Jorge Macri defendió la ley de propiedad privada: “No vamos a dejar que transformen a la Ciudad en lo peor del Conurbano”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, defendió este domingo el accionar de la Policía de la Ciudad en los operativos frente al Congreso durante la marcha del jueves último y vinculó esa política con su ofensiva contra las usurpaciones en Buenos Aires: dijo que no permitirá que “transformen a la Ciudad en lo peor del Conurbano”, sostuvo que la actuación policial fue “legítima” y afirmó que la clave no está en nuevas normas de propiedad privada sino en la decisión política para hacer cumplir la ley, aunque admitió que una nueva legislación es “bienvenida”.

En el plano partidario, en una entrevista con La Nación+, Macri dijo que el PRO adoptará una postura común porque es “un partido nacional” y advirtió que no hay que “dejarse engañar por el peronismo”. También pidió evitar divisiones entre los sectores que buscan frenar un regreso del kirchnerismo.

Sobre la posibilidad de que Patricia Bullrich le dispute la Jefatura de Gobierno porteño el año próximo, respondió: “Está buenísimo. La competencia saca lo mejor de cada uno de nosotros”.

Al profundizar acerca del trabajo de la Ciudad en el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, el jefe de Gobierno sumó un dato concreto: aseguró que la Ciudad recuperó 901 propiedades usurpadas y señaló que la última intervención fue en una vivienda ocupada por una familia boliviana que, según describió, alquilaba habitaciones y había montado un taller ilegal con trabajo esclavo.

Macri extendió esa idea a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado. Dijo que, a su juicio, esa garantía “ya está” en la Constitución, aunque consideró “bienvenida” la nueva norma y respaldó la posibilidad de avanzar con desalojos exprés.

El planteo del jefe de Gobierno unificó dos escenas que en su diagnóstico responden a la misma lógica: la violencia en la calle y la ocupación ilegal de inmuebles. En ambos casos, atribuyó el resultado a la firmeza del Estado, a la coordinación con la Justicia y a una decisión oficial de intervenir donde antes, según sostuvo, se toleraba el deterioro.

Al describir la política de desalojos, Macri dijo que la recuperación de inmuebles no se explica por un cambio de leyes ni de jueces, sino por una conducta distinta del Gobierno porteño. “Cuando hay decisión política, se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará sin duda, pero si no hay decisión política después de cada actor involucrado, no alcanza”, afirmó.

En ese tramo, agregó que la ocupación de viviendas no se limita a la vulneración de la propiedad privada, sino que arrastra otros delitos. “En cada lugar que se usurpa se instala el mal. Desde ahí se vende droga, hay trabajo esclavo, se instalan los que roban, los que salen y aprietan gente”, dijo.

Macri también describió el impacto barrial de esas ocupaciones. “Vivir al lado de una vivienda usurpada es una catástrofe. Vivir en la misma cuadra es un problema. Son violentos, son agresivos”, sostuvo.

Según explicó, en cada procedimiento participan la Policía, la Justicia, equipos de desarrollo humano, guardia de auxilio y áreas de rescate animal. Dijo que esa estructura busca actuar frente a eventuales resistencias, proteger a niños y atender riesgos de derrumbe o incendio en propiedades que, de acuerdo con su descripción, suelen estar muy deterioradas.

En esa misma argumentación, insistió en que antes existían las mismas herramientas legales. “Son las mismas leyes, los mismos jueces, lo que cambió es la decisión política”, dijo. Luego, detalló que, cuando el Gobierno muestra voluntad de avanzar, fiscales y jueces acompañan más activamente los desalojos.

Sobre los incidentes del jueves frente al Congreso durante la sesión del Senado por la ley de tierras, Macri dijo que hubo “plena coordinación” entre las fuerzas de seguridad de la Ciudad y las nacionales. Precisó que la administración nacional se ocupa de los “objetivos federales”, como Plaza de Mayo, Casa Rosada, Plaza de los Dos Congresos y el Congreso, mientras la Ciudad toma el segundo y el tercer anillo de seguridad.

En ese marco, rechazó que lo ocurrido pueda leerse como una manifestación pacífica. “Acá estamos enfrentando a delincuentes. Esto no es una marcha pacífica. No se confundan”, afirmó.

Macri sostuvo que las ideas se discuten “dentro del Congreso” y que, si alguien quiere manifestarse afuera, debe hacerlo de manera pacífica. También señaló que varios de los detenidos cuentan con antecedentes. “No es que a los que agarrás son pibes, que es la primera vez que hacen algo de esto. Veinte, treinta, cuarenta antecedentes”, aseguró.

Frente a las críticas de la oposición, el jefe de Gobierno defendió la respuesta estatal y respaldó a la Policía de la Ciudad. “El accionar de la policía es legítimo”, dijo, y añadió que los operativos se realizan con fiscales, centros de comando, cámaras y registros filmados que luego permiten detener y procesar a los involucrados.

En la formulación política más dura de la entrevista, conectó esos hechos con su disputa por el orden urbano. “Nosotros no vamos a dejar que transformen a la Ciudad en lo peor del conurbano”, afirmó. Luego acusó a sectores políticos y sociales de querer “romper la Ciudad” porque “no logran que sus municipios estén bien” ni que “la provincia esté bien”.

Pese a esa reserva, respaldó la iniciativa por su posible efecto práctico. Dijo que garantizar la propiedad privada puede traducirse en “más inversión”, “más desarrollo” y “más acceso a la vivienda”, y vinculó ese razonamiento con su crítica a la derogada ley de alquileres, que, según su lectura, redujo la oferta y empujó los precios hacia arriba.

En la misma respuesta, calificó la media sanción como “un avance” y remarcó que resulta positivo que pueda haber desalojos exprés. De todos modos, volvió a subordinar la eficacia de cualquier norma a la capacidad del poder político para aplicarla.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gobierno sostuvo que la Ciudad pasó de recaudar USD 10 millones por año a proyectar USD 140 millones este año por el cobro de prestaciones de salud a extranjeros, obras sociales y prepagas. Afirmó que todo ese dinero se invierte en el sistema sanitario.

Sobre educación superior, dijo que la universidad pública debe dar un debate “con profundidad” sobre los aranceles y que cada institución puede fijar su postura. Recordó que hay posgrados que ya se cobran y defendió el criterio de reciprocidad para estudiantes extranjeros: “Si un extranjero va a estudiar a otro país y tiene que pagar por los estudios en la universidad, ¿por qué alguien que viene de ese país y estudia en el nuestro tiene que ser gratuito?”.