Endeudamiento: el oficialismo logró un dictamen a su medida y la oposición duda sobre cuándo sesionar

Un plenario de comisiones dictaminó este martes varios proyectos relacionados con la problemática del endeudamiento familiar y los altos niveles de mora. El oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión.

La oposición, que viene impulsando el tema desde hace meses, finalmente avanzó con dos dictámenes por separado. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y la Coalición Cívica, lograron unificar criterios en un texto común, pero no consiguieron sumar a misioneros y salteños de Argentina Federal.

La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada, que calificó el problema del endeudamiento como un “tema entre privados”, apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

El dictamen de los libertarios también incorpora requisitos para el otorgamiento de créditos a través de plataformas digitales. Exige doble validación de identidad y aceptación, impide que el silencio o las opciones preseleccionadas se consideren consentimiento y ordena entregar de inmediato las condiciones contractuales en soporte digital.

“No debemos sacar parches que terminen quebrando el sistema financiero. Hablan de topes, de condonaciones, de baja de tasas, como si fuera una receta mágica”, arremetió Silvana Giudici y señaló que los niveles de mora de agosto mejoraron respecto a los datos de julio. “No acompañamos la propuesta de la oposición porque ya hemos tenido experiencias en la Argentina con límites a las tasas, lo que van a generar es la retracción del crédito. No aprendieron con la ley de alquileres”, concluyó.

Por su parte, el peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas -el cordobés Ignacio José Garcia Aresca decidió ausentarse para no firmar- propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

Quienes adhieran al régimen de refinanciación podrán pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrán superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarán todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

“No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello. Entonces, vemos que el dictamen del oficialismo sigue posicionado en la negación del problema que tienen seis millones de argentinos”, planteó el radical disidente Pablo Juliano (Provincias Unidas). Y agregó: “Este dictamen no tiene costo fiscal, esto es lo que nosotros entendemos como la teoría de la responsabilidad compartida. Esto va a quedar entre el acreedor y el deudor. Y si el acreedor se niega a brindarle este régimen al deudor, obviamente, el Banco Central podrá establecer penalidades y, obviamente, tomar represalias sobre los acreedores que no se acojan a este sistema”.

El dictamen de los representantes de Argentina Federal propone declara la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período se fija un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope será 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

Pero el proyecto no se limita a la tasa nominal, ya que también exige que la Tasa Efectiva Anual y el Costo Financiero Total guarden proporción con ese mismo límite. La medida apunta a evitar que las entidades eludan el tope mediante comisiones, seguros u otros cargos adicionales que encarezcan el préstamo sin modificar formalmente la tasa nominal informada. El proyecto prohíbe de manera expresa la incorporación de esos conceptos con ese fin y deja en manos del Banco Central la definición de la metodología de cálculo, la actualización periódica del límite, así como las tareas de fiscalización y control sobre su cumplimiento.

El proyecto también crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contempla refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos. Los nuevos créditos solo podrán utilizarse para cancelar o reestructurar pasivos preexistentes, admitirán cancelación anticipada sin penalidades y no permitirán capitalizar intereses por mora. Durante el trámite, que no podrá exceder 90 días hábiles, quedarían suspendidas las ejecuciones y los nuevos embargos sobre cuentas sueldo, haberes jubilatorios y prestaciones de la Seguridad Social vinculados con las deudas negociadas.

Ante la consulta de Infobae, desde la oposición reconocieron que existen diferentes posiciones respecto de un eventual llamado a sesión. Mientras algunos apuestan a convocar para el miércoles 7 de octubre, otros creen más prudente esperar hasta el 14 para intentar sumar masa crítica. Temen el costo político que pagarían si sufren un revés en el recinto después de haber impulsado el tema durante meses.