
A la espera de que se produzca una nueva conversación entre los representantes de Karina Milei y de Mauricio Macri, la filial porteña de La Libertad Avanza consiguió esta semana la aprobación del dictamen para tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad, una de las medidas que el espacio libertario importó del plano nacional para imponer su agenda reformista.
Como dato no menor, el PRO dio el visto bueno para el tratamiento de este proyecto y consensuó el texto con sus pares violetas. Así lo confirmaron fuentes del bloque amarillo a Infobae, que volvieron a realizar una estrategia de acoplamiento de las iniciativas impuestas por los libertarios, tal y como pasó con la adhesión al régimen de VTV como la modificación del Código Contravencional que establece penas más duras para trapitos.
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Así, la semana que viene se dará la coincidencia de que el miércoles 26 la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación va a tramitar la media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), mientras que, al día siguiente, la Legislatura porteña sesionará para conseguir la sanción definitiva de la modificación del texto fundacional del Banco Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto fue presentado en primera instancia bajo la firma de los legisladores libertarios Nicolás Pakgojz, Juan Ignacio Fernández, Rebeca Fleitas, Andrea Freguia, Silvia Imas, Marina Kienast, Pilar Ramírez (jefa de bloque), Sandra Rey y Diego Vartabedian. Este propone modificar la Carta Orgánica del Banco de la Ciudad (Ley 1779) y el punto central es la reforma del inciso “d” del artículo 45, que regula el destino de las utilidades netas del banco al cierre de cada ejercicio.
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El texto vigente establece que el remanente de esas utilidades —la parte que supere lo necesario para preservar el patrimonio en valores constantes— debe distribuirse al Gobierno de la Ciudad para financiar obras nuevas con fines sociales y soluciones habitacionales. El proyecto propone dividir ese remanente entre dos destinos: líneas hipotecarias, a cargo del propio Banco Ciudad, y obras de infraestructura, a cargo del Gobierno porteño. La norma fija además un piso: al menos el 25% del remanente debe destinarse al financiamiento hipotecario.
La fundamentación del proyecto se apoya en la propia Carta Orgánica del banco, cuyo artículo 3° inciso d) ya establece como objetivo institucional facilitar el crédito personal y familiar y fomentar la adquisición, construcción y refacción de viviendas mediante el crédito hipotecario. Los autores argumentan que afectar una porción de las utilidades a líneas hipotecarias es coherente con esa misión.
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La Libertad Avanza debió ceder en sus pretensiones porque el proyecto original establecía que se pueda orientar el 100% del financiamiento a crédito hipotecario. Luego de negociaciones con el PRO, esa cifra bajó a 25%. “Es la modalidad que venimos teniendo constantemente entre ambas fuerzas. Nosotros los necesitamos a ellos para sacar algunas leyes y ellos a nosotros”, afirma un legislador a Infobae.
Se trata de uno de los primeros avances que LLA pretende en el plano de la política de vivienda. Hay otros proyectos que no tienen la adhesión de sus pares del PRO. Una de ellas es la eliminación del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Fue un anuncio hecho a comienzos de año que fue respondido con una medida del jefe de Gobierno, Jorge Macri, vinculada al lanzamiento de créditos hipotecarios con tasa subsidiada orientado para la clase media.
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En la sesión del 27 de agosto se van a tratar otros aspectos: el alivio burocrático a clubes de barrio, la fratuirdad en subtes para jjubilados y el paso a no-obligatoriedad del certificado de estado parcelario.
Aun así, quienes miran en clave política la Ciudad piden atención sobre el tratamiento del convenio de traspaso de los juzgados laborales a la órbita porteña. Esto implicaría disolver aquellos que funcionan a nivel nacional. Se espera que ese nuevo fuero laboral funcione a partir del año próximo, algo en lo que están trabajando el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, con el subsecretario de Trabajo, Horacio Bueno.
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El primero de esos pasos ya quedó cubierto con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La expectativa en la Legislatura es aprobar el convenio marco para que esto siga movilizándose. “El traspaso es un acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad que deben ratificar el Congreso y la Legislatura. Ahora lo vamos a hacer nosotros”, dijo a Infobae la jefa de bloque de Vamos por Más (que contiene al PRO), Silvia Lospennato.
La iniciativa se aceleró en las últimas semanas luego de que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional pidiera una medida cautelar para suspender los efectos de la Ley 6.789 que habilita la implementación del fuero del Trabajo de la Ciudad. El argumento central del escrito es que el Consejo de la Magistratura porteño desacató esa orden judicial: a pesar de la cautelar vigente, el organismo remitió a la Legislatura local las propuestas para cubrir seis cargos en la Cámara de Apelaciones del Trabajo (Concurso 75/25), diez cargos de juez de Primera Instancia del Trabajo (Concurso 76/25) y también las vacantes del Ministerio Público y la Defensoría de ambas instancias del fuero laboral.
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Es por ese apuro que el paquete enviado por el Ejecutivo no contemplará la modificación de la Ley 7 sobre la estructura del Poder Judicial porteño y la creación de un sistema de mediación similar al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, conocido como SECLO.
El proyecto tiene la adhesión de gran parte del bloque Fuerza por Buenos Aires, que representa al peronismo-kirchnerista porteño. La llegada de los nuevos juzgados a la órbita de la Ciudad viene a integrarse al esquema sobre el cual ya tienen amplia influencia el presidente del Congreso Metropolitano del Partido Justicialista de la Ciudad, Juan Manuel Olmos, así como el radical Daniel Angelici, uno de los principales controllers de la gestión de Jorge Macri.
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Hay integrantes de ese bloque opositor que todavía no conocen cuál será el posicionamiento de los integrantes de La Cámpora, dado que Mariano Recalde, el titular del PJ porteño tiene una fuerte ascendencia sobre ese fuero. Entrevistado por Infobae, expuso que no está en desacuerdo con la medida pero sí que se produzca solo esa transferencia cuando restan los fueros Comercial, Civil y Penal.
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