en los próximos contratos del servicio entre 2028 y 2038, un beneficio que ronda los 200 millones de dólares y que el gobierno de Jorge Macri no prevé mantener cuando venzan las concesiones vigentes.

La protesta sindical, que se hizo ante la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo 250, y no ante la Legislatura porteña como se había anunciado, coincidió con la audiencia pública y virtual en la que se analizan los anteproyectos del servicio público de higiene urbana que regirán en la Ciudad dentro de dos años.

Durante la movilización, en la que hubo refriegas entre los propios manifestantes, el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, entregó en la mesa de entradas de la Comuna 1 una nota en la que Camioneros reclama que se mantengan las indemnizaciones.

Como anticipó Infobae, el gobierno porteño no incluirá el pago de las indemnizaciones en los próximos contratos cuando venza la prórroga de las concesiones de la recolección de basura, en septiembre del año próximo.

La semana pasada, en una asamblea del sector, Pablo Moyano dijo: “Nadie nos regaló nada. Todo lo que se conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación”.

Aún quedan dudas acerca de qué pasará con las indemnizaciones previstas en los contratos actuales, que fueron prorrogados hasta septiembre de 2028: el sindicato de Hugo y Pablo Moyano no está seguro de que en el presupuesto de la Ciudad para 2027, que el jefe de Gobierno presentará en la Legislatura porteña, estén contempladas las partidas para resarcir económicamente a los 6 mil trabajadores del sector.

En el último pliego licitatorio, cuyo vencimiento se prorrogó hasta septiembre de 2028, dentro del Régimen de Personal Operativo figura el ítem “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.

Algunos interpretan que esa mención en el pliego vigente constituye una abierta contradicción normativa: mientras el contrato obliga al gobierno de la Ciudad a financiar con fondos públicos las indemnizaciones finales al concluir la concesión, el artículo 19 de la Ley N° 4120, que fija el marco regulatorio del servicio público porteño de higiene urbana, exige simultáneamente garantizar la continuidad laboral de toda la plantilla.

El resultado, según quienes siguen de cerca este polémico tema, es que los contribuyentes terminan pagando con sus impuestos una millonaria caja por “despidos ficticios” a empleados que siguen operando en el mismo servicio sin perder un solo día de trabajo.

El trasfondo del enfrentamiento que se perfila es la aplicación de la polémica Ley Moyano, esa norma no escrita por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Esa “ley”, en realidad, no tiene basamento jurídico alguno sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.

La práctica comenzó al finalizar del contrato de Manliba en 1998 y se consolidó durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad: en 2012, la Legislatura porteña aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a recolectores ante las nuevas concesiones.

El esquema también fue aplicado en licitaciones de recolección de residuos de Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx. Hace dos semanas, el sindicato acordó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con indemnizaciones incluidas.

La disputa tuvo otro antecedente tras la compra de Walmart por parte del Grupo Narváez, en marzo de 2021. Camioneros bloqueó un depósito para exigir el despido, la indemnización y la reincorporación de 500 de los 718 empleados de un centro de distribución, con la doble indemnización entonces vigente.

El pago indemnizatorio no se concretó, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos. La negociación mostró la capacidad del gremio para sostener el mecanismo durante cambios empresariales.

En 2022, el sindicato confrontó con el gobierno porteño cuando Horacio Rodríguez Larreta decidió estatizar el sistema de grúas. Pablo Moyano acusó al entonces jefe de Gobierno de buscar una precarización salarial para 500 trabajadores de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

El acuerdo posterior permitió que los empleados de Dakota y BRD pasaran a SBASE, empresa estatal de la Ciudad. Mantuvieron el convenio de Camioneros y cada trabajador recibió hasta 4 millones de pesos de indemnización, por un total de 2000 millones de pesos.

En mayo de 2024, Pablo Moyano había advertido que la Ciudad se llenaría de basura desde octubre si no se indemnizaba al personal ante el próximo vencimiento contractual. El gobierno porteño respondió que los acuerdos habían sido firmados en enero de 2014, comenzaron el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia original de una década, aunque las partes los prorrogaron hasta 2028 en 2020.

La decisión de no aplicar el pago en 2024 provocó asambleas tumultuosas en empresas de recolección. En Cliba, trabajadores cuestionaron a los Moyano y exigieron garantías de cobro para 2028: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron empleados a un delegado.

Otro trabajador llamó “Pablito traidor” al dirigente, según mostró un video registrado en aquella asamblea. Marcelo Aparicio, el número 3 en la jerarquía del sindicato, respondió con otro video en el que definió el sistema como un “privilegio” de los recolectores porteños y admitió que “no existe en la ley”, aunque permite cobrar indemnizaciones y conservar la antigüedad.