Una de las mayores empresas globales de servicios petroleros ratificó que no operará en Malvinas ni en Sea Lion

La empresaa Halliburton, una de las principales firmas que provee la tecnología, los equipos y el personal especializado para la extracción petrolera, ratificó hoy que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en ninguna actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes, según informó Reuters.

La ratificación no es un gesto espontáneo: responde a un requerimiento directo del gobierno argentino en el marco de una ofensiva legal y diplomática que la Cancillería desplegó durante septiembre contra las empresas vinculadas al yacimiento.

Según se informó, el proveedor de servicios petroleros se comunicó con las autoridades argentinas, quienes habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y propuesta en relación con las actividades en el territorio en disputa.

La declaración se conoce despues de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificó la reivindicación del país sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.

Tras la cadena nacional, y la amenaza a las empresas que provean de lógisticas a las petroleras que operan en Sea Lion, la filial local de Halliburton ya había notificado el pasado 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos en Malvinas.

En el marco de la escalada de tensión política y diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía en Malvinas y el control del petroleo, la Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo, advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales con epicentro en Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios.

Esa advertencia ya había tenido efecto en septiembre, cuando SLB (antes Schlumberger) y Baker Hughes hicieron públicos comunicados en igual sentido que el de Halliburton. Las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la escala que requiere Sea Lion.

La presión sobre Sea Lion no se limita al plano administrativo. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material vinculado al proyecto, incluidas perforaciones, infraestructura submarina, ductos y extracción comercial. La medida se fundó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades nacionales argentinas. El propio fallo reconoció que su efectividad práctica depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum —entre ellas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas— por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La ley argentina prevé para estos casos penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza en total a unas 60 personas y empresas, entre operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia.

El paso más audaz llegó el 30 de agosto, cuando Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó un plazo de 14 días para paralizar las operaciones. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X. De no mediar una respuesta, Argentina avanzará con una demanda formal ante ese tribunal, con sede en Hamburgo.